Resumen del Tema 1 de Guardia Civil: Derechos Humanos

Cubre el marco internacional y europeo de derechos humanos: CEDH, TEDH, Declaración Universal de la ONU y Convención contra la Tortura.

Actualizado el 16/11/2026

Cómo estudiar

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  3. 3

    Ponte a prueba. Cierra el resumen e intenta recordarlo. Lo que recuerdes sin mirar es lo que de verdad sabes; si hay algo que te cuesta recordar, repásalo de nuevo.

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    Utiliza repetición espaciada. Vuelve al tema a los pocos días y otra vez en una semana. Repasar conceptos antes de olvidarlos ayuda a fijarlos en la memoria. En Opositu, las fichas de estudio aplican la repetición espaciada por ti.

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01Visión general del tema

Este tema cubre el marco internacional y europeo de los derechos humanos: la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), los pactos universales PIDCP y PIDESC (1966), el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH, Roma 1950), la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Carta Social Europea, la Convención contra la Tortura (CAT) más su Protocolo Facultativo (OPCAT), el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con su ley de cooperación LO 18/2003, la Resolución 60/251 de la Asamblea General, que crea el Consejo de Derechos Humanos, y el Reglamento del Defensor del Pueblo.

Peso en examen

Es el tema con más preguntas desde 2020: cada examen trae entre 8 y 13 de sus 100 de conocimientos, 148 en los catorce exámenes de 2020 a 2026.

Artículos estrella

Entre los preguntados en tres convocatorias o más: Carta ONU art. 7 (órganos principales y subsidiarios: de 2019 a 2025, siete seguidas); DUDH arts. 14 (asilo: 2020, 2022 y 2024) y 26 (educación: 2022, 2023, 2024 y 2026); CEDH art. 23 (mandato de los jueces: 2020, 2023 y 2024); Estatuto Roma art. 6 (genocidio: 2020, 2022 y 2024); CAT art. 4 (la tortura como delito: 2022, 2023 y 2025); y Reglamento Defensor del Pueblo art. 20 (2024, 2025 y 2026). En dos convocatorias, entre otros: los arts. 4 y 8 de la Carta ONU, 22, 25 y 26 del CEDH y 5, 7 y 9 del Estatuto de Roma.

Qué pesa más

Por número de preguntas desde 2020: el Estatuto de Roma (18, once sobre los crímenes y sus elementos, arts. 5, 6, 7 y 9); el CEDH (17, todas sobre el Tribunal de su Título II: elección y mandato de los jueces, formaciones, remisión a la Gran Sala; ninguna sobre el catálogo de derechos); la DUDH y la Carta DFUE (15 cada una); el PIDCP (14); la Convención contra la Tortura y su Protocolo (21 entre los dos); y la Carta ONU (10, siete sobre su art. 7).

Carta ONU, DUDH, CEDH, PIDCP, PIDESC, Carta Social Europea, Carta DFUE, CAT, OPCAT, Estatuto de Roma, LO 18/2003, Reglamento Defensor del Pueblo

02Diagrama: procedimiento ante el TEDH

La demanda individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (arts. 34-46 CEDH): se presenta después de agotar las vías de recursos internas y en el plazo de cuatro meses desde la resolución interna definitiva (art. 35.1, Protocolo 15); el Tribunal decide su admisibilidad y examina el fondo; cualquier parte puede pedir en casos excepcionales la remisión a la Gran Sala en los tres meses siguientes a la sentencia de Sala (art. 43.1); la sentencia definitiva, de Sala o de Gran Sala (art. 44), se transmite al Comité de Ministros, que velará por su ejecución (art. 46.2).

Figura 1 — Procedimiento de demanda individual ante el TEDH (CEDH arts. 34-46, Protocolo 15)
Figura 1 — Procedimiento de demanda individual ante el TEDH (CEDH arts. 34-46, Protocolo 15)

CEDH arts. 35, 43, 46

03Esquema completo por instrumento

1. CARTA ONU — Carta de las Naciones Unidas (San Francisco, 1945)

  • Art. 1 — Propósitos: mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad, lograr la cooperación internacional, servir de centro que armonice los esfuerzos.
  • Art. 2 — Principios (siete). La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros (2.1); cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas conforme a la Carta (2.2); arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia (2.3); abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas (2.4); ayuda a la Organización en cualquier acción que ejerza conforme a la Carta y abstención de ayudar a un Estado contra el que ejerza acción preventiva o coercitiva (2.5); la Organización hará que los Estados no miembros se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales (2.6); y no intervención: ninguna disposición de la Carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados ni obliga a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la Carta, pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII (2.7; 2017-1A pedía como falsa que la Carta autoriza a intervenir).
  • Arts. 4-6 — Miembros. Podrán ser Miembros todos los Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones de la Carta y, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplirlas y se hallen dispuestos a hacerlo (4.1); la admisión se efectúa por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad (4.2). El Miembro objeto de acción preventiva o coercitiva del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por la Asamblea General, a recomendación del Consejo, del ejercicio de sus derechos y privilegios, que el Consejo de Seguridad podrá restituir (5); el que haya violado repetidamente los Principios podrá ser expulsado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad (6; 2026-A preguntó a recomendación de quién).
  • Carta ONU art. 7 — Órganos principales y subsidiarios. Se establecen como órganos principales: Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia y Secretaría. Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente Carta, los órganos subsidiarios que se estimen necesarios (7.2; 2022-2A preguntó de acuerdo con qué disposiciones: las de la Carta). Artículo estrella: preguntado en siete convocatorias seguidas, de 2019 a 2025.
  • Art. 8 — Igualdad de elegibilidad. La Organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar en condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las funciones de sus órganos principales y subsidiarios.
  • Arts. 9-10, 13, 18 y 22 — Asamblea General. La integran todos los Miembros; ningún Miembro podrá tener más de cinco representantes (9; 2017-2A). Podrá discutir cualesquier asuntos dentro de los límites de la Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por la Carta y hacer recomendaciones, salvo lo dispuesto en el art. 12 (10); promoverá estudios y hará recomendaciones para fomentar la cooperación internacional en el campo político, el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, y la cooperación en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y para ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión (13.1; 2019-1B y 2019-2B preguntaron estos motivos). Cada Miembro tiene un voto; las cuestiones importantes (entre ellas, las recomendaciones sobre la paz y la seguridad, la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y de los del Consejo Económico y Social, la admisión, la suspensión y la expulsión de Miembros, y las cuestiones presupuestarias) se deciden por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, y las demás por la mayoría de los presentes y votantes (18; no tres quintos, una de las falsas de 2017-2A). Podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones (22).
  • Carta ONU art. 23 — Consejo de Seguridad: 15 miembros, 5 permanentes (China, Francia, Rusia, Reino Unido, EE. UU.) y 10 no permanentes elegidos por la Asamblea General por 2 años, sin reelección para el periodo subsiguiente (23.2).
  • Art. 27 — Votación CS: cada miembro un voto; cuestiones de procedimiento, voto afirmativo de 9 miembros; demás cuestiones, 9 miembros incluidos los 5 permanentes (regla del veto), pero en las decisiones del Capítulo VI y del art. 52.3 la parte en una controversia se abstendrá de votar.
  • Arts. 24-25 y 29 — Los Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y el Consejo actúa a nombre de ellos (24.1); presentará a la Asamblea General informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales (24.3; no semestrales, una de las falsas de 2017-2A); los Miembros convienen en aceptar y cumplir sus decisiones de acuerdo con la Carta (25); podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones (29).
  • Art. 47 — Comité de Estado Mayor: asesora y asiste al Consejo de Seguridad en cuestiones militares.
  • Arts. 61-62 y 67-68 — Consejo Económico y Social. Cincuenta y cuatro Miembros elegidos por la Asamblea General; dieciocho cada año por un periodo de tres años, reelegibles para el periodo subsiguiente (61). Podrá hacer estudios, informes y recomendaciones sobre asuntos de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario y para promover el respeto a los derechos humanos, y podrá formular proyectos de convención y convocar conferencias internacionales (62); cada miembro un voto, decisiones por la mayoría de los presentes y votantes (67); establece comisiones de orden económico y social y para la promoción de los derechos humanos (68).
  • Arts. 86, 92-93, 97-98 y 100-101 — Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia y Secretaría. El Consejo de Administración Fiduciaria lo integran los Miembros que administran territorios fideicometidos, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que no los administren y los que elija la Asamblea General por tres años hasta igualar administradores y no administradores (86). La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas y funciona conforme a su Estatuto anexo, que forma parte integrante de la Carta (92); todos los Miembros son ipso facto partes en su Estatuto (93.1). La Secretaría se compone de un Secretario General y del personal que requiera la Organización; el Secretario General, nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad, es el más alto funcionario administrativo de la Organización (97), actúa como tal en las sesiones de la Asamblea General y de los tres Consejos y rinde a la Asamblea un informe anual (98); ni él ni el personal solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización (100); el personal lo nombra el Secretario General de acuerdo con las reglas de la Asamblea General, con la consideración primordial de asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad, y dando debida consideración también a la más amplia representación geográfica posible (101; 2018-1A).

2. DUDH: Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)

Adoptada por la AG en Resolución 217 A (III) el 10 de diciembre de 1948. Es declaración, no tratado: no vincula jurídicamente, pero su contenido se ha incorporado al derecho consuetudinario.

  • Preámbulo. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas (no con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la falsa de 2022-1A), el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre.
  • Art. 1 — Dignidad e igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
  • Art. 2 — No discriminación. Sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
  • Art. 3 — Vida, libertad y seguridad. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
  • Arts. 4-12 — Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre (4) ni a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (5); reconocimiento de la personalidad jurídica (6); igualdad ante la ley y protección contra toda discriminación (7); recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley (8); nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado (9); derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal (10; ni administrativa ni civil, las falsas de 2017-1A, reserva); toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público con todas las garantías necesarias para su defensa, y nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional, ni se le impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito (11; 2022-2A); nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación (12; 2018-2A).
  • Art. 13 — Derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, y a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.
  • Art. 14 — En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país (14.1). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas (14.2): 2020-1A, 2020-2A, 2022-2A y 2024-3A dieron como falsa la opción que lo hacía invocable en esos casos o sin restricción alguna.
  • Hombre sentado en un banco de la sala de espera de una oficina pública, con una carpeta de documentos y un mostrador al fondo.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 14 DUDH
    El asilo ante una persecución por protestas pacíficas

    Andrés llega a España después de haber sido arrestado y golpeado varias veces en su país por participar en protestas pacíficas. En la oficina de asilo presenta su solicitud con informes médicos y testimonios. El funcionario que le atiende le pregunta si tiene abierta alguna causa por delitos comunes: Andrés responde que no, que solo le persiguen por sus opiniones políticas. Su abogada le explica que esa respuesta importa, porque el derecho a pedir asilo tiene un límite expreso en la Declaración Universal.

    Cuando el examen pregunta por el art. 14 DUDH, la opción que hay que señalar como falsa lo hace invocable contra una acción judicial por delitos comunes (2020-1A, 2024-3A) o sin restricción alguna (2020-2A, 2022-2A): el 14.2 lo impide.

    El art. 14 DUDH reconoce que, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país, pero este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

  • Arts. 15-16 — Derecho a una nacionalidad; a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla (15). Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia (16.1; la falsa de 2022-2A añadía la «edad»); sólo con el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos (16.2); la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad (16.3; no «la persona», la falsa de 2022-1A).
  • Art. 17 — Derecho a la propiedad, individual y colectivamente; nadie será privado arbitrariamente de su propiedad (17; sin «arbitrariamente» era falsa en 2023-2A y en 2024-1A).
  • Hombre junto a un muro de piedra en un olivar, mirando unas estacas clavadas en el suelo, con casas blancas al fondo.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 17 DUDH
    Una franja de finca para un camino rural

    José y su hermana heredaron de sus padres una finca de olivos que comparten a partes iguales. El ayuntamiento aprueba el trazado de un camino rural que atraviesa una franja de la finca y, tras un expediente con información pública y una valoración, les ofrece el pago de esa franja. José está convencido de que nadie puede quitarle lo que es suyo y quiere oponerse invocando la Declaración Universal de Derechos Humanos.

    Cuando el examen pregunta por el art. 17 DUDH, la opción «Nadie puede ser privado de su propiedad» era falsa en 2023-2A y en 2024-1A: le faltaba «arbitrariamente», que es la pista.

    El art. 17 DUDH establece que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad: lo que prohíbe es la privación arbitraria, no cualquier privación.

  • Arts. 18-21 — Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que incluye la de cambiar de religión o de creencia y la de manifestarla, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia (18; 2020-2A, reserva); libertad de opinión y de expresión, que incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión (19); libertad de reunión y de asociación pacíficas; nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación (20); derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, y de acceso, en condiciones de igualdad, a sus funciones públicas; la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, expresada mediante elecciones auténticas y periódicas, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto (21; 2021-1A).
  • Arts. 22-25 — Seguridad social (22). Derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo (23.1); sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual (23.2; la falsa de 2017-2A decía «por trabajo distinto»); a una remuneración equitativa y satisfactoria; a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses (23.4; 2022-1A). Descanso, disfrute del tiempo libre, limitación razonable de la duración del trabajo y vacaciones periódicas pagadas (24). Nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, y los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (25.1; no «por cualquier circunstancia», la falsa de 2025-A); la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales, y todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social (25.2; 2024-1A).
  • Art. 26 — Derecho a la educación: debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental; la instrucción elemental será obligatoria; la técnica y profesional habrá de ser generalizada, y el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos (26.1; 2017-1A). Su objeto (26.2): el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales (no «libertades públicas», la falsa de 2023-1A); además, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, que no son su objeto (las falsas de 2024-2A y 2026-A). Los padres tendrán derecho preferente (no «absoluto», una de las falsas de 2017-1A) a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos (26.3).
  • Arts. 27-30 — Derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten (27.1; 2024-3A), y a la protección de los intereses morales y materiales de sus producciones científicas, literarias o artísticas (27.2); a que se establezca un orden social e internacional en el que estos derechos se hagan plenamente efectivos (28). Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad (29.1); sólo está sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática (29.2); estos derechos no podrán ejercerse en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas (29.3). Nada en la Declaración confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados (30; 2022-1A y 2026-A).

3. Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH, Roma 1950)

Título I — Derechos y libertades (arts. 2-18)

  • Art. 2 — Derecho a la vida. Protegido por la ley; nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena (2.1; para España, abolida en toda circunstancia desde el 1 de abril de 2010: «Queda abolida la pena de muerte», Protocolo 13). La muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario: a) en defensa de una persona contra una agresión ilegítima; b) para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente; c) para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección (2.2). 2019-2B dio por buena solo la opción completa («para detener a una persona conforme a derecho»): sin «en defensa de una persona», «legalmente» o «de acuerdo con la ley», las otras tres eran falsas.
  • Art. 3 — Prohibición de la tortura. Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Absoluto: no admite derogación ni siquiera en caso de guerra o peligro público (art. 15.2).
  • Art. 4 — Prohibición de esclavitud, servidumbre y trabajo forzado.
  • Art. 5 — Derecho a la libertad y a la seguridad. Toda persona detenida preventivamente debe ser informada en el más breve plazo y en una lengua que comprenda de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella (5.2). El detenido preventivamente o internado en las condiciones del art. 5.1.c) será conducido sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales y tendrá derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad durante el procedimiento (5.3). Recurso ante un órgano judicial sobre la legalidad de la privación de libertad (5.4). Derecho a una reparación de quien haya sido detenido o internado en condiciones contrarias al artículo (5.5).
  • Art. 6 — Proceso equitativo. Causa oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial. Toda persona acusada se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada (6.2).
  • Art. 7 CEDH — No hay pena sin ley (legalidad y no retroactividad).
  • Art. 8 — Vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. Solo cabe injerencia de la autoridad pública si está prevista por la ley y constituye una medida necesaria en una sociedad democrática para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás (8.2).
  • Art. 9 — Libertad de pensamiento, conciencia y religión.
  • Art. 10 CEDH — Libertad de expresión. Comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas. Restricciones por ley necesarias en una sociedad democrática.
  • Art. 11 — Libertad de reunión pacífica y de asociación.
  • Art. 12 — Derecho a contraer matrimonio y fundar una familia.
  • Art. 13 — Derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional.
  • Art. 14 — Prohibición de discriminación. Goce de los derechos del Convenio sin distinción alguna, especialmente por razón de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. No autónomo: opera en combinación con otro derecho del Convenio.
  • Art. 15 — Derogación en caso de estado de urgencia. En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cada Parte podrá derogar obligaciones del Convenio en la medida estricta en que lo exija la situación y sin contradecir sus otras obligaciones de derecho internacional, informando plenamente al Secretario General del Consejo de Europa (15.1 y 15.3). Núcleo inderogable (15.2): arts. 2 (vida, salvo muertes resultantes de actos lícitos de guerra), 3 (tortura), 4.1 (esclavitud y servidumbre) y 7 (legalidad penal).

Título II — Tribunal Europeo de Derechos Humanos (arts. 19-51)

  • Art. 19 — Institución del TEDH; funciona de manera permanente.
  • Art. 20 — Tantos jueces como Altas Partes Contratantes.
  • Art. 21 CEDH — Condiciones de ejercicio. Los jueces deberán gozar de la más alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia; los candidatos deberán ser menores de 65 años en la fecha en que la Asamblea Parlamentaria reciba la lista de tres candidatos (21.2, en la redacción del Protocolo 15, que suprimió el cese a los 70 años que 2020-2A aún daba por cierto); forman parte del Tribunal a título individual y no pueden ejercer actividad incompatible con su independencia, imparcialidad o disponibilidad a tiempo completo.
  • Art. 22 — Elección de los jueces. Por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en razón de cada Alta Parte Contratante, por mayoría absoluta de votos, de una lista de tres candidatos.
  • Art. 23 CEDH — Mandato. Los jueces serán elegidos por un periodo de nueve años. No serán reelegibles (23.1). Permanecen en sus funciones hasta su sustitución, pero continúan conociendo de los asuntos que tengan ya asignados (23.2; la falsa de 2023-2A decía que dejarán de conocer). Un juez sólo podrá ser relevado de sus funciones si los demás jueces deciden, por mayoría de dos tercios, que ha dejado de reunir las condiciones requeridas (23.3).
  • Arts. 24-25 — Secretaría y Pleno. El Tribunal tiene una Secretaría cuyas funciones y organización se establecen en el reglamento del Tribunal (no en el Convenio, una de las falsas de 2024-2A); en formación de juez único lo asisten ponentes, que forman parte de la Secretaría (24). El Tribunal reunido en pleno: a) elige, por un periodo de tres años, a su Presidente y a uno o dos Vicepresidentes, que serán reelegibles (2018-1A ofreció cinco años; 2023-1A, que no serían reelegibles); b) constituye Salas por un periodo determinado; c) elige a los Presidentes de las Salas, reelegibles; d) aprueba su reglamento; e) elige al secretario y a uno o varios secretarios adjuntos; f) formula la solicitud del art. 26.2 (25).
  • Art. 26 — Formaciones del Tribunal. Juez único; Comités de tres jueces; Salas de siete jueces; Gran Sala de diecisiete jueces; las Salas constituyen los Comités por un periodo determinado (26.1). Cuando el Pleno del Tribunal así lo solicite, el Comité de Ministros podrá, por decisión unánime y por un periodo determinado, reducir a cinco el número de jueces de las Salas (26.2). El juez único no examina demandas contra la Alta Parte en cuya representación fue elegido (26.3). El juez elegido en representación de la Parte en litigio es miembro de pleno derecho de la Sala y de la Gran Sala; en su ausencia, o cuando no esté en condiciones de intervenir, actúa una persona designada por el Presidente del Tribunal de una lista presentada previamente por esa Parte (26.4). Forman también parte de la Gran Sala el Presidente, los Vicepresidentes, los Presidentes de las Salas y los demás jueces designados conforme al reglamento del Tribunal (no al Estatuto del Consejo de Europa, una de las falsas de 2024-2A); en los asuntos remitidos por el art. 43 no actúa ningún juez de la Sala que dictó la sentencia, salvo su Presidente y el juez de la Parte interesada (26.5).
  • Arts. 27-31 — Competencias de cada formación. El juez único puede declarar inadmisible o eliminar del registro una demanda del art. 34 cuando pueda adoptarse tal resolución sin examen complementario; la resolución es definitiva; si no lo hace, remite la demanda a un Comité o a una Sala (27; 2024-2A). Un Comité puede, por unanimidad, declararla inadmisible o eliminarla del registro cuando pueda adoptarse tal resolución sin examen complementario, o declararla admisible y dictar a la vez sentencia sobre el fondo si la cuestión ya ha dado lugar a jurisprudencia bien establecida; sus resoluciones y sentencias son definitivas (28). Las Salas se pronuncian sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas individuales sobre las que no hayan resuelto el juez único o un Comité, y de las demandas de los Estados (29). Si el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio o de sus protocolos, o la solución pudiera contradecir una sentencia anterior, la Sala podrá inhibirse en favor de la Gran Sala mientras no haya dictado sentencia (30; una de las falsas de 2024-2A decía que no podrá inhibirse). La Gran Sala se pronuncia sobre los asuntos inhibidos (art. 30) o remitidos (art. 43), sobre las cuestiones del Comité de Ministros del art. 46.4 y sobre las solicitudes de opiniones consultivas (31).
  • Art. 32 — Competencia del Tribunal. Se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y la aplicación del Convenio y de sus protocolos que le sean sometidos en las condiciones de los arts. 33, 34, 46 y 47; en caso de impugnación de su competencia, decide el propio Tribunal (32.2; 2022-Canarias-3A).
  • Art. 33 — Asuntos entre Estados. Toda Alta Parte Contratante podrá someter al Tribunal cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el Convenio y sus protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra Alta Parte Contratante (2021-1A).
  • Art. 34 — Demandas individuales. El Tribunal podrá conocer de la demanda de cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o sus protocolos. Las Altas Partes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho.
  • Art. 35.1 — Admisibilidad. Agotamiento previo de las vías de recursos internas y plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la resolución interna definitiva (Protocolo 15; antes, seis meses).
  • Art. 36 — Intervención de terceros. La Alta Parte cuyo nacional sea demandante tiene derecho a presentar observaciones por escrito y a participar en la vista (36.1; la falsa de 2024-1A decía «sin participar en la vista»); en interés de la buena administración de la justicia, el Presidente del Tribunal podrá invitar a cualquier Alta Parte que no sea parte o a cualquier persona interesada distinta del demandante a presentar observaciones por escrito o a participar en la vista (36.2); el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa podrá presentar observaciones por escrito y participar en la vista (36.3).
  • Art. 43 CEDH — Remisión a la Gran Sala. Plazo de tres meses desde la sentencia de Sala. Un colegio de cinco jueces de la Gran Sala aceptará la demanda si plantea cuestión grave.
  • Arts. 44-45 — Sentencias. La sentencia de la Gran Sala es definitiva; la de una Sala lo es cuando las partes declaren que no solicitarán la remisión, cuando no se haya solicitado tres meses después de la sentencia o cuando el colegio de la Gran Sala rechace la demanda de remisión (44). Las sentencias, así como las resoluciones por las que las demandas se declaren admisibles o no admisibles, serán motivadas; si la sentencia no expresa en todo o en parte la opinión unánime, cualquier juez podrá unir a ella su opinión por separado (45; 2025-A).
  • Art. 46 — Fuerza obligatoria y ejecución: las Altas Partes se comprometen a acatar las sentencias definitivas; el Comité de Ministros velará por su ejecución.
  • Arts. 47-49 — Opiniones consultivas. A solicitud del Comité de Ministros, el Tribunal podrá emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio y de sus Protocolos, que no podrán referirse ni al contenido o la extensión de los derechos y libertades del título I ni a las demás cuestiones de las que el Tribunal o el Comité de Ministros pudieran conocer de resultas de un recurso previsto por el Convenio (47); el Tribunal resuelve si la solicitud es de su competencia (48); la opinión estará motivada, todo juez podrá unir su opinión por separado y será comunicada al Comité de Ministros (49; no «al Parlamento», la falsa de 2026-A).
  • Art. 50 — Los gastos de funcionamiento del Tribunal correrán a cargo del Consejo de Europa (2023-1A, reserva).

Protocolos al CEDH

  • Protocolo 14 (Estrasburgo, 13 de mayo de 2004; en vigor el 1 de junio de 2010) — Reformas procesales del TEDH (juez único, criterio de admisibilidad).
  • Protocolo 15 (en vigor 2021/2022) — Reduce el plazo de demanda de seis a cuatro meses en el art. 35.1.

4. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966)

  • Art. 1 — Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; para el logro de sus fines pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional; en ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia (igual en el art. 1 PIDESC; 2017-2A, 2019-2B).
  • Arts. 2-4 — Cada Estado respeta y garantiza los derechos a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, sin distinción alguna (2.1); toda persona cuyos derechos hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando la violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales (2.3.a; la falsa de 2017-1A decía «excepto cuando»). Igualdad de hombres y mujeres en el goce de los derechos (3). En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados podrán suspender obligaciones en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, siempre que no sea incompatible con sus demás obligaciones de derecho internacional ni entrañe discriminación fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social (4.1); no se autoriza suspensión alguna de los arts. 6, 7 y 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18 (4.2); el Estado que suspenda informará inmediatamente a los demás Estados Partes por conducto del Secretario General (4.3).
  • Art. 6 — Vida. Inherente a la persona humana; nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente (6.1). En los países que no hayan abolido la pena capital, sólo por los más graves delitos, conforme a leyes en vigor al cometerse el delito y no contrarias al Pacto ni a la Convención sobre el genocidio, y en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente (6.2). Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena; la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán concederse en todos los casos (6.4; 2022-1A y 2024-1A); no se impondrá por delitos cometidos por menores de dieciocho años ni se aplicará a mujeres en estado de gravidez (6.5; una de las falsas de 2022-1A decía veintiún años).
  • Arts. 7, 9 y 14 — Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes ni, sin su libre consentimiento, a experimentos médicos o científicos (7). Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias (9.1); el detenido será informado, en el momento de su detención, de sus razones y notificado sin demora de la acusación (9.2); el detenido o preso a causa de una infracción penal será llevado sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, tendrá derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad, y la prisión preventiva no debe ser la regla general (9.3; 2024-1A); derecho a recurrir ante un tribunal (9.4) y a obtener reparación por la detención ilegal (9.5). Igualdad ante los tribunales y garantías mínimas del acusado, entre ellas interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los de cargo (14.3.e; 2019-1B), el intérprete gratuito si no comprende o no habla el idioma del tribunal (14.3.f) y no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable (14.3.g).
  • Arts. 18-23 — Libertad de pensamiento, conciencia y religión (18) y de opinión y expresión (19). Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley; también toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia (20; 2024-3A). Derecho de reunión pacífica, sólo sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás (21; 2018-2A). Libertad de asociación, incluso fundar sindicatos y afiliarse a ellos, sólo sujeta a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás (22.2; 2019-2B); caben además restricciones legales para los miembros de las fuerzas armadas y de la policía (22). La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad; derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio si tienen edad para ello, con su libre y pleno consentimiento (23; 2021-1A).
  • Arts. 28-32, 36-37 y 39 — Comité de Derechos Humanos. Dieciocho miembros, nacionales de los Estados Partes, de gran integridad moral y reconocida competencia en derechos humanos, que ejercen a título personal (28); elegidos por votación secreta de una lista de personas propuestas por los Estados: cada Estado puede proponer hasta dos personas, nacionales suyas, y la misma persona puede ser propuesta más de una vez (29); elección en una reunión de los Estados Partes convocada por el Secretario General, con quórum de dos tercios (30.4); no más de un nacional de un mismo Estado (31.1; 2021-2B); mandato de cuatro años, reelegibles si se presenta de nuevo su candidatura, y el de nueve de los elegidos en la primera elección, dos años (32.1; 2024-2A); el Secretario General proporciona el personal y los servicios necesarios (36; 2023-2A) y convoca la primera reunión en la sede de las Naciones Unidas; después, el Comité se reúne normalmente en la sede o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (37; 2024-3A); Mesa por dos años, reelegible; doce miembros constituyen quórum; decisiones por mayoría de votos de los miembros presentes (39; 2020-2A).
  • Arts. 40-42, 45 y 50 — Informes, comunicaciones entre Estados y Estados federales. Los Estados presentan informes en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Pacto para ellos y, en lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida; se presentan al Secretario General, que los transmite al Comité (40.1-2); el Comité los estudia, transmite sus informes y comentarios generales a los Estados y podrá transmitirlos al Consejo Económico y Social (40.4; 2025-A). Comunicaciones de un Estado contra otro, solo entre Estados que hayan declarado reconocer la competencia del Comité: el destinatario explica por escrito en tres meses; si en seis meses el asunto no se resuelve, cualquiera de los dos puede someterlo al Comité, que conoce tras agotarse los recursos internos, salvo que su tramitación se prolongue injustificadamente, sesiona a puerta cerrada e informa dentro de los doce meses (41; 2023-1A). Si no se resuelve, el Comité, con el previo consentimiento de los Estados interesados, puede designar una Comisión Especial de Conciliación de cinco personas aceptables para los Estados interesados, que no serán nacionales de los Estados interesados, de un Estado que no sea parte en el Pacto ni de un Estado Parte que no haya hecho la declaración de reconocimiento de la competencia del Comité; la Comisión elige a su propio Presidente y aprueba su propio reglamento (42.3; 2022-Canarias-3A). El Comité presenta a la Asamblea General, por conducto del Consejo Económico y Social, un informe anual (45; 2022-2A). El Pacto se aplica a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna (50).

5. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966)

  • Arts. 1-2 — Libre determinación de los pueblos, en los mismos términos que el art. 1 PIDCP (1). Cada Estado se compromete a adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos (2.1) y a garantizar su ejercicio sin discriminación alguna (2.2); los países en vías de desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizan los derechos económicos a quienes no sean nacionales suyos (2.3).
  • Art. 6 — Trabajo. Derecho a trabajar, que comprende el de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado (6).
  • Art. 7 — Condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren en especial: a) una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie, con condiciones no inferiores para las mujeres y salario igual por trabajo igual, y condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias; b) la seguridad y la higiene en el trabajo; c) igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; d) el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos (7; 2022-2A, reserva, y 2025-A).
  • Hombre con ropa de trabajo junto a un banco de taller con tuberías, y un compañero saliendo por una puerta al fondo.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 7 PIDESC
    Un ascenso que no mira la antigüedad ni la capacidad

    Javier lleva doce años como oficial de mantenimiento en la empresa pública de aguas de su provincia, con las mejores evaluaciones de su sección. Cuando queda libre la plaza de encargado, la dirección se la da a un recién llegado que es amigo de un directivo, sin valorar la antigüedad ni la capacidad de nadie. Javier recuerda que España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y quiere saber qué dice sobre los ascensos.

    Cuando el examen pregunta por el art. 7 PIDESC, 2025-A pedía señalar como falsa la «percepción de ingresos extraordinarios en función de su dedicación y rendimiento profesional»: el ascenso se mide solo por tiempo de servicio y capacidad.

    El art. 7 PIDESC reconoce el derecho de toda persona a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad (art. 7.c).

  • Arts. 8-9 — Derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales, sin más restricciones que las que prescriba la ley y sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos (8.1.a; 2022-2A); derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y sean necesarias en una sociedad democrática con los mismos fines (8.1.c; una de las falsas de 2022-2A, reserva, decía «sin limitación alguna»); derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país (8.1.d); caben restricciones legales para los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado (8.2). Seguridad social, incluso al seguro social (9).
  • Art. 10 — A la familia, elemento natural y fundamental de la sociedad, se le debe conceder la más amplia protección y asistencia posibles; el matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges (10.1). Especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto; durante dicho período, a las que trabajen, licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social (10.2; 2026-A). Medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición (la correcta de 2022-1A), y protección contra la explotación económica y social; su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud o en los que peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal será sancionado por la ley, y los Estados fijarán límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil (10.3; 2022-1A y 2017-2A, reserva).
  • Mujer embarazada sentada a un escritorio hablando con un compañero, con estanterías de cajas de cartón al fondo.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 10.2 PIDESC
    La protección de una trabajadora antes y después del parto

    Lucía trabaja como administrativa en una empresa de logística y está embarazada de siete meses. En el departamento de personal le dicen que el permiso por el parto será sin sueldo y que, como mucho, podrá ausentarse unos días. Una compañera que prepara oposiciones le comenta que España ratificó un pacto internacional que protege a las madres antes y después del parto, y Lucía quiere saber qué protección le reconoce ese texto y durante cuánto tiempo.

    Cuando el examen pregunta por el art. 10.2 PIDESC, 2026-A ofreció plazos cerrados (dieciséis o diecinueve semanas, cuatro meses) frente al «período de tiempo razonable», y 2022-1A extendió la licencia a «todas las madres»: el Pacto dice las que trabajen.

    El art. 10.2 PIDESC dispone que se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto, y que a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.

  • Arts. 11-13 — Nivel de vida adecuado, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados (11). Más alto nivel posible de salud física y mental; medidas: a) la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños; b) el mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas; d) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad (12; 2017-1A). Educación: la enseñanza primaria, obligatoria y asequible a todos gratuitamente; la secundaria, generalizada y accesible a todos, y la superior, accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno, ambas por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita (13.2; 2019-1B).
  • Arts. 16-19 y 21 — Informes. Todos los informes se presentan al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmite copias al Consejo Económico y Social para que las examine (16.2.a; 2018-1A y 2022-Canarias-3A) y a los organismos especializados copia de los informes de los Estados Partes que sean miembros de ellos, en lo que sea de su competencia (16.2.b); por etapas, con el programa que el Consejo Económico y Social establece en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Pacto (17); el Consejo Económico y Social podrá concluir acuerdos con los organismos especializados sobre sus informes (18; 2024-2A, reserva), transmitir los informes a la Comisión de Derechos Humanos (19) y presentar de vez en cuando a la Asamblea General informes con recomendaciones de carácter general (21; 2023-2A).
  • Arts. 26-28 — Abierto a la firma de los Estados Miembros de las Naciones Unidas o de algún organismo especializado, de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro invitado por la Asamblea General; los instrumentos de ratificación se depositan en poder del Secretario General (26.2; 2020-1A); entró en vigor tres meses después del trigésimo quinto instrumento (27); se aplica a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna (28).

6. Carta Social Europea (Turín 1961, revisada 1996)

Consejo de Europa; revisada en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996. Parte I: los derechos y principios que las Partes reconocen como objetivo de su política. Parte II: 31 artículos con los compromisos de cada derecho. Parte III: cada Parte se obliga por al menos seis de los nueve artículos 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 y 20 y por un total no inferior a dieciséis artículos o sesenta y tres párrafos numerados (art. A). Supervisión: la misma que la de la Carta de 1961 (art. C), y reclamaciones colectivas para los Estados que hayan ratificado su Protocolo Adicional o lo acepten por declaración (art. D).

  • Parte II, art. 1 — Derecho al trabajo. Las Partes se comprometen: 1. a reconocer como uno de sus principales objetivos y responsabilidades la obtención y el mantenimiento de un nivel lo más elevado y estable posible del empleo, con el fin de lograr el pleno empleo (2020-1A, reserva); 2. a proteger de manera eficaz el derecho del trabajador a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido; 3. a establecer o mantener servicios gratuitos de empleo para todos los trabajadores; 4. a proporcionar o promover una orientación, formación y readaptación profesionales adecuadas (2022-1A).
  • Arts. 2, 4, 6 y 8. Condiciones de trabajo equitativas: entre otras, vacaciones anuales pagadas de cuatro semanas como mínimo (2.3) e informar por escrito a los trabajadores, lo antes posible y sin que hayan transcurrido en ningún caso más de dos meses desde el inicio del empleo, de los aspectos esenciales del contrato o de la relación de trabajo (2.6; 2024-1A). Remuneración equitativa: el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso (4.1) y el de los trabajadores de ambos sexos a una remuneración igual por un trabajo de igual valor (4.3; 2021-1A). Negociación colectiva: fomentar el establecimiento y la utilización de procedimientos adecuados de conciliación y arbitraje voluntarios para la solución de conflictos laborales (6.3; 2022-Canarias-3A). Maternidad: un descanso de una duración total de catorce semanas como mínimo, antes y después del parto, sea mediante vacaciones pagadas, sea por prestaciones adecuadas de la seguridad social o por subsidios sufragados con fondos públicos (8.1; 2024-2A).
  • Art. 31 — Derecho a la vivienda. Medidas destinadas: 1. a favorecer el acceso a la vivienda de una calidad suficiente; 2. a prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación; 3. a hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes (2024-3A y 2026-A).
  • Arts. F y K (Partes V y VI). En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, toda Parte podrá dejar en suspenso las obligaciones de la Carta, con medidas estrictamente proporcionales a la gravedad de la situación y no contrarias al resto de sus obligaciones internacionales, informando al Secretario General del Consejo de Europa (art. F; 2021-2B). Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositan ante el Secretario General del Consejo de Europa (art. K.1; 2025-A).

7. Carta DFUE: Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Niza 2000)

Mismo valor jurídico que los Tratados (art. 6 TUE). 54 artículos en 7 títulos: dignidad, libertades, igualdad, solidaridad, ciudadanía, justicia, disposiciones generales.

  • Preámbulo. Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho (2020-1A, 2020-2A y 2023-1A; según la clave de 2023-1A, la «diversidad» no es uno de esos valores).
  • Art. 1 — Dignidad humana. La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida.
  • Arts. 2-5 — Derecho a la vida; nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado (2). Integridad física y psíquica; en la medicina y la biología, consentimiento libre e informado y prohibición de las prácticas eugenésicas, del lucro con el cuerpo humano y de la clonación reproductora (3). Prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes (4). Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre ni constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio; se prohíbe la trata de seres humanos (5).
  • Arts. 12 y 14 — Libertad de reunión pacífica y de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico (12.1; la falsa de 2022-2A decía «social, económico y sindical»); los partidos políticos a escala de la Unión contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión (12.2). Derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente, que incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria (14.2; no la universitaria, una de las falsas de 2023-2A).
  • Art. 19 — Protección en caso de devolución, expulsión y extradición. Se prohíben las expulsiones colectivas. Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes (19.2).
  • Art. 23 — Igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución (no «con las excepciones previstas», la falsa de 2024-3A); el principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado (23; 2022-1A y 2023-2A).
  • Ingeniera de pie junto a una ventana revisando planos sobre una mesa en una oficina abierta, con compañeros al fondo.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 23 Carta DFUE
    Igual retribución y una formación reservada a ingenieras

    Marta es ingeniera en una agencia de la Unión Europea con sede en España. Descubre que un compañero que hace su mismo trabajo cobra más que ella, y le contestan que en materia de retribución caben excepciones. Esa misma semana, la agencia abre un programa de formación técnica reservado a mujeres para un departamento en el que apenas hay ingenieras, y Pablo, otro compañero, protesta porque cree que el principio de igualdad lo prohíbe.

    Cuando el examen pregunta por el art. 23 Carta DFUE, 2024-3A puso «con las excepciones previstas» en empleo, trabajo y retribución, y 2022-1A y 2023-2A, que la igualdad «impide» las ventajas al sexo menos representado: ambas falsas.

    El art. 23 Carta DFUE establece que la igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución, y que el principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado.

  • Art. 24 — Derechos del niño. Los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar y podrán expresar su opinión libremente, que se tendrá en cuenta para los asuntos que les afecten, en función de su edad y madurez (24.1; no «con independencia de su edad», la falsa de 2024-1A, reserva); en todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial (24.2); todo niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses (24.3).
  • Arts. 32, 34 y 37 — Solidaridad. Se prohíbe el trabajo infantil; la edad mínima de admisión al trabajo no podrá ser inferior a la edad en que concluye el período de escolaridad obligatoria, sin perjuicio de disposiciones más favorables para los jóvenes y salvo excepciones limitadas (32; 2025-A). Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes (34.3; 2026-A). En las políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad (37; 2021-1A y 2022-Canarias-3A, reserva).
  • Art. 39 — Sufragio. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado (39.1); los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto (39.2; 2023-2A).
  • Mostrador de administración local con una mujer leyendo un formulario, dos empleados al fondo en suave desenfoque.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 39 Carta DFUE
    Voto al Parlamento Europeo desde otro Estado miembro

    Carmen, ciudadana española, lleva cinco años residiendo en Bélgica por motivos profesionales. Al acercarse las elecciones al Parlamento Europeo, se acerca a su ayuntamiento de residencia para inscribirse en el censo electoral. Allí le indican que, como ciudadana de la Unión, puede votar en Bélgica en las mismas condiciones que cualquier residente belga, eligiendo si ejerce el derecho en su Estado de residencia o en España, pero no en ambos al mismo tiempo. Carmen prepara la documentación de empadronamiento.

    Del art. 39 Carta DFUE, lo importante es que en el Estado miembro de residencia se vota como sus nacionales (39.1) y que los diputados se eligen por sufragio universal libre, directo y secreto (39.2), lo que preguntó 2023-2A.

    El art. 39 Carta DFUE reconoce que todo ciudadano de la Unión tiene derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado, y que sus diputados serán elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto.

  • Art. 40 — Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales del Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que sus nacionales (40; 2021-2B: no en las autonómicas).
  • Art. 41 — Buena administración. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable (41.1); este derecho incluye en particular: a) ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente; b) acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial; c) la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones (41.2; dirigirse a las instituciones en una de las lenguas de los Tratados es el 41.4, la falsa de 2022-Canarias-3A); y a la reparación por la Unión de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones (41.3).
  • Art. 42 — Acceso a documentos. Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte.
  • Art. 43 — Defensor del Pueblo Europeo. Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro puede someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administración de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales (43; la falsa de 2024-1A omitía esa exclusión).
  • Mujer revisando papeles en el escritorio de una pequeña oficina rural, con un olivar al fondo tras la ventana.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 43 Carta DFUE
    Una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo

    Rosa dirige una pequeña cooperativa agrícola en Murcia. Hace más de un año pidió una ayuda a una agencia de la Unión Europea y, tras varios escritos sin respuesta, recibe por fin una denegación que no explica sus motivos. Además, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión en un asunto parecido al suyo le pareció injusta. Su asesora le habla del Defensor del Pueblo Europeo, y Rosa quiere saber de cuál de las dos cosas puede quejarse ante él.

    Cuando el examen pregunta por el art. 43 Carta DFUE, 2024-1A pedía señalar como falsa la queja por mala administración de «cualquiera de las instituciones»: la pista es la exclusión del Tribunal de Justicia en sus funciones jurisdiccionales.

    El art. 43 Carta DFUE permite a ciudadanos de la Unión y a residentes (o domiciliados) en un Estado miembro someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia en sus funciones jurisdiccionales.

  • Art. 47 — Tutela judicial efectiva y juez imparcial. Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, y podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre que sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.
  • Art. 50 — Non bis in idem. Nadie podrá ser juzgado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley.
  • Art. 51 — Ámbito de aplicación. La Carta está dirigida a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión (51.1). No amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en los Tratados (51.2; 2023-2A).
  • Art. 52 — Alcance e interpretación de los derechos y principios. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades deberá ser establecida por la ley y respetar su contenido esencial; dentro del respeto del principio de proporcionalidad (no «de legalidad», la falsa de 2024-2A), sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás (52.1). Los derechos que correspondan a derechos garantizados por el CEDH tendrán su mismo sentido y alcance, sin que ello impida que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa (52.3).

8. Convención contra la Tortura (CAT, 1984) y Protocolo Facultativo (OPCAT, 2002)

  • CAT art. 1 — Definición. Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas (1.1; 2024-1A). El artículo se entiende sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional de mayor alcance (1.2).
  • CAT art. 2 — Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir la tortura en todo territorio bajo su jurisdicción (2.1). En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura (2.2), ni una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública (2.3).
  • CAT art. 3 — Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.
  • CAT art. 4: la tortura como delito. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal, también la tentativa y la complicidad o participación (4.1). Las falsas de 2022-Canarias-3A y 2023-2A lo hacían infracción administrativa; la de 2025-A excluía la tentativa.
  • CAT arts. 12-16 — Investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura (12). Quien alegue haber sido torturado tiene derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado, y se protegerá a quien presente la queja y a los testigos contra malos tratos o intimidación (13). La víctima tiene derecho a la reparación y a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible; si muere como resultado de la tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización (14). Ninguna declaración que se demuestre hecha como resultado de tortura podrá ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración (15; la falsa de 2024-2A suprimía el «salvo»). Los Estados prohibirán también los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que no lleguen a ser tortura, cuando los cometa un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones oficiales, o por su instigación o con su consentimiento o aquiescencia (16.1); la Convención se entiende sin perjuicio de otros instrumentos internacionales o leyes nacionales que prohíban esos tratos y penas o que se refieran a la extradición o expulsión (16.2).
  • CAT arts. 17-18 — Comité contra la Tortura. Diez expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en derechos humanos, que ejercen a título personal, elegidos por los Estados Partes teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa y la utilidad de que participen personas con experiencia jurídica (17.1); en votación secreta de una lista de personas designadas por los Estados, cada uno de los cuales puede designar a una persona entre sus nacionales, teniendo presente la utilidad de designar a miembros del Comité de Derechos Humanos del PIDCP (17.2; serlo de ambos no es incompatible, una de las falsas de 2021-2B); en reuniones bienales de los Estados Partes convocadas por el Secretario General, con quórum de dos tercios de los Estados Partes; quedan elegidos los candidatos con el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes presentes y votantes (17.3; 2023-1A ofreció reuniones «anuales»); mandato de cuatro años, reelegibles si se presenta de nuevo su candidatura; el de cinco de los elegidos en la primera elección expiró a los dos años (17.5; 2024-3A); si un miembro muere o renuncia, o por cualquier otra causa no puede ya desempeñar sus funciones, el Estado que lo propuso designa a otro de sus nacionales para el resto del mandato, a reserva de la aprobación de la mayoría de los Estados Partes (17.6). Mesa por dos años, reelegible; seis miembros constituyen quórum; decisiones por mayoría de votos de los miembros presentes (18.1-2; 2021-1A y 2022-1A).
  • CAT arts. 24 y 31 — El Comité presentará un informe anual sobre sus actividades a los Estados Partes y a la Asamblea General de las Naciones Unidas (24; 2021-2B). Denuncia mediante notificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, con efecto un año después de recibida (31.1; 2022-2A).
  • OPCAT art. 1 — Sistema de visitas periódicas a lugares donde se encuentren personas privadas de libertad.
  • OPCAT arts. 2-4 — Se establece un Subcomité para la Prevención del Comité contra la Tortura (2.1), que realiza su labor en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y se guía por sus propósitos y principios y por las normas de las Naciones Unidas relativas al trato de las personas privadas de su libertad (2.2; 2024-1A), así como por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad (2.3; las falsas de 2021-1A, 2021-2B y 2024-2A ponían «selectividad» o «prontitud»). Cada Estado establece, designa o mantiene uno o varios mecanismos nacionales de prevención (3) y permite las visitas del Subcomité y de esos mecanismos a cualquier lugar bajo su jurisdicción y control donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, bien por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito (lugar de detención) (4.1); privación de libertad es cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona, por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente (4.2; 2022-1A).
  • OPCAT art. 5 — Subcomité para la Prevención: 10 miembros; ampliados a 25 tras la quincuagésima ratificación.
  • OPCAT arts. 5.5, 9-10 y 13 — El Subcomité no podrá tener dos miembros de la misma nacionalidad (5.5); sus miembros son elegidos por cuatro años y podrán ser reelegidos una vez si se presenta de nuevo su candidatura (9; no tres años, una de las falsas de 2021-1A). Elige su Mesa por un mandato de dos años, reelegible (10.1; 2023-2A); la mitad más uno de sus miembros constituye quórum, decide por mayoría de votos de los miembros presentes y sus sesiones son privadas (10.2); el Subcomité y el Comité contra la Tortura celebran sus períodos de sesiones simultáneamente al menos una vez al año (10.3; 2021-1A). Establece, primeramente por sorteo, un programa de visitas periódicas a los Estados Partes, que notifica para que adopten sin demora las disposiciones prácticas; las visitas las realizan dos miembros como mínimo, que pueden ir acompañados, si fuere necesario, de expertos, y el Estado puede oponerse a la inclusión de un experto determinado (13; 2026-A).
  • OPCAT art. 17 — Cada Estado Parte mantendrá, designará o creará uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura (en España, el Defensor del Pueblo).
  • OPCAT arts. 16, 25 y 33 — El Subcomité comunica sus recomendaciones y observaciones con carácter confidencial al Estado Parte y, si fuera oportuno, al mecanismo nacional de prevención (16.1; 2024-2A), y presenta un informe público anual sobre sus actividades al Comité contra la Tortura (16.3). Sus gastos los sufragan las Naciones Unidas, y el Secretario General proporciona el personal y los servicios necesarios (25; 2022-Canarias-3A). Denuncia en cualquier momento mediante notificación escrita al Secretario General, quien informa a los demás Estados Partes en el Protocolo y la Convención; surte efecto un año después de recibida (33.1; 2025-A).

9. Estatuto de Roma de la CPI (1998) y LO 18/2003 de Cooperación con la CPI

  • Estatuto Roma arts. 1 y 3 — La Corte es una institución permanente, con jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional, y tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales (1); su sede está en La Haya, Países Bajos, aunque podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere conveniente (3; no Estrasburgo, una de las falsas de 2020-2A).
  • Estatuto Roma art. 5 — Crímenes de la competencia de la Corte. Crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional: genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión.
  • Estatuto Roma art. 6 — Genocidio: actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Son cinco: matanza; lesión grave a la integridad física o mental; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial (2024-1A daba por verdadera la «destrucción física parcial»); medidas para impedir nacimientos; traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. La falsa de 2024-1A quitaba «grave».
  • Art. 7 — Lesa humanidad. Cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; d) deportación o traslado forzoso de población; e) encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional (2021-2B); f) tortura; g) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto de este párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) desaparición forzada de personas; j) el crimen de apartheid; k) otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física (7.1). Definiciones que piden los exámenes (7.2): el «exterminio» comprende la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población (7.2.b; 2021-1A y 2022-2A); la «persecución» es la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad (7.2.g; 2021-2B).
  • Estatuto Roma art. 9 — Elementos de los crímenes. Ayudan a interpretar los arts. 6, 7, 8 y 8 bis y los aprueba una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes; pueden proponer enmiendas cualquier Estado Parte, los magistrados por mayoría absoluta (no simple) y el fiscal, y se aprueban por la misma mayoría de dos tercios (9.1-9.2; 2021-1A y 2022-1A).
  • Art. 17 — Cuestiones de admisibilidad (complementariedad). La Corte, que tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales (art. 1), resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando: a) sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él, salvo que éste no esté dispuesto a llevarlos a cabo o no pueda realmente hacerlo; b) haya sido investigado por ese Estado y éste haya decidido no incoar acción penal, salvo que la decisión obedezca a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo; c) la persona haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia y la Corte no pueda adelantar el juicio conforme al art. 20.3; d) el asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte (17.1).
  • Estatuto Roma arts. 21-22, 25-26 y 29 — Principios generales. Derecho aplicable: en primer lugar, el Estatuto, los Elementos de los crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba; en segundo lugar, cuando proceda, los tratados aplicables y los principios y normas del derecho internacional, incluidos los del derecho internacional de los conflictos armados; en su defecto, los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el de los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles con el Estatuto ni con el derecho internacional ni las normas y estándares internacionales reconocidos (21.1; 2020-2A). Nullum crimen sine lege: nadie será penalmente responsable a menos que la conducta constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte; la definición se interpreta estrictamente, sin analogía, y en caso de ambigüedad a favor de la persona investigada, enjuiciada o condenada (22; 2020-1A). La Corte tiene competencia respecto de las personas naturales (25.1), no es competente respecto de los menores de dieciocho años en el momento de la presunta comisión del crimen (26; 2024-2A) y sus crímenes no prescriben (29).
  • Estatuto Roma arts. 34, 36, 42, 52 y 54 — Organización y Fiscalía. Órganos: a) la Presidencia; b) una Sección de Apelaciones, una de Primera Instancia y una de Cuestiones Preliminares (no hay Sección «de Instrucción», la falsa de 2025-A); c) la Fiscalía; d) la Secretaría (34). Dieciocho magistrados, número que la Asamblea de los Estados Partes puede aumentar, por mayoría de dos tercios de los Estados Partes, a propuesta de la Presidencia (36.1-2). La Fiscalía actúa en forma independiente como órgano separado de la Corte, dirigida por el fiscal, con uno o más fiscales adjuntos; el fiscal y los adjuntos han de ser de diferentes nacionalidades y desempeñan su cargo en régimen de dedicación exclusiva (42.1-2; 2024-3A); el fiscal es elegido en votación secreta y por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes y, salvo que al elegirlo se fije un período más breve, ejerce nueve años sin poder ser reelegido (42.4). Los magistrados aprueban por mayoría absoluta el Reglamento de la Corte (52.1; 2023-2A). El fiscal podrá, entre otras cosas, reunir y examinar pruebas, hacer comparecer e interrogar a investigados, víctimas y testigos y solicitar (no «ordenar», la falsa de 2023-1A) la cooperación de un Estado u organización (54.3).
  • LO 18/2003 arts. 1-4 — Regula la cooperación entre el Estado español y la Corte (1); España presta plena cooperación a la Corte conforme al Estatuto, en especial a su art. 86 (2); los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal podrán dirigirle, por conducto del Ministerio de Justicia, las solicitudes de cooperación necesarias en el marco de un proceso que se siga en España, en los casos y condiciones del art. 93.10 del Estatuto (3). Autoridades competentes: a) el Gobierno; b) el Ministerio de Justicia; c) el Ministerio de Asuntos Exteriores, en los casos previstos en la ley y, en todo caso, cuando intervengan factores de política exterior; d) los Ministerios de Defensa e Interior, cuando el acto de cooperación afecte a sus competencias; e) los órganos judiciales de la jurisdicción ordinaria y, en particular, la Audiencia Nacional; f) los órganos judiciales militares y, en particular, el Tribunal Militar Central; g) el Ministerio Fiscal (4; 2023-1A: el Defensor del Pueblo no lo es; 2026-A).
  • LO 18/2003 arts. 6-7 — El Ministerio de Justicia es el único órgano de relación entre la Corte, por un lado, y los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal, por otro, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores (6.1; 2023-2A), y el órgano de consulta con la Corte, informando antes al de Asuntos Exteriores (6.2). Corresponde exclusivamente al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia, decidir la presentación de la denuncia de una situación ante el Fiscal de la Corte (7.1); ante una denuncia o querella por hechos sucedidos en otros Estados, de presuntos autores no españoles y de posible competencia de la Corte, los órganos se abstienen de todo procedimiento, salvo, si fuera necesario, las primeras diligencias urgentes, e informan al denunciante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte (7.2).
  • LO 18/2003 arts. 11 y 15 — Detención y entrega. Quien practique la detención por orden de la Corte lo comunica inmediatamente al Ministerio de Justicia y al Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, a cuya disposición pone al detenido sin demora y, en todo caso, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la detención (11.1; no 24 ni 48 horas, opciones falsas de 2026-A y 2024-3A). Sin entrega simplificada, audiencia en el plazo máximo de diez días y auto sobre la entrega en el plazo de tres días (15.1 y 15.3).
  • Art. 21 LO 18/2003 — De las personas sujetas a la jurisdicción de la Corte. Los peritos o testigos citados ante los tribunales españoles por una comisión rogatoria de la Corte tienen las mismas obligaciones y responsabilidades que en una causa seguida en España; si la comparecencia es en la sede de la Corte, tiene carácter voluntario, salvo que se trate de un condenado por la Corte que se encuentre cumpliendo condena en España, cuyo traslado temporal no necesita su consentimiento (21.1). Las personas en tránsito en España para comparecer ante la Corte gozan de inmunidad (21.3). Si han de comparecer ante la Corte agentes o funcionarios españoles en calidad de perito o testigo, el Ministerio de Justicia, en coordinación, en su caso, con otros Ministerios o Administraciones de que dependan, solicitará de la Corte su protección (21.4; 2024-3A).
  • Mujer sentada en un banco del pasillo de un juzgado, con una carpeta en el regazo, y un hombre alejándose al fondo.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 21.1 LO 18/2003
    Una testigo citada por la Corte Penal Internacional

    Elena, enfermera, trabajó dos años con una organización humanitaria en un hospital de campaña en una zona de conflicto. La Corte Penal Internacional investiga los ataques que presenció y quiere su testimonio. Primero recibe la citación de un juzgado español, que actúa por encargo de la Corte mediante una comisión rogatoria, para declarar como testigo. Meses después, la Corte le propone viajar a La Haya para declarar en el juicio. Elena se pregunta si está obligada a comparecer en los dos casos o si puede negarse a viajar.

    Cuando el examen pregunta por el art. 21.1 LO 18/2003, el distractor de 2024-3A y 2026-A hace obligatoria la comparecencia en la sede de la Corte; la clave es el lugar: ante un tribunal español, obligatoria; en La Haya, voluntaria.

    Según el art. 21.1 LO 18/2003, el testigo citado ante un tribunal español por comisión rogatoria de la Corte tiene las mismas obligaciones y responsabilidades que en una causa seguida en España; en la sede de la Corte, la comparecencia tendrá carácter voluntario, salvo para quien cumpla en España una condena de la Corte.

  • LO 18/2003 arts. 22 y 24 — Los jueces de vigilancia penitenciaria y el Ministerio del Interior prestarán el máximo apoyo a los magistrados y funcionarios de la Corte que se personen en España para supervisar la ejecución de las penas (22.3; 2024-1A). Si España es invitada a participar en un proceso como «amicus curiae», el Ministerio de Justicia consultará con el de Asuntos Exteriores la conveniencia u oportunidad de hacerlo y, en su caso, los términos de esa participación (24; 2025-A).
  • LO 18/2003 art. 25 — Si la Corte propone celebrar el juicio u otras actuaciones procesales en España, el Ministerio de Justicia, previa consulta con los Ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior y otras autoridades competentes, comunicará a la Corte la decisión al respecto (2024-2A). Los exámenes de 2024 a 2026 nombran los departamentos de hoy: «Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes» por el de Justicia y «Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación» por el de Asuntos Exteriores (2024-2A, 2024-3A, 2025-A).

10. REGLAMENTO DEFENSOR DEL PUEBLO — Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo (Resolución 6 abril 1983)

Alto Comisionado de las Cortes Generales (art. 54 CE). Actúa como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (OPCAT) desde la designación de 2009.

  • Art. 19: el Consejo Asesor del Mecanismo. Órgano de cooperación técnica y jurídica: los Adjuntos del Defensor, miembros natos, y un máximo de 10 Vocales, uno a propuesta de la Abogacía, uno de la Organización Médica Colegial, uno de los Psicólogos, hasta dos de las entidades con convenio y cinco de la sociedad civil.
  • Art. 20. Los Vocales son designados para un período de cuatro años y se renovarán por mitades cada dos, tras convocatoria pública; los designa y cesa el Defensor del Pueblo, y no perciben retribuciones, salvo las indemnizaciones por razón del servicio.
  • Art. 21. Se reúne, al menos, dos veces al año.
  • Art. 22. Funciones: a) Realizar propuestas sobre visitas a lugares donde se hallen personas privadas de libertad; b) realizar propuestas para la mejora de los protocolos de visita y para el seguimiento de las mismas; c) evacuar los informes que el Defensor del Pueblo le solicite sobre la normativa de relevancia para la situación de las personas privadas de libertad; d) proponer programas de formación y cursos de especialización en materia de prevención de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; e) realizar el seguimiento de los informes del Mecanismo Nacional de Prevención y del Subcomité para la Prevención de la Tortura; f) aquellos otros asuntos que se sometan a su consideración. Propone visitas: no las realiza.

11. Res. 60/251: Resolución de la Asamblea General de 15 de marzo de 2006, que crea el Consejo de Derechos Humanos

  • Párr. 1: creación. El Consejo nace con sede en Ginebra, en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos, como órgano subsidiario de la Asamblea General, que revisará su situación a los cinco años. No es uno de los seis órganos principales del art. 7 de la Carta. La falsa de 2022-Canarias-3A lo decía «creado por la Comisión de Derechos Humanos».
  • Párrs. 4 y 5: principios y funciones. Lo guían los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación. Entre sus funciones, un examen periódico universal de cada Estado (5.e) y un informe anual a la Asamblea General (5.j). 2025-A pedía la falsa: un «Examen Anual General»; 2018-2A, un examen hecho de manera «selectiva».
  • Párr. 7: composición. Lo integran cuarenta y siete Estados Miembros que serán elegidos de forma directa e individual en votación secreta por la mayoría de los miembros de la Asamblea General, por grupos regionales: África 13, Asia 13, Europa oriental 6, América Latina y el Caribe 8 y Europa occidental y otros Estados 7. Mandato de tres años, y no podrán optar a la reelección inmediata después de dos períodos consecutivos. 2020-1A pedía la falsa: «54 Estados miembros», los del Consejo Económico y Social (art. 61.1 Carta ONU). 2022-Canarias-3A ofreció una votación «pública» y un mandato de cuatro años; 2023-1A pedía la falsa: el mandato de tres años aplicado a la Mesa del Consejo.
  • Párrs. 8 y 10: suspensión y sesiones. La Asamblea General, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, puede suspender los derechos de miembro de quien cometa violaciones graves y sistemáticas. El Consejo celebra como mínimo tres períodos de sesiones por año, diez semanas en total como mínimo, y extraordinarios a solicitud de un miembro del Consejo con el apoyo de un tercio de los miembros.
  • La Mesa del Consejo (Res. 5/1 del propio Consejo, «Construcción institucional», Anexo, Reglamento, arts. 9-11; Normativa no la sirve): al comienzo de cada año del Consejo, en su reunión de organización, el Consejo elige de entre los representantes de sus miembros a un Presidente y a cuatro Vicepresidentes, que constituyen la Mesa; permanecen en sus funciones por un período de un año y no son reelegibles para ocupar inmediatamente el mismo puesto. 2022-2A preguntó cuántas personas la forman (cinco); 2023-1A dio como falsa la Mesa con el mandato de tres años, que es el de los miembros del Consejo (párr. 7). Los primeros miembros se eligieron con mandatos escalonados, decididos por sorteo (párr. 14).

Carta ONU arts. 1-2, 4-10, 13, 18, 22-25, 27, 29, 47, 61-62, 67-68, 86, 92-93, 97-98, 100-101; DUDH arts. 1-30; CEDH arts. 2-15, 19-36, 43-50; PIDCP arts. 1-4, 6-7, 9, 14, 18-23, 28-32, 36-37, 39-42, 45, 50; PIDESC arts. 1-2, 6-13, 16-19, 21, 26-28; Carta Social Europea Parte II arts. 1-2, 4, 6, 8, 31; Carta DFUE arts. 1-5, 12, 14, 19, 23-24, 32, 34, 37, 39-43, 47, 50-52; CAT arts. 1-4, 12-18, 24, 31; OPCAT arts. 1-5, 9-10, 13, 16-17, 25, 33; Estatuto Roma arts. 1, 3, 5-7, 9, 17, 21-22, 25-26, 29, 34, 36, 42, 52, 54; LO 18/2003 arts. 1-4, 6-7, 11, 15, 21-22, 24-25; Reglamento DP arts. 19-22; Res. 60/251

04Tablas comparativas

Tabla 1 — Sistemas universal, europeo y de la Unión

CaracterísticaSistema universal (ONU)Sistema europeo (Consejo de Europa)Sistema UE
Texto baseDUDH (1948); PIDCP y PIDESC (1966)CEDH (1950) + Carta Social EuropeaCarta DFUE (Niza 2000); art. 6 TUE
Órgano de controlComité de Derechos Humanos (PIDCP); los informes del PIDESC los examina el Consejo Económico y Social (arts. 16-21 PIDESC)Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo) para el CEDH; la Carta Social, por su sistema de supervisión (art. C) y por el de reclamaciones colectivas en los Estados que lo han aceptado (art. D)TJUE (Luxemburgo) en el ámbito de la Unión
Demanda individualNo en los Pactos: el PIDCP solo prevé comunicaciones entre Estados (art. 41)Sí, art. 34 CEDHLimitada: recurso contra los actos de la Unión de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente, y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución (art. 263 TFUE); si no, cuestión prejudicial vía juez nacional (art. 267 TFUE)
CarácterDeclaraciones y pactos: vinculantes los pactosTratado vinculante con jurisdicción obligatoriaMismo valor jurídico que los Tratados

Tabla 2 — Formaciones del TEDH (art. 26 CEDH)

FormaciónNº de juecesFunción
Juez único1Declara inadmisible o elimina del registro la demanda individual cuando puede hacerse sin examen complementario (resolución definitiva); si no, la remite a un Comité o a una Sala (art. 27).
Comité3Por unanimidad: inadmisión o eliminación del registro cuando pueda adoptarse sin examen complementario, o admisión con sentencia sobre el fondo si la cuestión ya ha dado lugar a jurisprudencia bien establecida; decisiones definitivas (art. 28).
Sala7 (5 si, a solicitud del Pleno, lo decide el Comité de Ministros por unanimidad y por un periodo determinado)Admisibilidad y fondo de las demandas individuales sobre las que no hayan resuelto el juez único o un Comité, y de las de los Estados (art. 29); si el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio o de sus protocolos, o su solución pudiera contradecir una sentencia anterior del Tribunal, puede inhibirse en favor de la Gran Sala mientras no haya dictado sentencia (art. 30).
Gran Sala17Asuntos inhibidos por una Sala (art. 30) o remitidos a petición de parte (art. 43, tres meses desde la sentencia de Sala); cuestiones del Comité de Ministros del art. 46.4; solicitudes de opiniones consultivas (art. 47) (art. 31).

Tabla 3 — Derechos inderogables, limitables y suspendibles del CEDH

TipoDerechosCaracterísticas
Inderogables (art. 15.2)Art. 2 (vida, salvo muertes resultantes de actos lícitos de guerra), art. 3 (tortura), art. 4.1 (esclavitud y servidumbre), art. 7 (legalidad penal)No cabe derogación ni en guerra ni ante otro peligro público que amenace la vida de la nación. Inderogable no es absoluto: el art. 2.2 excusa la fuerza absolutamente necesaria en sus tres supuestos.
Limitables condicionalmenteArts. 8 (vida privada), 9 (religión), 10 (expresión), 11 (reunión)Injerencia prevista por la ley y necesaria en una sociedad democrática para fines legítimos.
Suspendibles (art. 15.1)Resto de derechos del Convenio y de sus Protocolos (también los arts. 8-11), salvo los que los Protocolos declaran inderogables: la abolición de la pena de muerte (Protocolo 6, art. 3; Protocolo 13, art. 2) y el non bis in idem (Protocolo 7, art. 4.3)Solo en caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, en la medida estricta en que lo exija la situación y sin contradecir las otras obligaciones de derecho internacional; el Estado tendrá plenamente informado al Secretario General del Consejo de Europa (15.3).

Tabla 4 — TEDH vs CPI (no confundir las dos cortes internacionales)

RasgoTEDH (Estrasburgo)CPI (La Haya)
Texto baseCEDH (Roma 1950)Estatuto de Roma (1998)
MateriaVulneraciones del Convenio por EstadosGenocidio, lesa humanidad, guerra, agresión
Sujeto demandadoEstado parte del CEDHPersona física (responsabilidad penal individual)
ComposiciónTantos jueces como Altas Partes; Gran Sala de 1718 magistrados elegidos por la Asamblea de los Estados Partes
Cooperación con EspañaDirecta por art. 96 CE y CEDHLO 18/2003 (Ministerio de Justicia)

CEDH arts. 15, 26-31, 43; Estatuto Roma arts. 5, 36

05Plazos y cifras clave

ConceptoPlazo / cifraNorma y artículo
Plazo para presentar demanda al TEDH (agotamiento previo)4 mesesCEDH art. 35.1 (Protocolo 15; antes 6 meses)
Plazo para solicitar remisión a la Gran Sala3 mesesCEDH art. 43.1
Mandato de los jueces del TEDH9 años, sin reelecciónCEDH art. 23.1
Mayoría para revocar a un juez del TEDH2/3 de los demás juecesCEDH art. 23.3
Composición de la Gran Sala17 juecesCEDH art. 26.1
Composición de las Salas7 jueces (reducibles a 5)CEDH art. 26.1-2
Composición de los Comités3 juecesCEDH art. 26.1
Mayoría para elegir juez (Asamblea Parlamentaria)Mayoría absoluta sobre lista de 3 candidatosCEDH art. 22
Comité contra la Tortura: miembros10 expertosCAT art. 17.1
Comité contra la Tortura: elección y mandatoReuniones bienales de los Estados Partes (quórum de 2/3); 4 años, reelegibles; 5 de la primera elección, 2 añosCAT art. 17.3 y 17.5
Comité contra la Tortura: quórum, decisiones y Mesa6 miembros; decisiones por mayoría de votos de los miembros presentes; Mesa por 2 años, reelegibleCAT art. 18
Comité de Derechos Humanos: miembros18; cada Estado propone hasta 2 nacionales suyosPIDCP arts. 28.1 y 29.2
Comité de Derechos Humanos: mandato4 años, reelegibles; 9 de la primera elección, 2 añosPIDCP art. 32.1
Comité de Derechos Humanos: quórum y Mesa12 miembros; Mesa por 2 años, reelegiblePIDCP art. 39
PIDCP: primer informe de cada Estado1 año desde la entrada en vigor del Pacto para ese EstadoPIDCP art. 40.1.a
PIDCP: comunicaciones entre EstadosRespuesta en 3 meses; al Comité si en 6 meses no se resuelve; informe del Comité en 12 mesesPIDCP art. 41.1
Subcomité para la Prevención: mandato, Mesa y quórum4 años, reelegibles una vez; Mesa por 2 años; quórum, la mitad más unoOPCAT arts. 9 y 10
Denuncia de la CAT o del OPCATEfecto 1 año después de recibida la notificación por el Secretario GeneralCAT art. 31.1; OPCAT art. 33.1
Consejo Asesor del MNP: VocalesMáximo 10 (1 Abogacía, 1 Organización Médica Colegial, 1 Psicólogos, hasta 2 por convenio, 5 sociedad civil)Reglamento DP art. 19
Consejo Asesor: mandato de los Vocales4 años, renovación por mitades cada 2Reglamento DP art. 20.1
Consejo Asesor: candidaturas de la sociedad civil15 días naturales desde la publicación de la convocatoriaReglamento DP art. 20.2
Consejo Asesor: reunionesAl menos 2 al añoReglamento DP art. 21.1
Consejo de Derechos Humanos: mandato3 años; sin reelección inmediata después de 2 períodos consecutivosRes. 60/251, párr. 7
Consejo de Derechos Humanos: puestos por grupo regionalÁfrica 13, Asia 13, Europa oriental 6, América Latina y el Caribe 8, Europa occidental y otros Estados 7Res. 60/251, párr. 7
Consejo de Derechos Humanos: suspensión de un miembro2/3 de los miembros presentes y votantes de la Asamblea GeneralRes. 60/251, párr. 8
Consejo de Derechos Humanos: sesionesMínimo 3 períodos al año, no menos de 10 semanas en total; extraordinarios a solicitud de 1 miembro con el apoyo de 1/3Res. 60/251, párr. 10
Asamblea General: representantes por MiembroMáximo 5Carta ONU art. 9.2
Asamblea General: cuestiones importantes2/3 de los miembros presentes y votantesCarta ONU art. 18.2
Consejo Económico y Social54 miembros; 18 elegidos cada año por 3 añosCarta ONU art. 61
TEDH: edad de los candidatosMenores de 65 años al recibir la Asamblea Parlamentaria la lista de tresCEDH art. 21.2
TEDH: Presidente y Vicepresidentes3 años, reelegiblesCEDH art. 25.a
TEDH: colegio que acepta la remisión5 jueces de la Gran SalaCEDH art. 43.2
CPI: menoresNo es competente respecto de los menores de 18 años en el momento de la presunta comisiónEstatuto Roma art. 26
CPI: fiscal y fiscales adjuntos9 años, sin reelección, salvo período más breve fijado al elegirlosEstatuto Roma art. 42.4
CPI: Elementos de los crímenesAprobación y enmiendas por 2/3 de los miembros de la Asamblea de los Estados PartesEstatuto Roma art. 9
Detenido por orden de la CorteA disposición del Juez Central de Instrucción sin demora y, en todo caso, en 72 horasLO 18/2003 art. 11.1
Entrega a la CorteAudiencia en el plazo máximo de 10 días; auto en 3 díasLO 18/2003 art. 15
Carta Social: descanso por maternidad14 semanas como mínimoCarta Social Europea, Parte II art. 8.1
Carta Social: información escrita del contratoEn ningún caso más de 2 meses desde el inicio del empleoCarta Social Europea, Parte II art. 2.6
Carta Social: vacaciones anuales pagadas4 semanas como mínimoCarta Social Europea, Parte II art. 2.3
Composición del Consejo de Seguridad ONU15 miembros (5 permanentes + 10 no permanentes)Carta ONU art. 23.1
Mandato de los miembros no permanentes del CS2 añosCarta ONU art. 23.2
Mayoría en CS para cuestiones de procedimiento9 miembrosCarta ONU art. 27.2
Mayoría en CS para demás cuestiones (incluye veto)9 miembros, incluidos los 5 permanentes (en las decisiones del Capítulo VI y del art. 52.3, la parte en una controversia se abstiene de votar)Carta ONU art. 27.3
Composición del Consejo de Derechos Humanos ONU47 miembrosResolución 60/251 AG ONU
Composición del Subcomité OPCAT10 miembros (25 tras 50 ratificaciones)OPCAT art. 5.1
Designación del Mecanismo Nacional de PrevenciónA más tardar 1 año desde la entrada en vigor del Protocolo o desde su ratificación o adhesiónOPCAT art. 17
Crímenes competencia de la CPI4 (genocidio, lesa humanidad, guerra, agresión)Estatuto Roma art. 5.1
Magistrados de la CPI18Estatuto Roma art. 36.1

CEDH arts. 21-23, 25-26, 35, 43; Carta ONU arts. 9, 18, 23, 27, 61; Estatuto Roma arts. 5, 9, 26, 36, 42; OPCAT arts. 5, 9-10, 17, 33; CAT arts. 17-18, 31; PIDCP arts. 28-29, 32, 39-41; Reglamento DP arts. 19-21; LO 18/2003 arts. 11, 15; Carta Social Europea Parte II arts. 2, 8; Resolución 60/251 AG ONU

06Trampas frecuentes de examen

Las trampas que nombran un examen salen de las opciones de ese examen; las demás, de los patrones del banco de preguntas o, donde se indica, de un patrón propio.

  • Trampa: número fijo de órganos subsidiarios ONU. 2021-1A ofreció un máximo de seis, igual número que el de órganos principales o dos por cada órgano principal. El art. 7.2 dice los órganos subsidiarios que se estimen necesarios. No hay número fijo.
  • Trampa: igualdad H/M en órganos ONU. 2021-2B preguntó si la ONU puede establecer restricciones a la elegibilidad de hombres y mujeres, con los distractores sí, sólo cuando sean órganos principales y en ciertas circunstancias cuando se trate de órganos subsidiarios. La respuesta correcta es NO: el art. 8 dice no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres.
  • Trampa: comité asesor del Consejo de Seguridad. Distractores de 2017-1A: Comité de Asesoramiento Militar, Comité de Asesoramiento para la Paz, Comité de Asesoramiento para la Guerra y Desarme. El correcto es el Comité de Estado Mayor (art. 47 Carta ONU).
  • Trampa: 4 vs 6 meses TEDH. El plazo de demanda al TEDH es cuatro meses desde el Protocolo 15; antes del Protocolo 15 eran seis meses (el banco lo usa como distractor; ningún examen ha preguntado aún este plazo). Los tres meses del art. 43 son para pedir la remisión a la Gran Sala desde la sentencia de Sala, y ahí los exámenes sí cambiaron la cifra: seis meses en 2021-1A y cuatro meses en 2024-3A. No intercambiarlos.
  • Trampa: composición de la Gran Sala. 2020-2A, en una pregunta de reserva, ofreció 15 jueces, la cifra del Consejo de Seguridad de la ONU; 7 jueces son los de la Sala. La Gran Sala son 17 jueces (art. 26.1).
  • Trampa: inderogable no es ilimitado. El art. 15.2 CEDH no autoriza ninguna derogación al art. 2, salvo para el caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra, ni a los arts. 3, 4 (párrafo 1) y 7, ni siquiera en guerra o ante otro peligro público que amenace la vida de la nación. Eso no los hace absolutos a todos: el art. 2.2 excusa la muerte causada por un recurso a la fuerza absolutamente necesario en sus tres supuestos, y el art. 7.2 deja a salvo el juicio y el castigo de lo que era delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas; los arts. 3 (tortura) y 4.1 (esclavitud y servidumbre) no prevén excepción alguna. El art. 8 (vida privada), en cambio, admite injerencias previstas por la ley y necesarias en una sociedad democrática para los fines del 8.2. (Patrón propio; ningún examen lo ha preguntado.)
  • Trampa: art. 14 CEDH como derecho autónomo. Distractor: el art. 14 CEDH protege la igualdad por sí mismo. El art. 14 NO es autónomo: solo opera en el goce de los derechos del Convenio (patrón del banco de preguntas; ningún examen lo ha preguntado).
  • Trampa: principio de complementariedad CPI. La Corte tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales (art. 1 ER) y por eso resuelve la inadmisibilidad del asunto que un Estado con jurisdicción investiga o enjuicia, salvo que no esté dispuesto o no pueda realmente hacerlo (art. 17 ER). Distractores del banco: «primacía absoluta» de la Corte, «exclusividad» o «subsidiariedad respecto del Consejo de Seguridad»; ningún examen lo ha preguntado.
  • Trampa: definición de tortura CAT. El art. 1 CAT exige que sean dolores graves infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a su instigación o con su consentimiento o aquiescencia. 2021-2B ofreció el autor material de los actos ha de ser en todo caso un funcionario público, que el art. 1 desmiente.
  • Trampa: composición del Consejo de Derechos Humanos ONU. Composición: 47 miembros (Resolución 60/251 AG, párr. 7, no la Carta ONU), repartidos por grupos regionales: África 13, Asia 13 (hoy, grupo de Asia-Pacífico), Europa oriental 6, América Latina y el Caribe 8 y Europa occidental y otros Estados 7. 2021-1A y 2026-A la preguntaron por un solo grupo, con las cifras de los demás como distractores: en 2021-1A, América Latina y el Caribe (8) frente a 6, 7 y 13; en 2026-A, Europa occidental y otros Estados (7) frente a 6, 8 y 13.
  • Trampa: Carta DFUE vs CEDH en el mismo derecho. Los dos exigen que la causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un órgano independiente e imparcial. Pista de origen: el art. 47 DFUE habla de tutela judicial efectiva de los derechos garantizados por el Derecho de la Unión, de un «juez» «establecido previamente por la ley» y de asistencia jurídica gratuita; el art. 6 CEDH habla de un tribunal independiente e imparcial, «establecido por la ley» que decide sobre derechos y obligaciones de carácter civil o sobre una acusación en materia penal. Cuando los derechos coinciden, su sentido y alcance son los del CEDH, salvo una protección más extensa del Derecho de la Unión (art. 52.3 DFUE). (Patrón propio; ningún examen lo ha preguntado.)
  • Trampa: el asilo (art. 14.2 DUDH). 2020-1A, 2020-2A, 2022-2A y 2024-3A dieron como falsa la opción que lo hace invocable contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, o «sin ninguna restricción». La regla: en esos casos no podrá ser invocado.
  • Trampa: el objeto de la educación (art. 26.2 DUDH). Su objeto es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 2023-1A puso «libertades públicas», y 2024-2A y 2026-A dieron como objeto lo que la educación favorecerá (la comprensión, la tolerancia y la amistad) o promoverá (las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz).
  • Trampa: «no selectividad» (art. 2.3 OPCAT). El Subcomité para la Prevención se guía por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad; 2021-1A, 2021-2B, 2024-2A y 2024-3A ofrecieron «selectividad», y algunas añadían «prontitud», «agilidad», «generalidad» o «sencillez».
  • Trampa: las cifras del Consejo Asesor del MNP (Reglamento DP, arts. 19-21). Un máximo de 10 Vocales (no 5, 12 ni 15), designados por cuatro años y renovados por mitades cada dos (no cinco años), que se reúne al menos dos veces al año (no una, cuatro ni cada trimestre); los designa y cesa el Defensor del Pueblo, no el Adjunto (2024-1A, 2024-2A, 2025-A y 2026-A).
  • Trampa: la tortura, siempre delito penal (art. 4.1 CAT). Todo Estado Parte velará para que todos los actos de tortura, la tentativa y la complicidad o participación constituyan delitos conforme a su legislación penal; las falsas de 2022-Canarias-3A y 2023-2A admitían la infracción administrativa y la de 2025-A excluía la tentativa.
  • Trampa: igualdad entre mujeres y hombres (art. 23 Carta DFUE). Se garantiza en todos los ámbitos, «inclusive» en materia de empleo, trabajo y retribución (2024-3A puso «con las excepciones previstas»), y el principio de igualdad «no impide» las medidas de ventaja en favor del sexo menos representado (2022-1A y 2023-2A pusieron «impide»).
  • Trampa: el Ministerio de hoy (LO 18/2003). La ley dice «Ministerio de Justicia» y «Ministerio de Asuntos Exteriores»; 2024-2A (art. 25), 2024-3A (art. 21.4) y 2025-A (art. 24) dieron como clave el «Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes», y 2024-2A y 2025-A escribieron «Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación»: es el mismo departamento con su nombre actual.

Carta ONU arts. 7, 8, 47; DUDH arts. 14, 26; CEDH arts. 8, 14, 15, 26, 35, 43; Carta DFUE arts. 23, 47, 52; CAT arts. 1, 4; OPCAT art. 2; Estatuto Roma art. 17; LO 18/2003 arts. 21, 24, 25; Reglamento DP arts. 19-21; Resolución 60/251 AG ONU

07Reglas mnemotécnicas

Mnemotécnicos calibrados al patrón GC: ancla cifras y listas a contextos memorables.

  • Órganos principales ONU — "AG-CS-ECOSOC-CAF-CIJ-S". Seis siglas en el orden del art. 7.1: Asamblea General, Consejo de Seguridad, ECOSOC, Consejo de Administración Fiduciaria (en suspenso desde 1994), Corte Internacional de Justicia, Secretaría. Los subsidiarios son los que se estimen necesarios; sin cifra fija.
  • Plazos del TEDH — "3-4-9". 3 meses para pedir la remisión a la Gran Sala (art. 43.1), 4 meses para presentar la demanda (art. 35.1) y 9 años de mandato de los jueces, no reelegibles (art. 23.1): de menor a mayor.
  • Formaciones TEDH — "1-3-7-17". 1 juez único, 3 Comité, 7 Sala, 17 Gran Sala. La progresión multiplica aproximadamente: cada formación es la siguiente en complejidad y peso del asunto.
  • Crímenes CPI — "GLGA". Genocidio, Lesa humanidad, Guerra, Agresión. Cuatro tipos del art. 5 ER, en orden de aparición en la norma. La A de agresión ya figuraba en el art. 5 desde 1998; lo que llegó después, con las enmiendas de Kampala (2010), fue su definición (art. 8 bis) y las condiciones del ejercicio de la competencia respecto de ese crimen (arts. 15 bis y 15 ter).
  • Núcleo inderogable CEDH (art. 15.2) — "2-3-4-7". Art. 2 vida (salvo muertes lícitas en guerra), art. 3 tortura, art. 4.1 esclavitud, art. 7 legalidad penal. Estos cuatro no se suspenden ni en guerra.
  • Veto del Consejo de Seguridad — "5+9 con todos". Para decisiones sustantivas: 9 votos de 15, incluidos los 5 permanentes. Si un permanente vota en contra, hay veto; pero en las decisiones del Capítulo VI y del art. 52.3 la parte en una controversia se abstiene de votar, sea o no permanente. Para procedimiento basta con 9 votos sin requisito de permanencia.
  • Pacto del 66 — "civiles y sociales el mismo día". El PIDCP y el PIDESC se aprobaron simultáneamente por la AG en 1966. Mismo año, mismo día (16 diciembre 1966), distinta materia: derechos civiles y políticos vs derechos económicos, sociales y culturales.

Síntesis mnemónica de los instrumentos del tema

08Conexiones entre temas

  • → Tema 2 (Igualdad efectiva — LO 3/2007): el art. 14 CEDH y el art. 2 DUDH establecen el principio internacional de no discriminación; la LO 3/2007 lo desarrolla en derecho español con sus tipos (directa, indirecta, múltiple).
  • → Tema 4 (Constitución Española): el art. 10.2 CE manda interpretar los derechos fundamentales conforme a la DUDH y los tratados ratificados por España. Los arts. 14-29 CE espejan en gran medida el catálogo del CEDH (arts. 2-14). Por el art. 96.1 CE, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno, y sus disposiciones sólo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
  • → Tema 5 (Unión Europea — TUE/TFUE): el art. 6 TUE da a la Carta DFUE el mismo valor jurídico que los Tratados y prevé la adhesión de la Unión al CEDH. El art. 52.3 DFUE remite al CEDH cuando los derechos coinciden, fijando un suelo común de protección.
  • → Tema 9 (Procedimiento penal — LECrim): los derechos del detenido (art. 520 LECrim) implementan el art. 5 CEDH (libertad y seguridad) y los arts. 9 y 14.3 PIDCP (detención y garantías del acusado). El plazo máximo de 72 horas conecta con el art. 17.2 CE y con los principios del art. 5 CEDH.
  • → Tema 19 (Deontología profesional — RD 176/2022 + Principios ONU): los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego (ONU 1990) y el Código de Conducta para Funcionarios (ONU 1979) son el contrapunto deontológico del art. 3 CEDH (prohibición de tortura) en el contexto del uso legítimo de la fuerza por agentes de la autoridad.
  • → Tema 20 (Menores — LO 5/2000): el interés superior del menor del art. 24 Carta DFUE y el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) son la base internacional de la jurisdicción especial de menores.

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres; Derecho Constitucional; Derecho de la Unión Europea; Derecho Procesal Penal; Deontología Profesional; Responsabilidad Penal de los Menores

Preguntas frecuentes

¿Qué incluye el resumen del tema 1 de Guardia Civil?

Esta página recoge el resumen completo del tema 1 (Derechos Humanos, CEDH + Tratados internacionales): visión general del tema, esquema completo por instrumento, tablas comparativas, plazos y cifras clave, trampas frecuentes de examen, reglas mnemotécnicas y conexiones entre temas, con 8 ejemplos prácticos ilustrados. Puedes leerlo aquí entero o descargarlo en PDF.

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¿Qué son las trampas de examen?

Errores que los exámenes oficiales usan una y otra vez: un plazo cambiado, un «podrá» donde la ley dice «deberá», una mayoría simple donde la ley exige absoluta. En el resumen del tema 1 aparecen con la formulación falsa y, al lado, lo que dice de verdad la norma.