Resumen del Tema 9 de Guardia Civil: Derecho Procesal Penal

Cubre el procedimiento penal de la LECrim: denuncia y querella, Policía Judicial, detención y derechos del detenido, entrada y registro y habeas corpus.

Actualizado el 16/11/2026

Cómo estudiar

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  2. 2

    Relee fijándote en las partes subrayadas. Fíjate en las trampas, los plazos y los artículos estrella: son los que más se repiten en el examen.

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    Ponte a prueba. Cierra el resumen e intenta recordarlo. Lo que recuerdes sin mirar es lo que de verdad sabes; si hay algo que te cuesta recordar, repásalo de nuevo.

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    Utiliza repetición espaciada. Vuelve al tema a los pocos días y otra vez en una semana. Repasar conceptos antes de olvidarlos ayuda a fijarlos en la memoria. En Opositu, las fichas de estudio aplican la repetición espaciada por ti.

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01Visión general del tema

El tema 9 (Derecho Procesal Penal) cubre cinco cuerpos normativos que el opositor debe manejar simultáneamente: LECrim (eje central, denuncia, querella, Policía Judicial, sumario e instrucción, detención, derechos del detenido y entrada y registro), LO 6/1984 reguladora del Habeas Corpus, LOPJ (órganos jurisdiccionales penales y Policía Judicial — arts. 547-550), RD 769/1987 sobre regulación de la Policía Judicial y Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito.

Peso en examen

En los 14 exámenes de 2020 a 2026, el tema trae entre 7 y 12 preguntas de 100 (9,5 de media) y, con el tema 8 (Derecho Penal), entre 12 y 18. Es además el de mayor concentración de plazos numéricos del temario.

Artículos estrella

Los preguntados en tres convocatorias o más de 2018 a 2026: LECrim arts. 13, 14, 17, 281, 282 bis, 490, 520, 547 y 569; LOPJ arts. 55, 65 y 82; LO 6/1984 art. 4, y RD 769/1987 art. 18. En dos convocatorias, entre otros: LECrim arts. 261 y 263 bis, y LO 6/1984 arts. 2 y 7. El art. 282 bis (agente encubierto) es el más preguntado del tema: cayó en ocho convocatorias entre 2017 y 2025 (todos los años salvo 2021).

Qué pesa más

De las 133 preguntas desde 2020: los órganos jurisdiccionales (arts. 53-101 LOPJ), 23; la Policía Judicial (LECrim, RD 769/1987 y LOPJ), 21; el Habeas Corpus, 14; la denuncia y la querella, 12; el sumario, 12; la detención, 12; la competencia, 9; el Estatuto de la víctima, 9; la entrada y registro y las comunicaciones, 9, y el resto, 12.

LECrim + LO 6/1984 + LOPJ + RD 769/1987 + Ley 4/2015

02Diagrama: detención y puesta a disposición judicial

El régimen de plazos de la detención es un patrón de trampa recurrente: seis preguntas de 2017 a 2026 (arts. 496, 497, 520.1 y 520 bis). La regla general es 24 h para poner al detenido en libertad o entregarlo al Juez más próximo (art. 496) → 72 h del Juez de la causa, desde la entrega, para elevar la detención a prisión o dejarla sin efecto (art. 497), dentro del límite general del art. 520.1 LECrim: en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. En los delitos del art. 384 bis, la puesta a disposición judicial es dentro de las 72 h siguientes a la detención, y esta puede prolongarse hasta otras 48 h si la prórroga se solicita mediante comunicación motivada dentro de las primeras 48 h y el Juez la autoriza en las 24 h siguientes (art. 520 bis).

Figura 1 — Cadena de plazos: detención, entrega al Juez, resolución y prórroga por terrorismo (LECrim arts. 489-501, 520-520 bis)
Figura 1 — Cadena de plazos: detención, entrega al Juez, resolución y prórroga por terrorismo (LECrim arts. 489-501, 520-520 bis)

LECrim arts. 490, 492, 496, 497, 520, 520 bis

03Diagrama: procedimiento del Habeas Corpus

El Habeas Corpus se inspira en cuatro principios — agilidad, sencillez, generalidad y universalidad — y todo el procedimiento debe sustanciarse en el plazo de veinticuatro horas, contadas desde que sea dictado el auto de incoación (art. 7 LO 6/1984). No es preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador (art. 4) y la legitimación activa es plural (art. 3).

Figura 2 — Fases del Habeas Corpus: solicitud, admisión, audiencia y resolución (LO 6/1984 arts. 4-8)
Figura 2 — Fases del Habeas Corpus: solicitud, admisión, audiencia y resolución (LO 6/1984 arts. 4-8)

LO 6/1984 arts. 4, 6, 7, 8

04Esquema completo

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (LECrim): competencia y procedimiento

Libro I, Título II, Cap. I: De las reglas por donde se determina la competencia (arts. 8-18)

  • Art. 13 LECrim — Primeras diligencias. Consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, detener, en su caso, a los presuntos responsables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas, o evitar la reiteración delictiva, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares del art. 544 bis o la orden de protección del art. 544 ter. En los delitos cometidos a través de internet, del teléfono o de otra tecnología de la información o la comunicación, el juzgado podrá acordar como primeras diligencias, de oficio o a instancia de parte, la retirada provisional de contenidos ilícitos, la interrupción provisional de los servicios que los ofrezcan o el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.
  • Art. 14 LECrim — Competencia objetiva (redacción de la LO 1/2025). Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales determinados: (1) conocimiento y fallo de los juicios por delito leve: la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (antes, Juez de Instrucción), salvo que corresponda a las secciones de violencia sobre la mujer o de violencia contra la infancia y la adolescencia; (2) instrucción: la Sección de Instrucción del partido en que se cometió el delito, esas secciones de violencia o el Juez Central de Instrucción en los delitos que la Ley determine; (3) conocimiento y fallo de los delitos con pena privativa de libertad no superior a cinco años, multa de cualquier cuantía u otras penas de distinta naturaleza que no excedan de diez años (y de los delitos leves relacionados con ellos): la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de la circunscripción (antes, Juez de lo Penal), las secciones de violencia en su caso o el Juez Central de lo Penal en su ámbito, sin perjuicio de las sentencias de conformidad del art. 801; (4) los demás casos: la Audiencia Provincial o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y, si siendo de la Audiencia Provincial el delito está atribuido al Tribunal del Jurado, este. Las secciones con competencia en materia de violencia sobre la mujer (14.5; antes, Juzgados de Violencia sobre la Mujer) instruyen, entre otros: los delitos de los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexual, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hayan cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad que con él convivan o estén bajo la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género (14.5.a); cualquier delito contra las relaciones familiares cuando la víctima sea alguna de esas personas (14.5.b); y los delitos contra la libertad sexual del título VIII del libro II del Código Penal, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida sea mujer (14.5.h). Adoptan además las órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias del juez de guardia (14.5.c). Las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (14.6) instruyen, entre otros, los delitos de homicidio, aborto, lesiones y lesiones al feto, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, contra la intimidad, la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, contra el honor, contra las relaciones familiares o cualquier otro cometido con violencia o intimidación, cuando la víctima sea niño, niña o adolescente; si los hechos pudieran ser conocidos también por la Sección de Violencia sobre la Mujer, la competencia corresponde en todo caso a esta (14.7).
  • Art. 17 LECrim — Conexidad. Cada delito da lugar a una única causa; los conexos se investigan y enjuician en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto resulten convenientes para su esclarecimiento y para determinar las responsabilidades, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso (17.1). Son conexos (17.2): (1.º) los cometidos por dos o más personas reunidas; (2.º) por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto; (3.º) los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución; (4.º) para procurar la impunidad de otros delitos; (5.º) el favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente; (6.º) los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos. Los no conexos cometidos por la misma persona, con analogía o relación entre sí y de la competencia del mismo órgano, podrán enjuiciarse en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si la investigación y la prueba en conjunto resultan convenientes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación (17.3).

Libro II, Título I: De la denuncia (arts. 259-269)

  • Art. 259 LECrim — Quien presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo (multa formal de 25 a 250 pesetas). Obligación universal del testigo presencial.
  • Art. 260 LECrim — No comprende a los impúberes ni a los que no gozaren del pleno uso de su razón.
  • Art. 261 LECrim — Exenciones por vínculo familiar. No estarán obligados a denunciar: (1.º) el cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva con él en análoga relación de afectividad; (2.º) ascendientes, descendientes y parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive. Excepción a la exención: sí estarán obligados cuando se trate de delito contra la vida, homicidio, lesiones de los arts. 149-150 CP, maltrato habitual del art. 173.2 CP, un delito contra la libertad o contra la libertad e indemnidad sexual o de trata de seres humanos, y la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Trampa-clave: el cónyuge separado legalmente SÍ está obligado a denunciar.
  • Mujer consultando con una abogada en un despacho con estanterías de libros jurídicos al fondo y documentos extendidos sobre la mesa de madera.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 261 LECrim
    Una hija ante la presunta apropiación indebida del padre

    Carolina, de visita en el despacho de su padre, administrador único de la empresa familiar en la que ella no trabaja, ve sobre la mesa las facturas que él ha girado a la sociedad por servicios inexistentes, por valor de cuarenta mil euros. Acude a su abogada para preguntar si está obligada a denunciarlo. La abogada le explica que, como descendiente del presunto autor, queda fuera de la obligación general de denuncia; matiza, no obstante, que la exención no alcanza a los delitos contra la vida, de homicidio, de lesiones de los arts. 149 y 150 CP, de maltrato habitual, contra la libertad o contra la libertad e indemnidad sexual ni de trata de seres humanos, cuando la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección.

    En 2025-A la trampa fue presentar la exención como absoluta; el art. 261 LECrim la excluye en los delitos que enumera, si la víctima es menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección.

    El art. 261 LECrim exime de denunciar al cónyuge no separado legalmente o de hecho o al conviviente en análoga relación de afectividad, y a ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado inclusive, salvo en los delitos que enumera (los que cita la abogada) con víctima menor o con discapacidad necesitada de especial protección.

  • Art. 262 LECrim — Obligados por razón de sus cargos, profesiones u oficios: si tienen noticia de algún delito público, deberán denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo si se trata de un delito flagrante. Multa reforzada para Profesor en Medicina, Cirugía o Farmacia en ejercicio profesional.
  • Art. 263 LECrim — Exención del deber del art. 262: Abogados y Procuradores (instrucciones recibidas de sus clientes) y eclesiásticos o ministros de cultos (noticias del ejercicio de su ministerio).
  • Art. 263 bis LECrim — Circulación o entrega vigilada. Pueden autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas: el Juez de Instrucción competente, el Ministerio Fiscal y los Jefes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial, y sus mandos superiores. Requiere resolución fundada que determine, en cuanto sea posible, el objeto, el tipo y la cantidad. El Juez que la dicte da copia al Juzgado Decano (registro). Aplicable también a los equipos, materiales y sustancias del art. 371 CP, a los bienes y ganancias del art. 301 CP y a los bienes, materiales, objetos y especies animales y vegetales de los arts. 332, 334, 386, 399 bis, 566, 568 y 569 CP. Los Jefes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial, o sus mandos superiores dan cuenta inmediata al Ministerio Fiscal de las autorizaciones que otorguen y, si existe procedimiento judicial abierto, al Juez de Instrucción competente (263 bis.3).
  • Art. 264 LECrim — Quien por cualquier otro medio tenga conocimiento de un delito de los que deben perseguirse de oficio deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción o municipal o a un funcionario de policía, sin quedar obligado a probar los hechos ni a formalizar querella. El denunciador no contraerá en ningún caso otra responsabilidad que la de los delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia o con su ocasión.
  • Art. 265 LECrim — Forma: escrita o de palabra; personalmente o por mandatario con poder especial. Incluirá identificación del denunciante y narración circunstanciada del hecho.
  • Art. 266 LECrim — Escrita: firma autógrafa o manuscrita del denunciante si es presencial (si no puede, otra persona a su ruego) o firma electrónica si es telemática. No se podrán denunciar por vía telemática los hechos producidos con violencia o intimidación, ni si tienen autor conocido, ni si existen testigos, ni si el denunciante es menor de edad, ni si se ha cometido delito flagrante, ni los hechos de naturaleza violenta o sexual.
  • Art. 267 LECrim — Verbal: se levanta acta firmada por declarante y receptor.
  • Art. 268 LECrim — Comprobación de identidad del denunciador; entrega de resguardo si se exige.
  • Art. 269 LECrim — Comprobación inmediata del hecho, salvo que no revista carácter de delito o sea manifiestamente falsa.

Libro II, Título II: De la querella (arts. 270-281)

  • Art. 270 LECrim — Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse (acción popular, art. 101). Extranjeros, por delitos contra sus personas o bienes, previa fianza del art. 280 salvo exenciones del art. 281.
  • Art. 272 LECrim — La querella se interpone ante el Juez de Instrucción competente. Si el querellado tuviere fuero, ante el Tribunal correspondiente.
  • Art. 273 LECrim — En delito in fraganti, en los que no dejan señales permanentes de su perpetración o cuando fuere de temer fundadamente la ocultación o fuga del presunto culpable, el particular que intente querellarse podrá acudir al Juez de instrucción o municipal más próximo o a cualquier funcionario de policía (no solo al competente), a fin de que se practiquen las primeras diligencias y se detenga al delincuente.
  • Arts. 274-275 LECrim — El querellante particular queda sometido al Juez competente; puede apartarse de la querella en cualquier tiempo, quedando sujeto a las responsabilidades que pudieran resultarle por sus actos anteriores. Si la querella es por delito que solo puede perseguirse a instancia de parte, se entiende abandonada cuando el querellante deja de instar el procedimiento dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que el Juez o el Tribunal así lo hubiese acordado (275).
  • Art. 276 LECrim — Abandono por muerte o incapacitación del querellante: 30 días siguientes a la citación para que comparezcan herederos o representantes legales.
  • Art. 277 LECrim — Requisitos formales. Siempre por medio de Procurador con poder bastante y suscrita por Letrado; papel de oficio. Debe expresar: (1.º) Juez o Tribunal; (2.º) datos del querellante; (3.º) datos del querellado; (4.º) relación circunstanciada del hecho (lugar, año, mes, día y hora si se supieren); (5.º) diligencias para comprobación; (6.º) petición de admisión, detención/prisión, fianza y embargo; (7.º) cuando el Procurador no tuviese poder especial para formular la querella, la firma del querellante o, si no supiere o no pudiere firmar, la de otra persona a su ruego.
  • Arts. 278-279 LECrim — Querella por delito a instancia de parte (excepto violación o rapto): acompañar certificación de conciliación intentada. Calumnia o injuria en juicio: licencia del Juez o Tribunal que conoció.
  • Art. 280 LECrim — Fianza del particular querellante en la clase y cuantía fijada por el Juez o Tribunal.
  • Art. 281 LECrim — Exenciones de fianza. (1.º) ofendido, herederos y representantes legales; (2.º) en delitos de asesinato u homicidio: cónyuge del difunto (o análoga relación de afectividad), ascendientes y descendientes, parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive, herederos de la víctima, padres, madres e hijos del delincuente; (3.º) asociaciones de víctimas y personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas, siempre que exista autorización expresa de la víctima. La exención NO se aplica a los extranjeros salvo tratado o reciprocidad.
  • Mujer mayor revisando un formulario en un despacho de abogados, con una abogada de pie a su lado señalando un párrafo del documento.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 281 LECrim
    La víctima de una estafa presenta querella sin fianza

    Lucía, jubilada de sesenta y ocho años, perdió veintidós mil euros en una estafa de inversiones falsas captadas por teléfono. Su abogada le explica que puede iniciar el procedimiento por denuncia o por querella; esta última requiere, con carácter general, una fianza para responder de las resultas del juicio. Lucía teme no poder afrontar miles de euros adicionales. La abogada le aclara que, como ofendida directa por el delito, está exenta de prestar fianza; lo mismo se aplicaría a sus herederos o representantes legales. Lucía firma la querella en el despacho esa misma tarde.

    En 2017-2A y 2023-2A la trampa fue eximir en bloque a las asociaciones de víctimas: el art. 281.3 exige que la propia víctima autorice expresamente la acción penal, y la exención solo alcanza a los extranjeros por tratado o reciprocidad.

    El art. 281 exime de fianza al ofendido y sus herederos o representantes legales; en asesinato u homicidio, al cónyuge o pareja, ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado inclusive, herederos de la víctima y padres, madres e hijos del delincuente; y a asociaciones y personas jurídicas legitimadas, con autorización expresa de la víctima.

Libro II, Título III: De la Policía Judicial (arts. 282-298)

  • Art. 282 LECrim — Objeto y obligaciones. Averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio; practicar diligencias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes; recoger efectos, instrumentos o pruebas en peligro de desaparición y ponerlos a disposición judicial. Información a víctimas (Ley 4/2015) y valoración provisional de medidas de protección. En delitos privados, misma obligación previo requerimiento; sin denuncia, primeras diligencias de prevención y aseguramiento sobre propiedad intelectual e industrial.
  • Art. 282 bis LECrim — Agente encubierto. Autoriza: Juez de Instrucción competente o Ministerio Fiscal (con cuenta inmediata al Juez), mediante resolución fundada. Aplicable a investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada: la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos del catálogo cerrado del apartado 4: (a) obtención y tráfico ilícito de órganos humanos (156 bis CP); (b) secuestro de personas (164-166); (c) trata de seres humanos (177 bis); (d) prostitución (187-189); (e) los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico de los arts. 237, 243, 244, 248 y 301; (f) propiedad intelectual e industrial (270-277); (g) derechos de los trabajadores (312 y 313); (h) derechos de los ciudadanos extranjeros (318 bis); (i) tráfico de especies de flora o fauna amenazada (332 y 334); (j) tráfico de material nuclear y radiactivo (345); (k) salud pública (368-373); (l) falsificación de moneda (386) y de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje (399 bis); (m) tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos (566-568); (n) terrorismo (572-578); y (o) patrimonio histórico (art. 2.1.e LO 12/1995). La identidad supuesta es otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración. Los agentes quedan legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo esa identidad. Resolución reservada con nombre verdadero e identidad supuesta. La información que vaya obteniendo el agente se pone a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación, se aporta al proceso en su integridad y se valora en conciencia por el órgano judicial competente (282 bis.1). Ningún funcionario de la Policía Judicial puede ser obligado a actuar como agente encubierto (282 bis.2). El agente encubierto podrá mantener la identidad falsa al testificar (resolución motivada). Cuando afecte a derechos fundamentales, autorización judicial específica. Exento de responsabilidad criminal por las actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con su finalidad y no constituyan una provocación al delito (282 bis.5). El agente encubierto informático, que actúa bajo identidad supuesta en canales cerrados de comunicación para esclarecer los delitos del apartado 4 o del art. 588 ter a, lo autoriza el juez de instrucción (282 bis.6); el apartado 6 no menciona al Ministerio Fiscal, que sí puede autorizar al agente del apartado 1 (en 2017-2A Q39 el Ministerio Fiscal era uno de los tres distractores). En una investigación con agente encubierto, el juez competente podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio (282 bis.7).
  • Art. 283 LECrim — Composición de la Policía Judicial (sentido amplio). 9 categorías: (1.º) Autoridades administrativas de seguridad pública; (2.º) Empleados o subalternos de policía de seguridad; (3.º) Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de barrio; (4.º) Jefes, Oficiales e individuos de la Guardia Civil u otras fuerzas destinadas a la persecución de malhechores; (5.º) Serenos, Celadores y agentes municipales de policía urbana o rural; (6.º) Guardas de montes, campos y sembrados jurados; (7.º) Funcionarios del Cuerpo especial de Prisiones; (8.º) Agentes judiciales y subalternos de Tribunales y Juzgados; (9.º) Personal de la Jefatura Central de Tráfico encargado de la investigación técnica de los accidentes.
  • Art. 284 LECrim — Atestado sin autor conocido. La PJ lo conservará a disposición del MF y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo: (a) delitos contra la vida, integridad física, libertad e indemnidad sexuales o relacionados con la corrupción; (b) diligencia tras setenta y dos horas desde apertura del atestado con algún resultado; (c) solicitud expresa del MF o autoridad judicial. Obligación de comunicar al denunciante, conforme al derecho que le reconoce el art. 6 Ley 4/2015, que, si no se identifica autor en 72 horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la fiscalía o el juzgado de instrucción.
  • Art. 287 LECrim — Los funcionarios de la PJ practicarán sin dilación las diligencias del MF y las encomendadas durante la causa por los jueces.
  • Art. 292 LECrim — Atestado. Se extiende en papel sellado o común; exactitud de hechos, declaraciones e informes; informe de detenciones anteriores y requisitorias.
  • Art. 295 LECrim — Comunicación a la autoridad judicial o MF en plazo máximo de veinticuatro horas (salvo fuerza mayor o supuesto del art. 284.2).
  • Art. 296 LECrim — Cumplimiento de diligencias por orden judicial: comunicación del resultado en los plazos fijados en la orden o requerimiento.
  • Art. 297 LECrim — Los atestados y las manifestaciones de la PJ a consecuencia de sus averiguaciones se considerarán denuncias a efectos legales. Las demás declaraciones firmadas equivalen a declaraciones testificales sobre hechos de conocimiento propio. Obligación de observar formalidades legales.
  • Art. 298 LECrim. Calificación reservada de la Policía Judicial. Los Jueces de instrucción y los Fiscales calificarán en un registro reservado el comportamiento de los funcionarios que bajo su inspección prestan servicios de Policía judicial y, cada semestre, comunicarán a los superiores de cada uno la calificación razonada de su comportamiento. Si el funcionario que debe ser corregido es de categoría superior a la autoridad judicial o fiscal, ésta no impone la corrección: se limita a ponerlo en conocimiento de su jefe inmediato.

Libro II, Título IV, Cap. I: Del sumario y de las autoridades competentes para instruirlo (arts. 299-305)

  • Art. 299 LECrim. Concepto de sumario. Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos. El art. 300 está suprimido.
  • Art. 301 LECrim. Reserva del sumario. Sus diligencias serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral. Revelarlas indebidamente (abogado, procurador o cualquier particular): multa de 500 a 10.000 euros; el funcionario responde conforme al Código Penal. El art. 301 bis permite medidas para proteger la intimidad de la víctima.
  • Art. 302 LECrim. Secreto del sumario. Las partes personadas pueden tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias. Si el delito fuere público, el Juez de Instrucción, a propuesta del Ministerio Fiscal, de cualquier parte personada o de oficio, puede declararlo mediante auto total o parcialmente secreto para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes, cuando resulte necesario para: (a) evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona; o (b) prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso. El secreto deberá alzarse necesariamente con al menos diez días de antelación a la conclusión del sumario.
  • Arts. 303-305 LECrim. Quién instruye. Los Jueces de instrucción del partido y, a prevención, los municipales (303); las Salas de gobierno pueden nombrar un Juez instructor especial, solo para el sumario (304-305). Delito que solo pueden cometer aforados: el Juez ordinario adopta las medidas urgentes y remite las diligencias al Tribunal competente en un término que en ningún caso podrá exceder de tres días (303).

Libro II, Título IV, Cap. II: De la formación del sumario (arts. 306-325)

  • Art. 306 LECrim. Los Jueces de instrucción forman los sumarios de los delitos públicos bajo la inspección directa del Fiscal del Tribunal competente; el fiscal puede intervenir por videoconferencia si hay medios técnicos.
  • Art. 307 LECrim. Primeras diligencias del Juez municipal. Si el Juez municipal comienza a instruir las primeras diligencias del sumario, practicadas las más urgentes y las que le hubiere prevenido el Juez de instrucción, le remitirá la causa, que nunca podrá retener más de tres días.
  • Art. 308 LECrim. El Secretario judicial comunica el delito al Fiscal de la Audiencia y da parte al Presidente de ésta dentro de los dos días siguientes al inicio de la instrucción.
  • Arts. 309-310 LECrim. Inculpado sometido a un Tribunal excepcional: tras las primeras diligencias, el Juez espera las órdenes de ese Tribunal (309). Delito del Tribunal del Jurado: si el Juez no incoa su procedimiento, queja ante la Audiencia Provincial, que resuelve antes de ocho días (309 bis). Delegación en los municipales, con uso moderado (310).
  • Arts. 311-317 LECrim. Diligencias de las partes. Se practican las que propongan el Ministerio Fiscal o las partes si no son inútiles o perjudiciales; contra su denegación, apelación en un solo efecto (311). La querella se desestima si los hechos no son delito o el Juez no es competente, con apelación en ambos efectos (313). Lo denegado puede pedirse de nuevo en el juicio oral (314). El art. 316 está derogado.
  • Arts. 318-323 LECrim. Delito grave, de difícil comprobación o que haya causado alarma: el Juez de instrucción se traslada al lugar (318), y el Fiscal acude o envía a un subordinado (319). Sin Secretario, en casos urgentes y extraordinarios: un Notario o dos hombres buenos mayores de edad que sepan leer y escribir, los cuales jurarán guardar fidelidad y secreto (321).
  • Art. 324 LECrim. Plazo de la instrucción. La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa. Si se constata que no podrá terminarse en plazo, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes, puede acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses, siempre mediante auto razonado (la denegación también se motiva). Las diligencias acordadas antes de que venza el plazo valen aunque se reciban después (324.2); si el plazo vence sin auto de prórroga, o éste se revoca en recurso, no valen las acordadas desde esa fecha (324.3). Transcurrido el plazo o sus prórrogas: auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda (324.4).
  • Art. 325 LECrim. Comparecencia por videoconferencia del investigado, testigos, peritos u otros intervinientes, por razones de utilidad, seguridad u orden público, o cuando comparecer resulte particularmente gravoso o perjudicial.

Libro II, Título V, Cap. I: De la inspección ocular (arts. 326-333)

  • Arts. 326-332 LECrim. Si el delito dejó vestigios, el Juez ordena recogerlos y conservarlos para el juicio oral y practica la inspección ocular; ante huellas de posible análisis biológico, ordena a la Policía Judicial o al médico forense medidas que garanticen su autenticidad (326). Robo con fractura, escalamiento o violencia: parecer de peritos (328). Sin huellas: testigos y preexistencia de la cosa sustraída (330-331). Todo por escrito en el acto mismo (332).
  • Art. 333 LECrim. Presencia del procesado. La persona declarada procesada como presunta autora podrá presenciarlas, ya sola, ya asistida del defensor que eligiese o le fuese nombrado de oficio, si así lo solicitara; uno y otro pueden hacer observaciones, que se consignan por diligencia si no se aceptan. El Secretario judicial le notifica el acuerdo con la anticipación que permita su índole, y la diligencia no se suspenderá por la falta de comparecencia del procesado o de su defensor. Igual derecho tiene quien esté privado de libertad en razón de estas diligencias.

Libro II, Título V, Cap. II: Del cuerpo del delito (arts. 334-367)

  • Art. 334 LECrim. Recogida de los efectos del delito. El Juez instructor ordenará recoger en los primeros momentos las armas, instrumentos o efectos de cualquiera clase que puedan tener relación con el delito, hallados en el lugar, en sus inmediaciones, en poder del reo o en otra parte conocida. El Secretario judicial extenderá diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, describiéndolos minuciosamente, y la firma la persona en cuyo poder se hallaron. Desde el 1 de octubre de 2015, toda referencia a los Secretarios judiciales se entiende hecha a los Letrados de la Administración de Justicia (disposición adicional primera de la LO 7/2015). El afectado puede recurrir en cualquier momento la incautación ante el Juez de Instrucción, sin abogado si recurre un tercero distinto del imputado. Los efectos de la víctima se le restituyen inmediatamente, salvo que excepcionalmente deban conservarse como medio de prueba o para la práctica de otras diligencias; pero también se restituyen inmediatamente cuando, debiendo conservarse, su conservación pueda garantizarse imponiendo al propietario el deber de mantenerlos a disposición del Juez o Tribunal.
  • Arts. 335-339 LECrim. Descripción de la persona o cosa objeto del delito (335); reconocimiento pericial, al que pueden asistir el procesado y su defensor (336); recogida que garantice su integridad (338).
  • Arts. 340-343 LECrim. Muerte violenta o sospechosa. Antes del enterramiento, o tras la exhumación, el cadáver se identifica por testigos (340); sin testigos de conocimiento, si su estado lo permite, se expone al público antes de la autopsia a lo menos veinticuatro horas (341); si nadie lo reconoce, se recogen sus efectos personales (342). Se practica la autopsia aun cuando por la inspección exterior pueda presumirse la causa de la muerte (343).
  • Arts. 344-353 LECrim. Médico forense. Uno en cada Juzgado de instrucción (344); licencia para ausentarse: del Juez, hasta ocho días; del Presidente de la Audiencia, hasta veinte; del Ministro, por el tiempo que estime conveniente (345). Autopsia en local público; si el Juez no puede asistir, delega en un funcionario de Policía judicial (353).
  • Art. 354 LECrim. Muerte en accidente ferroviario. Si la muerte sobreviene por un accidente en las vías férreas yendo un tren en marcha, únicamente se detendrá éste el tiempo preciso para separar el cadáver o cadáveres de la vía, haciéndose constar previamente su situación y estado por: (1) la autoridad o funcionario de Policía judicial que se presente en el lugar; (2) quienes accidentalmente se hallen en el mismo tren; (3) en defecto de ambos, el empleado de mayor categoría a cuyo cargo vaya; con preferencia para los empleados o agentes del Gobierno. Se avisa a la Autoridad que deba instruir las primeras diligencias y acordar el levantamiento de los cadáveres, sin perjuicio de seguir el tren su marcha.
  • Arts. 355-362 LECrim. En lesiones, los médicos del herido dan parte de su estado (355). Análisis químicos: Doctores en Medicina, Farmacia o Ciencias físico-químicas, o Ingenieros de la especialidad química, y el procesado puede nombrar un perito (356); no están obligados a trabajar más de tres horas por día, salvo casos urgentes o extraordinarios (358).
  • Art. 363 LECrim. Análisis químicos y perfil de ADN. Los Juzgados y Tribunales ordenarán los análisis químicos únicamente en los casos en que consideren absolutamente indispensables para la investigación judicial y la recta administración de justicia. Siempre que concurran acreditadas razones que lo justifiquen, el Juez de Instrucción podrá acordar, en resolución motivada, la obtención de muestras biológicas del sospechoso indispensables para determinar su perfil de ADN, mediante actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal adecuados a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. El artículo no limita esta medida a un catálogo de delitos.
  • Arts. 364-367 LECrim. Preexistencia de lo robado, hurtado o estafado sin testigos (364); valor tasado por peritos, y el de mercancías sustraídas en comercios, su precio de venta al público (365); durante el sumario no se admiten reclamaciones ni tercerías para devolver los efectos del cuerpo del delito (367).

Libro II, Título V, Cap. II bis: De la destrucción y la realización anticipada de los efectos judiciales (arts. 367 bis-367 septies)

  • Arts. 367 bis-367 septies LECrim. Son efectos judiciales los bienes puestos a disposición judicial, embargados, incautados o aprehendidos en un procedimiento penal (367 bis). Pueden destruirse dejando muestras suficientes; las drogas las destruye la autoridad administrativa si, pasado un mes desde la comunicación al Juez, éste no ordena su conservación íntegra (367 ter). Los de lícito comercio pueden realizarse anticipadamente (entrega a entidades sin ánimo de lucro o Administraciones públicas, entidad especializada o subasta pública) o usarse provisionalmente, y su gestión puede encomendarse a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (367 quáter-367 septies).

Libro II, Título V, Cap. III: De la identidad del delincuente y de sus circunstancias personales (arts. 368-384 bis)

  • Art. 368 LECrim. Quien dirija cargo a una persona deberá reconocerla judicialmente si el Juez instructor, los acusadores o el propio inculpado consideran fundadamente precisa la diligencia para identificarla.
  • Art. 369 LECrim. Reconocimiento en rueda. Se pone a la vista del que haya de reconocer a la persona que haya de ser reconocida, haciéndola comparecer en unión con otras de circunstancias exteriores semejantes. El reconocimiento se hace a presencia de todas ellas, o desde un punto en que no pudiere ser visto, según al Juez pareciere más conveniente: el punto oculto es una opción del Juez, no una obligación. Quien reconoce manifiesta si está en la rueda o grupo la persona a que se refirió en sus declaraciones y, si es así, la designa clara y determinadamente. En la diligencia constan todas las circunstancias del acto y los nombres de todos los que hubiesen formado la rueda o grupo.
  • Art. 370 LECrim. Varios que reconocen o varios reconocidos. Si son varios los que reconocen a una persona, la diligencia se practica separadamente con cada uno de ellos, sin que puedan comunicarse entre sí hasta que se haya efectuado el último reconocimiento. Si son varios los que han de ser reconocidos por una misma persona, podrá hacerse el reconocimiento de todos en un solo acto.
  • Arts. 371-383 LECrim. Identidad y circunstancias del procesado. Quien detenga al presunto culpable evita que altere su persona o traje (371). Edad: certificación del Registro civil o, si no es posible, informe de los Médicos forenses (375). Antecedentes penales: el Registro Central de Penados los da en el improrrogable término de tres días (379). Demencia sobrevenida: concluso el sumario, se archiva la causa hasta que el procesado recobre la salud (383).
  • Art. 384 LECrim. Auto de procesamiento. Desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona, se dictará auto declarándola procesada; desde entonces puede valerse de Letrado mientras no esté incomunicado. Contra el auto de procesamiento, reforma en tres días y, contra su denegación, apelación en un efecto en cinco días. Art. 384 bis: firme el procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que ostente función o cargo público queda automáticamente suspendido mientras dure la prisión.

Libro II, Título V, Cap. IV: De las declaraciones de los procesados (arts. 385-409 bis)

  • Art. 385 LECrim. El Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del querellante particular, toma a los procesados cuantas declaraciones considere convenientes, y puede excluir del interrogatorio al acusador privado y al actor civil.
  • Art. 386 LECrim. Primera declaración del detenido. Si el procesado está detenido, se le recibe la primera declaración dentro del término de veinticuatro horas, prorrogable por otras cuarenta y ocho, si mediare causa grave, que se expresa en la providencia que acuerda la prórroga.
  • Arts. 388-393 LECrim. Forma del interrogatorio. Preguntas directas, nunca de un modo capcioso o sugestivo, y sin coacción ni amenaza (389). Respuestas orales, aunque el Juez puede permitir una contestación escrita sobre puntos difíciles o la consulta de apuntes (390). Si rehúsa contestar o se finge loco, sordo o mudo, se continúa la instrucción (392); si pierde la serenidad, el examen se suspende para que descanse (393).
  • Arts. 396-409 LECrim. Garantías. Sin cargos ni reconvenciones (396); puede dictar sus declaraciones (397) y declarar cuantas veces quisiere (400). La confesión del procesado no dispensará al Juez de instrucción de practicar todas las diligencias necesarias para comprobarla (406). El menor de edad declara sin curador (409). Los arts. 387, 394 y 395 están derogados.
  • Art. 409 bis LECrim. Persona jurídica investigada. Declara su representante especialmente designado, asistido de su Abogado, con los derechos a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable. Su incomparecencia determinará que se tenga por celebrado este acto, entendiéndose que se acoge a su derecho a no declarar.

Libro II, Título V, Cap. V: De las declaraciones de los testigos (arts. 410-450)

  • Art. 410 LECrim. Deber de comparecer y declarar. Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tienen obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que se les pregunte, si se les cita en forma.
  • Art. 411 LECrim. Exentos del deber de declarar. Se exceptúan del artículo anterior el Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe heredero y los Regentes del Reino. También están exentos del deber de declarar los Agentes Diplomáticos acreditados en España, en todo caso, y el personal administrativo, técnico o de servicio de las misiones diplomáticas y sus familiares, si concurren en ellos los requisitos de los tratados.
  • Art. 412.1-4 LECrim. Exentos de concurrir, pero no de declarar: por escrito. Las demás personas de la Familia Real no acuden al llamamiento del Juez, pero declaran, y pueden hacerlo por escrito (412.1). Están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos que conozcan por razón de su cargo (412.2): (1.º) el Presidente y los demás miembros del Gobierno; (2.º) los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado; (3.º) el Presidente del Tribunal Constitucional; (4.º) el Presidente del Consejo General del Poder Judicial; (5.º) el Fiscal General del Estado; (6.º) los Presidentes de las Comunidades Autónomas. Sobre hechos que no conozcan por su cargo, declaran en su domicilio o despacho oficial (412.3); quienes hayan desempeñado esos cargos conservan la exención para lo que conocieron por razón de él (412.4).
  • Art. 412.5-7 LECrim. Exentos de concurrir, pero no de declarar: en su despacho. Declaran sin acudir al Juzgado, pudiendo hacerlo en su despacho oficial o en la sede del órgano del que sean miembros (412.5): (1.º) Diputados o Senadores; (2.º) Magistrados del Tribunal Constitucional y Vocales del CGPJ; (3.º) Fiscales de Sala del Tribunal Supremo; (4.º) Defensor del Pueblo; (5.º) autoridades judiciales de categoría superior a la del que recibe la declaración; (6.º) Presidentes de las Asambleas Legislativas autonómicas; (7.º) Presidente y Consejeros Permanentes del Consejo de Estado; (8.º) Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas; (9.º) miembros de los Consejos de Gobierno autonómicos; (10.º) Secretarios de Estado, Subsecretarios y asimilados, Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla, Gobernadores civiles y Delegados de Hacienda. Si su competencia es territorial, la exención rige solo en su territorio, salvo los Presidentes autonómicos y de sus Asambleas (412.6); los miembros de las Oficinas Consulares se rigen por los Convenios Internacionales (412.7).
  • Arts. 413-415 LECrim. El Juez se desplaza al domicilio o despacho oficial, previo aviso (413); la resistencia a recibirle o a declarar se comunica al Ministerio Fiscal (414); diplomáticos y consulares son invitados a declarar por escrito, por vía diplomática (415).
  • Art. 416 LECrim. Dispensados de la obligación de declarar. (1) Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil. El Juez les advierte de que no tienen obligación de declarar en contra del procesado. La dispensa no se aplica (416.1, 1.º-5.º) si el testigo representa o guarda a la víctima menor o con discapacidad necesitada de especial protección; en delito grave con testigo mayor de edad y víctima menor o con esa discapacidad; si por su edad o discapacidad no puede comprender la dispensa; si está o estuvo personado como acusación particular; o si aceptó declarar tras ser informado. (2) El Abogado del procesado, sobre lo que éste le confió como defensor. (3) Los traductores e intérpretes de las conversaciones del procesado con su Abogado.
  • Art. 417 LECrim. No pueden ser obligados a declarar como testigos. (1.º) Los eclesiásticos y ministros de los cultos disidentes, sobre los hechos que les fueren revelados en el ejercicio de las funciones de su ministerio; (2.º) los funcionarios públicos, civiles o militares, cuando no puedan declarar sin violar el secreto que deben guardar por razón de su cargo o cuando, actuando en virtud de obediencia debida, no los autorice su superior jerárquico; (3.º) Los incapacitados física o moralmente. La exención del eclesiástico alcanza solo a lo revelado en el ejercicio de su ministerio: fuera de él rige el deber general del art. 410.
  • Arts. 418-420 LECrim. Ningún testigo está obligado a contestar lo que perjudique de manera directa e importante a los parientes del art. 416, salvo que el delito revista suma gravedad por atentar a la seguridad del Estado, a la tranquilidad pública o a la sagrada persona del Rey o de su sucesor (418). Testigo impedido: el Juez acude a su domicilio si el interrogatorio no pone en peligro su vida (419). Quien sin estar impedido no concurre al primer llamamiento (salvo los del art. 412) o se resiste a declarar: multa de 200 a 5.000 euros; si persiste, quien no comparece es conducido por los agentes y perseguido por obstrucción a la justicia (art. 463.1 CP), y quien no declara, también por desobediencia grave (420).
  • Arts. 421-432 LECrim. Citación. Al testigo de otro partido solo se le hace comparecer si es absolutamente necesario, por auto motivado (422); en el extranjero, suplicatorio por vía diplomática (424). Si urge, citación verbal (430), que pueden practicar los agentes de policía habilitados (431); paradero desconocido: lo averigua el Secretario judicial a través de la Policía Judicial y los registros (432).
  • Arts. 433-436 LECrim. Juramento y forma. Los mayores de edad penal prestan juramento o promesa, y el Juez les informa del delito de falso testimonio; la víctima puede ir acompañada de su representante legal y, salvo que el Juez lo deniegue motivadamente, de una persona de su elección; la declaración se graba (433). Declaran separada y secretamente ante el Juez y el Secretario (435). Si el testigo es miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, basta para su identificación su número de registro personal y la unidad administrativa a la que está adscrito. El Juez deja a todo testigo narrar sin interrupción y después le pregunta (436).
  • Art. 437 LECrim. Declaración de viva voz. Los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer declaración ni respuesta alguna que lleven escrita. Podrán, sin embargo, consultar algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar. El testigo podrá dictar las contestaciones por sí mismo.
  • Arts. 438-445 LECrim. Puede ser llevado al lugar de los hechos o ante los objetos, solos o mezclados con otros semejantes (438). Prohibidas las preguntas capciosas o sugestivas y la coacción, engaño, promesa o artificio (439). Intérprete si no habla español (440-441) y de lengua de signos si es sordo (442).
  • Arts. 446-449 LECrim. El testigo debe comparecer de nuevo cuando se le cite y comunicar sus cambios de domicilio, bajo multa de 200 a 1.000 euros (446). Si va a salir del territorio nacional o se teme su muerte o incapacidad antes del juicio oral, declara en el acto con contradicción, y el reo nombra abogado en veinticuatro horas (448). En inminente peligro de muerte del testigo se le toma declaración con toda urgencia, aunque el procesado no pudiese ser asistido de Letrado (449).
  • Art. 449 bis LECrim. Prueba preconstituida. Con contradicción: la ausencia del investigado citado no la impide, pero su defensa letrada deberá estar presente en todo caso; se graba y se acompaña acta sucinta del Letrado de la Administración de Justicia.
  • Art. 449 ter LECrim. Testigo menor de catorce años o con discapacidad. Si un menor de catorce años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección debe declarar como testigo en la instrucción de los delitos que enumera (homicidio, lesiones, contra la libertad, contra la libertad e indemnidad sexuales, trata de seres humanos o terrorismo, entre otros), la autoridad judicial acordará, en todo caso, practicar la audiencia del menor como prueba preconstituida, si es preciso con equipos psicosociales, siempre grabada y evitando la confrontación visual con el investigado.
  • Art. 450 LECrim. Sin tachaduras, enmiendas ni entrerrenglonaduras: las equivocaciones se consignan al final.

Libro II, Título V, Cap. VI: Del careo de los testigos y procesados (arts. 451-455)

  • Arts. 451-455 LECrim. Careo. Si los testigos o los procesados, entre sí o unos con otros, discordaren sobre algún hecho o circunstancia, el Juez podrá carearlos, por regla general solo entre dos personas a la vez (451). Se les leen sus declaraciones, se recuerda a los testigos su juramento y las penas del falso testimonio y se les invita a ponerse de acuerdo (452); el Secretario da fe de todo (453), y no se permiten insultos ni amenazas (454). Es subsidiario: No se practicarán careos sino cuando no fuere conocido otro modo de comprobar la existencia del delito o la culpabilidad de alguno de los procesados; con testigos menores de edad, solo si el Juez lo considera imprescindible y no lesivo para su interés, previo informe pericial (455).

Libro II, Título V, Cap. VII: Del informe pericial (arts. 456-485)

  • Arts. 456-458 LECrim. El Juez acuerda el informe pericial cuando sean necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos (456). Peritos titulares: tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado; no titulares: sin título, con conocimiento o prácticas especiales (457). El Juez prefiere a los titulares (458).
  • Art. 459 LECrim. Todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos, salvo que no haya más de uno en el lugar y no sea posible esperar a otro sin graves inconvenientes para el sumario.
  • Arts. 460-466 LECrim. Nadie puede negarse a ser perito si no está legítimamente impedido (462), bajo las responsabilidades del testigo del art. 420 (463). No pueden ser peritos los dispensados de declarar del art. 416; si informan sin advertirlo, multa de 200 a 5.000 euros, a no ser que el hecho diere lugar a responsabilidad criminal (464).
  • Arts. 467-470 LECrim. Recusación de los peritos. Si el reconocimiento e informe pueden reproducirse en el juicio oral, los peritos no pueden ser recusados; si no pueden reproducirse, sí (467). Causas (468): (1.º) El parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el reo; (2.º) El interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante; (3.º) La amistad íntima o la enemistad manifiesta. Se recusa por escrito antes de empezar la diligencia, sin necesidad de Procurador (469), y el Juez resuelve en el acto (470).
  • Arts. 471-485 LECrim. Práctica del informe. Si el informe no se puede reproducir en el juicio oral, querellante y procesado pueden nombrar a su costa un perito (471). Contenido, si es posible: (1.º) descripción de la persona o cosa; (2.º) relación de las operaciones y su resultado; (3.º) conclusiones (478). Si hay que destruir los objetos, se conserva parte para un nuevo análisis (479). Peritos discordes en número par: el Juez nombra otro (484).

Libro II, Título VI, Cap. II: De la detención (arts. 489-501)

  • Art. 489 LECrim — Principio de legalidad: ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y formas que las leyes prescriban.
  • Art. 490 LECrim — Detención facultativa por cualquier persona. Cualquier persona puede detener: (1.º) al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo; (2.º) al delincuente in fraganti; (3.º) al fugado del establecimiento penal extinguiendo condena; (4.º) al fugado de la cárcel en espera de traslado; (5.º) al fugado al ser conducido al establecimiento; (6.º) al fugado estando detenido o preso por causa pendiente; (7.º) al procesado o condenado en rebeldía.
  • Dependiente con delantal bloqueando la salida de un pequeño supermercado de barrio a un cliente con abrigo.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 490 LECrim
    Un dependiente retiene al ladrón hasta que llegue la patrulla

    Javier, dependiente de un pequeño supermercado de barrio en Murcia, observa cómo un cliente se introduce bajo el abrigo varias botellas de licor de gama alta, por valor de más de cuatrocientos euros, y se dirige a la salida sin pasar por caja. Lo alcanza ya en la acera, le bloquea el paso contra la pared del local y le retiene allí hasta que llegue la patrulla, sin causarle lesiones ni esposarle. El sujeto protesta: «tú no eres policía, no puedes retenerme». Javier responde que sí puede, porque le ha visto cometer el hurto en el acto. Cuando los agentes llegan, formalizan la detención policial y se hacen cargo del detenido.

    El examen explota la frontera «cualquier persona» vs solo la autoridad. El art. 490 es expreso: cualquier persona puede detener al delincuente in fraganti, no únicamente la fuerza actuante.

    El art. 490 LECrim permite a cualquier persona detener al delincuente in fraganti, entre otros supuestos, sin orden judicial. Lo sustraído supera los 400 euros; por menos sería, en principio, delito leve de hurto (art. 234.2 CP), y el art. 495 no permitiría detenerle, salvo que no tuviera domicilio conocido ni diera fianza bastante.

  • Art. 491 LECrim — El particular justificará, si se le exige, motivos racionalmente suficientes para creer que concurría alguno de los supuestos del art. 490.
  • Art. 492 LECrim — Detención obligatoria para la autoridad o agente de PJ. (1.º) Los del art. 490; (2.º) procesado por delito con pena superior a prisión correccional; (3.º) procesado con pena inferior si los antecedentes o circunstancias hicieren presumir incomparecencia (salvo fianza bastante); (4.º) al que estuviere en el caso del número anterior aunque todavía no se hallase procesado, si concurren las dos circunstancias: motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito, y también para creer que esa persona tuvo participación en él.
  • Art. 493 LECrim — Si no procede detener, la autoridad o agente tomará nota de identidad y la entregará al Juez o Tribunal.
  • Art. 494 LECrim: el Juez o Tribunal de la causa acordará también la detención de los comprendidos en el art. 492, a prevención con las Autoridades y agentes de Policía judicial.
  • Art. 495 LECrim — Delitos leves: no se podrá detener, salvo que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante a juicio de la autoridad o agente.
  • Art. 496 LECrim — Plazo de entrega. El particular, Autoridad o agente de PJ que detuviere deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez más próximo dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma. Dilación superior: responsabilidad penal.
  • Art. 497 LECrim — El Juez o Tribunal de la causa al que se entrega al detenido (en las detenciones de los arts. 490.1.º, 2.º, 6.º y 7.º, en cuanto al procesado, y 492.2.º-4.º, o acordadas por él mismo) eleva la detención a prisión o la deja sin efecto en el término de setenta y dos horas desde la entrega.
  • Arts. 498-501 LECrim — Trámite cuando la entrega es a Juez distinto del competente (498); primeras diligencias del Juez de instrucción (499); envío al establecimiento cuando corresponde a fugados o condenados (500); notificación del auto de prisión al MF, querellante y procesado, con derecho a pedir reposición (501).

Libro II, Título VI, Cap. IV: Derechos del detenido y preso (arts. 520-527)

  • Art. 520.1 LECrim — La detención y la prisión provisional se practicarán de la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Duración: tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, plazo máximo de setenta y dos horas. En el atestado constará lugar y hora de detención y de puesta a disposición.
  • Art. 520.2 LECrim — Derechos del detenido (catálogo a-j). Por escrito, en lenguaje sencillo y accesible, en lengua que comprenda: (a) guardar silencio, no declarar o no contestar a algunas preguntas, o declarar sólo ante el juez; (b) no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; (c) designar abogado y a ser asistido sin demora injustificada (comunicación telefónica o por videoconferencia si la lejanía geográfica impide la asistencia inmediata, salvo que dicha comunicación sea imposible), sin perjuicio del art. 527.1.a), que permite privar al detenido o preso incomunicado, si así lo justifican las circunstancias del caso, de designar abogado de su confianza; (d) acceder a los elementos esenciales de las actuaciones para impugnar la legalidad; (e) comunicar a familiar o persona elegida la privación de libertad y lugar de custodia (extranjeros: a la oficina consular de su país); (f) comunicarse telefónicamente con un tercero de su elección, sin demora injustificada, en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio del art. 527; (g) ser visitado por las autoridades consulares de su país y mantener correspondencia con ellas; (h) intérprete gratuito si es extranjero que no comprende o no habla el castellano o la lengua oficial de la actuación, o persona sorda, con discapacidad auditiva o con otras dificultades del lenguaje; (i) ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas; (j) solicitar asistencia jurídica gratuita, con el procedimiento para hacerlo y las condiciones para obtenerla. Plazo del abogado para acudir: máximo de tres horas desde la recepción del encargo (art. 520.5).
  • Art. 520.4 LECrim — Detenido menor: puesta a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía; comunicación inmediata a quienes ejerzan patria potestad, tutela o guarda de hecho. En conflicto de intereses, defensor judicial. Si es extranjero, notificación de oficio al Cónsul.
  • Art. 520.5-6 LECrim — Designación libre de abogado; el abogado solicita, en su caso, que se informe al detenido de sus derechos y, si es necesario, el reconocimiento médico; interviene en sus declaraciones, en los reconocimientos de que sea objeto y en las reconstrucciones de los hechos en que participe; le informa de las consecuencias de consentir o no las diligencias que se le pidan; y se entrevista reservadamente con él, incluso antes de que declare ante la policía, el fiscal o el juez, sin perjuicio del art. 527 (520.6). Solo si la detención es por hechos tipificables exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico puede el detenido renunciar a la asistencia de abogado, tras recibir información clara y suficiente (520.8).
  • Art. 520 bis LECrim — Detención por terrorismo (art. 384 bis). Puesta a disposición judicial en setenta y dos horas. Prolongación máxima de otras 48 horas, siempre que la prórroga sea solicitada mediante comunicación motivada dentro de las primeras 48 horas desde la detención y la autorice el Juez en las 24 horas siguientes. Incomunicación: el Juez resuelve por auto motivado en el plazo de veinticuatro horas desde la solicitud; mientras tanto el detenido queda incomunicado, sin perjuicio del derecho de defensa.
  • Art. 520 ter LECrim — Detenidos en espacios marinos por delitos del art. 23.4.d LOPJ: derechos del capítulo en la medida compatible con los medios a bordo; puesta a disposición judicial en cuanto sea posible y nunca después de 72 horas; admite vía telemática.
  • Art. 527 LECrim — Régimen del incomunicado. En los supuestos del art. 509, el detenido o preso puede ser privado, si así lo justifican las circunstancias del caso, de: (a) designar abogado de confianza; (b) comunicarse con las personas (salvo autoridad judicial, MF y Médico Forense); (c) entrevistarse reservadamente con su abogado; (d) acceder él o su abogado a las actuaciones (salvo elementos esenciales). Acuerdo por auto motivado. Si la restricción la solicita la PJ o el MF, se aplica automáticamente por plazo máximo de 24 horas, dentro de las que el Juez debe pronunciarse. Reconocimientos médicos: al menos dos cada 24 horas.

Libro II, Título VIII, Cap. I: Entrada y registro en lugar cerrado (arts. 545-572)

  • Art. 545 LECrim — Inviolabilidad: nadie podrá entrar en el domicilio de un español o extranjero residente sin su consentimiento, salvo en los casos y la forma previstos en las leyes.
  • Art. 546 LECrim — El Juez competente puede decretar entrada y registro, de día o de noche, en edificios y lugares públicos cuando haya indicios del procesado o efectos del delito.
  • Art. 547 LECrim — Concepto de edificio o lugar público. (1.º) los destinados a cualquier servicio oficial, militar o civil del Estado, Provincia o Municipio, aunque habiten allí los encargados de dicho servicio o los de la conservación y custodia del edificio o lugar; (2.º) los destinados a establecimiento de reunión o recreo, lícitos o no; (3.º) cualesquiera otros edificios o lugares cerrados que no constituyan domicilio (art. 554); (4.º) los buques del Estado.
  • Hombre frente a una persiana metálica medio bajada de un taller, junto a un agente de uniforme genérico de espaldas.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 547 LECrim
    El taller cerrado, ¿es domicilio a efectos del registro?

    Antonio regenta un taller de reparación de motocicletas en un polígono industrial de Sevilla. Una tarde, ya cerrado el local, se le notifica un auto judicial de entrada y registro. Antonio se persona y pregunta a la instructora si se aplican las mismas garantías reforzadas que para un domicilio. La instructora le explica que su nave es un lugar cerrado destinado a una actividad económica, no constituye morada de un particular, y por tanto encaja en el apartado de otros edificios o lugares cerrados que no constituyen domicilio: rige el régimen de los edificios y lugares públicos (arts. 546-547), no el reforzado del domicilio (arts. 550 y 554).

    En 2017-1A la trampa fue dar por domicilio lugares que el art. 547 reputa públicos (un establecimiento de reunión, los buques del Estado); en 2020-1A, 2022 (Canarias) y 2023-1A se preguntó la lista del art. 547.

    El art. 547 LECrim reputa edificios o lugares públicos los destinados a servicio oficial, los de reunión o recreo, fueren o no lícitos, otros lugares cerrados que no constituyan domicilio de un particular y los buques del Estado.

  • Arts. 548-549 LECrim — Para la entrada y registro en el Palacio de cualquiera de los Cuerpos Colegisladores, el Juez necesita la autorización del Presidente respectivo (548); en los templos y demás lugares religiosos basta pasar recado de atención a las personas a cuyo cargo estuvieren (549).
  • Art. 550 LECrim — Entrada y registro en domicilio de español o extranjero residente en España: con consentimiento del interesado; sin él, auto motivado notificado a la persona inmediatamente o, lo más tarde, dentro de las 24 horas de haberse dictado.
  • Arts. 551-552 LECrim — Presta su consentimiento quien, requerido para que permita la entrada y registro, ejecuta los actos necesarios que de él dependan sin invocar la inviolabilidad del domicilio (551). Se evitarán las inspecciones inútiles, sin perjudicar ni importunar al interesado más de lo necesario, sin comprometer su reputación y respetando sus secretos si no interesan a la instrucción (552).
  • Art. 553 LECrim — Los agentes de policía podrán detener de propia autoridad cuando haya mandamiento de prisión, en flagrante delito, cuando el delincuente perseguido inmediatamente se oculte o refugie en alguna casa o, en casos de excepcional o urgente necesidad, a los presuntos responsables de las acciones del art. 384 bis, cualquiera que sea el lugar o domicilio donde se oculten, y registrar con ocasión de esa detención esos lugares y ocupar los efectos e instrumentos que pudieran guardar relación con el delito perseguido. Del registro se da cuenta inmediata al Juez competente, con sus causas, resultados, detenciones, intervinientes e incidentes.
  • Art. 554 LECrim — Concepto de domicilio. (1.º) Palacios Reales, habitados o no por el Monarca; (2.º) edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada principalmente a la habitación de un español o extranjero residente y su familia; (3.º) buques nacionales mercantes; (4.º) en personas jurídicas imputadas, el espacio físico que constituya su centro de dirección (domicilio social o establecimiento dependiente) o aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan reservados al conocimiento de terceros.
  • Arts. 555-568 LECrim — Para registrar en el Palacio en que se halle residiendo el Monarca, el Juez solicitará real licencia por conducto del Mayordomo Mayor de Su Majestad (555); en los Sitios Reales en que no se halle el Monarca será necesaria la licencia del Jefe o empleado del servicio de Su Majestad que tenga a su cargo la custodia del edificio, o la del que haga sus veces si estuviere ausente (556); el art. 557 está anulado. El auto de entrada y registro en el domicilio de un particular será siempre fundado, y el Juez expresará en él concretamente el edificio o lugar cerrado en que haya de verificarse, si tendrá lugar tan solo de día y la Autoridad o funcionario que lo haya de practicar (558). En los edificios destinados a la habitación u oficina de los representantes de naciones extranjeras acreditados ante el Gobierno de España, el Juez les pedirá su venia por atento oficio, rogándoles que contesten en el término de doce horas; si no contestan o la deniegan, lo comunicará inmediatamente al Ministerio de Gracia y Justicia y, mientras el Ministro no le comunique su resolución, se abstendrá de entrar y registrar, pero adoptará las medidas de vigilancia del art. 567 (559-560). En los buques extranjeros de guerra, la falta de autorización del Comandante se suple por la del Embajador o Ministro de la nación a que pertenezcan (561); en las habitaciones y oficinas de los Cónsules extranjeros se puede entrar pasándoles previamente recado de atención y observando las formalidades de la Constitución y de las leyes (562). Si el lugar está en su propio territorio, el Juez instructor podrá encomendar la entrada y registro al Juez municipal del territorio o a cualquier Autoridad o agente de Policía judicial; si está fuera, la encomendará al Juez de su propia categoría de ese territorio, que a su vez podrá encomendarla a las Autoridades o agentes de Policía judicial (563). En los edificios o lugares públicos del art. 547, 1.º y 3.º, el Juez oficiará a la Autoridad o Jefe de que dependan y, si no contesta en el término fijado, el auto se notificará al encargado de su conservación o custodia; en los buques del Estado, las comunicaciones se dirigen a sus Comandantes (564); en los establecimientos de reunión o recreo (art. 547, 2.º), la notificación se hace a quien esté al frente o haga sus veces (565). En el domicilio de un particular, el auto se le notifica a él; si no es habido a la primera diligencia en busca, a su encargado; si tampoco, a cualquier otra persona mayor de edad que se halle en el domicilio, prefiriendo a los individuos de su familia; y si no se halla a nadie, se hará constar por diligencia extendida con asistencia de dos vecinos, que deberán firmarla (566). Desde que acuerde la entrada y registro, el Juez adoptará las medidas de vigilancia convenientes para evitar la fuga del procesado o la sustracción de los instrumentos, efectos del delito, libros, papeles o cualesquiera otras cosas objeto del registro (567); practicadas esas diligencias, se procederá a la entrada y registro, empleando, si fuere necesario, el auxilio de la fuerza (568).
  • Art. 569 LECrim — Práctica del registro. El registro se hará a presencia del interesado o de la persona que legítimamente le represente; si aquel no es habido o no quiere concurrir ni nombrar representante, a presencia de un individuo de su familia mayor de edad; si no lo hay, de dos testigos vecinos del mismo pueblo. Se practica siempre en presencia del Secretario (hoy Letrado de la Administración de Justicia) del Juzgado o Tribunal que lo autorizó o del de guardia, que levanta acta firmada por todos los asistentes; en caso de necesidad puede sustituirse en la forma de la LOPJ. La resistencia del interesado, su representante, los familiares o los testigos a presenciarlo es desobediencia grave, sin perjuicio de que la diligencia se practique. Si no se encuentran las personas u objetos buscados ni aparecen indicios sospechosos, se expide certificación del acta a la parte interesada si la reclama.
  • Mujer observando desde el pasillo cómo varias figuras de espaldas inspeccionan muebles de su salón, con una persona apartada tomando notas.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 569 LECrim
    La cadena estricta de testigos en un registro domiciliario

    A Marisol, propietaria de un piso en Vallecas, le notifican un auto judicial de entrada y registro. El día acordado, ella misma abre la puerta y permanece en el salón mientras se practica la diligencia. La Letrada de la Administración de Justicia levanta acta de cada habitación inspeccionada. Marisol comenta con su abogado que ha leído que el registro se puede practicar también ante «dos testigos vecinos»; él le aclara que esa fórmula solo opera en último término: primero el interesado o la persona que legítimamente le represente; si aquel no es habido o no quiere concurrir ni nombrar representante, un familiar mayor de edad; y solo si no lo hay, dos testigos vecinos del mismo pueblo.

    El examen explota la cadena del art. 569 alterándola (2018-2A y 2023-2A): el interesado o su representante legítimo, después un familiar mayor de edad y, en último término, dos testigos vecinos, siempre con LAJ, sustituible si es necesario.

    El art. 569 LECrim exige registrar ante el interesado o quien legítimamente le represente; si aquel no es habido o no quiere concurrir ni nombrar representante, ante un familiar mayor de edad, y si no lo hay, ante dos testigos vecinos del mismo pueblo; siempre en presencia del LAJ, sustituible en caso de necesidad.

  • Arts. 570-572 LECrim — Cuando el registro se practique en el domicilio de un particular y expire el día sin haberse terminado, quien lo haga requerirá al interesado o a su representante, si estuviere presente, para que permita la continuación durante la noche; si se opone, se suspenderá la diligencia, salvo lo dispuesto en los arts. 546 y 550, cerrando y sellando el local o los muebles en que hubiere de continuarse, en cuanto esta precaución se considere necesaria para evitar la fuga de la persona o la sustracción de las cosas que se buscaren, y se prevendrá a quienes se hallen en el lugar que no levanten los sellos, ni violenten las cerraduras, ni permitan que lo hagan otras personas, bajo la responsabilidad establecida en el Código Penal (570). El registro no se suspenderá sino por el tiempo en que no sea posible continuarlo, y durante la suspensión se adoptarán las medidas de vigilancia del art. 567 (571). En la diligencia se expresarán los nombres del Juez, o de su delegado, que la practique y de las demás personas que intervengan, los incidentes ocurridos, la hora en que se haya principiado y concluido, la relación del registro por el orden con que se haga y los resultados obtenidos (572).
  • Arts. 580-588 LECrim — A la detención de la correspondencia se aplican los arts. 563 y 564, y puede encomendarse también al Administrador de Correos y Telégrafos o Jefe de la oficina en que deba hallarse (580); el empleado que la detenga la remite inmediatamente al Juez instructor (581). El Juez puede ordenar que cualquier Administración de Telégrafos le facilite copias de los telegramas transmitidos, si pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos (582). El auto motivado determina la correspondencia que haya de detenerse o registrarse, o los telegramas cuyas copias hayan de entregarse, por las personas a cuyo nombre se expidieron u otras circunstancias igualmente concretas (583). Para la apertura y registro de la correspondencia postal se cita al interesado, que puede presenciarla él o la persona que designe (584); si el procesado está en rebeldía o, citado, no quiere presenciarla ni nombrar a nadie, el Juez la abre igualmente (585). El Juez la abre por sí mismo, la lee para sí y aparta la que haga referencia a los hechos de la causa y cuya conservación considere necesaria (586); la que no se relacione con la causa se entrega en el acto al procesado o a su representante (587); la apertura se hace constar por diligencia firmada por el Juez instructor, el Secretario y demás asistentes (588).

LO 6/1984 reguladora del Habeas Corpus

  • Cuatro principios inspiradores (Exposición de Motivos): agilidad (procedimiento sumario que finaliza en 24 horas), sencillez y carencia de formalismos (comparecencia verbal, sin abogado ni procurador), generalidad (ningún particular ni agente puede sustraerse al control judicial, ni siquiera la Autoridad Militar; legitimación plural), universalidad (cubre detenciones ilegales de origen y mantenidas o prolongadas ilegalmente).
  • Art. 1 LO 6/1984 — Personas ilegalmente detenidas. Mediante el Habeas Corpus se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente de cualquier persona detenida ilegalmente. Lo están: (a) las detenidas por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular sin que concurran los supuestos legales o sin las formalidades y requisitos exigidos por las leyes; (b) ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar; (c) las detenidas por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención; (d) privadas de libertad sin respeto a sus derechos constitucionales y procesales.
  • Art. 2 LO 6/1984 — Juez competente. Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; en su defecto, del lugar de la detención; en su defecto, del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias del paradero. Si la detención obedece a la ley orgánica del art. 55.2 CE (terrorismo o banda armada): Juez Central de Instrucción. Jurisdicción Militar: Juez Togado Militar de Instrucción de la cabecera de la circunscripción.
  • Art. 3 LO 6/1984 — Legitimación. (a) privado de libertad, cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos, respecto a los menores, sus representantes legales, y respecto a las personas con discapacidad con medidas de apoyo judiciales, la persona que preste su apoyo con facultad de representación específica para este acto concreto; (b) Ministerio Fiscal; (c) Defensor del Pueblo; (d) abogado defensor. Además, el Juez competente puede iniciarlo de oficio.
  • Art. 4 LO 6/1984 — Forma. Salvo cuando se incoe de oficio, se inicia por escrito o comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador. Deben constar: (a) el nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el amparo; (b) el lugar en que se halle el privado de libertad y la autoridad o persona bajo cuya custodia se encuentre, si fueren conocidos, y las demás circunstancias que pudieran resultar relevantes; (c) el motivo concreto por el que se solicita el Habeas Corpus.
  • Mujer leyendo un formulario en la ventanilla de un juzgado de guardia, con un funcionario al otro lado del mostrador.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 4 LO 6/1984
    Iniciar el Habeas Corpus un domingo sin abogado

    A Pedro le detienen un sábado por la noche en un control en la salida de una discoteca. Esther, su mujer, acude el domingo por la mañana al Juzgado de Guardia para iniciar un procedimiento de Habeas Corpus. La funcionaria le entrega un formulario y le explica que no es preceptiva la intervención de abogado ni de procurador para iniciarlo: basta con un escrito o una comparecencia. Esther rellena el formulario haciendo constar su nombre y circunstancias, los datos de su marido, el lugar y la autoridad bajo cuya custodia se encuentra, y el motivo concreto por el que solicita el amparo judicial.

    En 2018-1A, 2020-2A, 2022-2A y 2023-1A la trampa fue exigir abogado o procurador; el art. 4 LO 6/1984 es categórico: ninguno es preceptivo, y bastan escrito o comparecencia con los datos que enumera.

    Salvo cuando se incoa de oficio, el art. 4 LO 6/1984 inicia el procedimiento por escrito o comparecencia, sin abogado ni procurador preceptivos, haciendo constar los datos del solicitante y del detenido, el lugar y la autoridad o persona que lo custodia, si se conocen, y el motivo concreto.

  • Art. 5 LO 6/1984 — Autoridad gubernativa, agentes o funcionarios bajo cuya custodia se encuentre el detenido están obligados a poner inmediatamente la solicitud en conocimiento del Juez competente. Incumplimiento: apercibimiento y responsabilidades penales y disciplinarias.
  • Art. 6 LO 6/1984 — El Juez examina los requisitos, da traslado al MF y por auto acuerda la incoación o deniega por improcedencia. Notificación al MF. Contra la resolución que se adopte, no cabrá recurso alguno.
  • Art. 7 LO 6/1984 — Procedimiento (24 horas). En el auto de incoación, el Juez ordena a la autoridad que ponga al detenido de manifiesto sin demora o se constituye en el lugar. Oye al privado de libertad o, en su caso, a su representante legal y Abogado, si lo hubiera designado, al MF y, en justificación de su proceder, a la autoridad, agentes, funcionario o persona que hubiere ordenado o practicado la detención o internamiento y, en todo caso, a quien lo tenga bajo su custodia; a todos ellos da a conocer las declaraciones del privado de libertad. Practica las pruebas pertinentes. En el plazo de veinticuatro horas, contadas desde que sea dictado el auto de incoación, dicta resolución.
  • Mujer sentada en un banco de un juzgado leyendo un documento, con un reloj de pared borroso al fondo.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 7 LO 6/1984
    Veinticuatro horas desde el auto, no desde la detención

    A las once y media del domingo, poco después de recibir la solicitud y dar traslado al Ministerio Fiscal, el Juez de Instrucción dicta el auto de incoación del procedimiento de Habeas Corpus solicitado por Esther para su marido Pedro. Esther escucha al funcionario explicar que todas las actuaciones (manifestación de Pedro ante el juez, audiencia del Ministerio Fiscal, declaraciones de los agentes que practicaron la detención y resolución motivada del juez) deben quedar practicadas antes de las once y media del lunes. El plazo no se cuenta desde el momento de la detención: se cuenta desde el auto de incoación. En menos de un día Esther sabrá si su marido recupera la libertad.

    En 2017-1A la trampa fue contar las veinticuatro horas desde la detención; el art. 7 LO 6/1984 las cuenta desde que el juez dicta el auto de incoación, no desde la privación de libertad.

    El art. 7 LO 6/1984 obliga al Juez a practicar todas las actuaciones y a dictar la resolución procedente en el plazo de veinticuatro horas, contadas desde que se dicta el auto de incoación del procedimiento.

  • Art. 8 LO 6/1984 — Resolución por auto motivado. (1) Archivo si la privación es conforme a Derecho; (2) medidas si concurre alguna circunstancia del art. 1: (a) puesta en libertad; (b) continuación en establecimiento distinto o bajo custodia distinta; (c) puesta inmediata a disposición judicial si se excedió el plazo legal.
  • Art. 9 LO 6/1984 — Deducción de testimonio por los delitos de quienes ordenaron la detención o tuvieron bajo su custodia al privado de libertad, y por denuncia falsa o simulación de delito. Condena en costas al solicitante si hay temeridad o mala fe.

LOPJ: órganos jurisdiccionales penales y Policía Judicial

  • Arts. 53-54 LOPJ — Tribunal Supremo. Sede en Madrid; órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes (salvo garantías constitucionales), con jurisdicción en toda España. Se compone de su Presidente, de los Presidentes de Sala y de los Magistrados que determine la ley.
  • Art. 55 LOPJ: Salas del Tribunal Supremo. Primera, de lo Civil; Segunda, de lo Penal; Tercera, de lo Contencioso-Administrativo; Cuarta, de lo Social; Quinta, de lo Militar.
  • Art. 57 LOPJ: Sala de lo Penal. Conoce de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal y de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra aforados (Presidente del Gobierno, ministros, diputados, senadores, Presidente del TC, Fiscal General, etc.).
  • Art. 65 LOPJ — Audiencia Nacional, Sala de lo Penal. Enjuicia, salvo que corresponda en primera instancia a la Sección de lo Penal del Tribunal Central de Instancia (los antiguos Juzgados Centrales de lo Penal, como los llaman las preguntas hasta 2024), los delitos contra el titular de la Corona, su Consorte o su Sucesor, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno; la falsificación de moneda y de medios de pago cometida por organizaciones o grupos criminales; las defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia; el tráfico de drogas y los fraudes alimentarios o farmacéuticos cometidos por bandas o grupos organizados con efectos en distintas Audiencias; los delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles; los atribuidos a la Fiscalía Europea, cuando aquella hubiera decidido ejercer su competencia, y el contrabando de material de defensa y de doble uso. Conoce también de las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte (65.3.º). El terrorismo no está en el art. 65: la Audiencia Nacional lo conoce por la disposición transitoria de la LO 4/1988.
  • Arts. 70-73 LOPJ — Tribunal Superior de Justicia de la CCAA. Salas de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social (72.1). Su Presidente lo es también de la Sala de lo Civil y Penal y tiene la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo (72.2). Como Sala de lo Penal conoce, entre otras, de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al TSJ; de la instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que no corresponda al Tribunal Supremo; de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales; y de las cuestiones de competencia entre órganos del orden penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior común (73.3). Como Sala de lo Civil conoce, entre otras, de los recursos de casación y de revisión en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, cuando su Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución (73.1).
  • Art. 82 LOPJ — Audiencias Provinciales. Causas por delito, salvo las que la ley atribuye a las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia o a otros Tribunales; recursos contra resoluciones de las Secciones de Instrucción/Penal de los Tribunales de Instancia; recursos contra resoluciones en materia penal de las Secciones de Violencia sobre la Mujer y de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, con Secciones especializadas (82.1.3.º); recursos contra resoluciones de las Secciones de Menores con sede en la provincia, así como las cuestiones de competencia entre estas (82.1.4.º); recursos contra las resoluciones de las Secciones de Vigilancia Penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (5.º); y procedimientos de decomiso autónomo por los delitos de su competencia (6.º). Para los recursos contra las Secciones de Instrucción en juicios por delitos leves, la Audiencia se constituye con un solo magistrado o magistrada (82.1.2.º).
  • Resto del Título IV LOPJ (selección de los arts. 56-102) — Tribunal Supremo: Salas de lo Civil (56), de lo Contencioso-Administrativo (58) y de lo Social (59); cada Sala conoce además de las recusaciones contra sus Magistrados y de las cuestiones de competencia entre Juzgados o Tribunales de su orden que no tengan otro superior común (60); una Sala especial (art. 61) conoce, entre otros asuntos, de la declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos; al servicio del Tribunal existe un Gabinete Técnico (61 bis-61 sexies). Audiencia Nacional: con sede en Madrid, tiene jurisdicción en toda España (62); su Presidente, con consideración de Presidente de Sala del Tribunal Supremo, es el Presidente nato de todas sus Salas (63); tiene además Salas de lo Contencioso-Administrativo (66) y de lo Social (67). TSJ: Salas de lo Contencioso-Administrativo (74) y de lo Social (75). Audiencias Provinciales: el CGPJ, oída la Sala de Gobierno del TSJ, podrá acordar que una o varias de sus secciones asuman los recursos sobre determinadas materias (82 bis); el juicio del Jurado se celebrará en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales y en la forma que establezca la ley (83). Tribunales de Instancia (LO 1/2025): uno en cada partido judicial, con sede en su capital, integrado por una Sección Única, de Civil y de Instrucción, o, en los supuestos de la Ley de Demarcación y de Planta, por una Sección Civil y otra de Instrucción; además, podrá tener alguna o varias Secciones de Familia, Infancia y Capacidad, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social (84, 86-94); en Madrid, con jurisdicción en todo el territorio nacional, existe el Tribunal Central de Instancia (95). Las Secciones de Instrucción o Únicas conocen en el orden penal, entre otros asuntos, de la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a las Secciones de lo Penal, salvo las que competan a las Secciones de Violencia sobre la Mujer o de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia; del conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, salvo los de los jueces de paz o de esas Secciones; de los procedimientos de habeas corpus; y de los recursos contra las resoluciones de los jueces de paz del partido y de las cuestiones de competencia entre estos (88.1). En cada municipio donde no exista Tribunal de Instancia habrá un juez o una jueza de paz (99), que conoce en el orden penal de los procesos por delito leve que le atribuya la ley (100.2); puede ser nombrado quien, aun no siendo licenciado en Derecho, reúna los requisitos de ingreso en la Carrera Judicial y no esté incurso en causa de incapacidad o de incompatibilidad, salvo el ejercicio de actividades profesionales o mercantiles (102).
  • Art. 547 LOPJ — Policía Judicial (concepto). Auxilio a juzgados, tribunales y MF en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Función que compete, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las FFCCSS (Gobierno central, CCAA o entes locales), dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
  • Art. 548 LOPJ — Se establecerán Unidades de Policía Judicial que dependen funcionalmente de las autoridades judiciales y del MF en todas las actuaciones que les encomienden (548.1). Por ley se fija su organización y los medios de selección y régimen jurídico de sus miembros (548.2).
  • Art. 549 LOPJ — Funciones específicas. (a) averiguar los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y detener a los primeros, dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal; (b) auxiliar a la autoridad judicial y fiscal en las actuaciones fuera de su sede que requieran presencia policial; (c) realizar materialmente las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción y ordenare la autoridad judicial o fiscal; (d) garantizar el cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal; (e) cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperación o auxilio y lo ordenare la autoridad judicial o fiscal. En ningún caso pueden encomendárseles actuaciones que no sean las propias de la PJ o las derivadas de las mismas.
  • Art. 550 LOPJ — Dirección e inamovilidad. En las funciones de investigación penal, la PJ actúa bajo la dirección de jueces, tribunales y MF. Inamovilidad: los funcionarios asignados no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la investigación o la fase procesal, salvo decisión o autorización del juez o fiscal competente.

RD 769/1987 de regulación de la Policía Judicial

  • Cap. I — Función de PJ (arts. 1-5). Las funciones generales corresponden a todos los miembros de las FFCCSS en la medida en que presten la colaboración requerida por la autoridad judicial o el MF (art. 1). Actúan por requerimiento de la autoridad judicial, del MF, de sus superiores o por iniciativa propia a través de éstos (art. 2). En defecto de Unidades de PJ, transitoriamente o en urgencia, los jueces/tribunales/MF pueden encomendar diligencias a miembros de las FFCCSS (art. 3). Primeras diligencias de prevención y aseguramiento a iniciativa propia (art. 4). Cese de la investigación al comparecer la autoridad judicial, fiscal o la Unidad Orgánica (art. 5).
  • Art. 7 RD 769/1987 — Policía Judicial en sentido estricto. Las Unidades Orgánicas previstas en el art. 30.1 LOFCS, integradas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
  • Arts. 6 y 8 RD 769/1987 — La Policía Judicial desarrolla sus funciones bajo la dependencia funcional directa de los Jueces y Tribunales y del Ministerio Fiscal (6); las Unidades actúan conforme al art. 5 LOFCS y a los principios del Capítulo III del Real Decreto (8).
  • Art. 9 RD 769/1987 — Las Unidades Orgánicas se estructuran con criterios de distribución territorial sobre base provincial; secciones locales según índice de criminalidad; Unidades de ámbito superior al provincial por especialización delictual o técnicas de investigación.
  • Art. 10 RD 769/1987 — En sus cometidos del art. 549 LOPJ, las Unidades y los funcionarios adscritos dependen funcionalmente de los jueces, tribunales o miembros del MF que estén conociendo del asunto objeto de su investigación.
  • Arts. 11-15 RD 769/1987 — Los funcionarios comisionados se atienen a las órdenes recibidas (las instrucciones técnicas de sus superiores no pueden contradecirlas); rinden cuenta del resultado; tienen carácter de comisionados y pueden requerir auxilio; reserva rigurosa sobre evolución y resultado (infracción: sanción disciplinaria).
  • Art. 16 RD 769/1987 — Inamovilidad. Los funcionarios de las Unidades Orgánicas no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta encomendada hasta que finalice (o la fase procesal que la originó), salvo decisión o autorización del juez o fiscal competente.
  • Art. 17 RD 769/1987 — El Juez o Tribunal del que dependan los funcionarios adscritos a las Unidades Orgánicas de Policía Judicial o, en su caso, el Fiscal competente podrán instar el ejercicio de la potestad disciplinaria cuando fundadamente entiendan que su conducta merece sanción, y a tal efecto podrán practicar las informaciones reservadas que consideren pertinentes; si los hechos del expediente tienen relación directa con el desarrollo de la investigación, informan en él con carácter preceptivo. También pueden instar la concesión de recompensas cuando estimen que existen méritos para ello.
  • Art. 18 RD 769/1987 — Investigación criminal con carácter permanente y especial. A las Unidades Orgánicas corresponde la función de investigación criminal con carácter permanente y especial; cuentan con los efectivos, medios y equipos de especialización delictual necesarios.
  • Arts. 19-22 RD 769/1987 — Los Jueces, Tribunales o Fiscales no podrán encargar a las Unidades de Policía Judicial otras funciones que las propias de la Policía Judicial (el RD cita el art. 445.1 LOPJ, hoy art. 549.1), salvo las que con carácter excepcional puedan encomendárseles con arreglo al art. 33 LOFCS, de las que se dará cuenta a la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial (art. 19). En las diligencias de investigación previas a la apertura de la actuación judicial actúan bajo la dependencia del Ministerio Fiscal (art. 20). Una vez iniciado el procedimiento penal, el Juez o Tribunal, y en los casos del art. 20 el Fiscal encargado, se entienden directamente con el Jefe de la Unidad, sin acudir a instancias administrativas superiores (art. 21). Excepcionalmente, las actuaciones que por su trascendencia o complejidad requieran la permanente adscripción de funcionarios o medios de grupos especializados no integrados en la Unidad Orgánica, o cuya investigación haya de extenderse a varias provincias con ámbito territorial superior al de la Autoridad Judicial o Fiscal que la ordene, se encargan por conducto del Presidente del Tribunal Supremo o del Fiscal General del Estado, del Presidente o Fiscal de la Audiencia Nacional o de los del Tribunal Superior de Justicia respectivo; en la adscripción permanente de funcionarios integrados en la Unidad Orgánica, si hay discrepancia, resuelve el Jefe de la correspondiente Unidad Orgánica, previo informe de la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial (art. 22).

Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito

  • Art. 1 Ley 4/2015 — Ámbito: víctimas de delitos cometidos en España o perseguibles en España, con independencia de nacionalidad, edad o residencia.
  • Art. 2 Ley 4/2015 — Concepto de víctima. (a) víctima directa: persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su persona o patrimonio (lesiones, daños emocionales, perjuicios económicos directos); (b) víctima indirecta: en caso de muerte o desaparición causada directamente por un delito, y salvo que se trate de los responsables de los hechos: (1.º) el cónyuge no separado legalmente o de hecho y los hijos de la víctima o del cónyuge que convivieran con ellos; la persona unida a ella por análoga relación de afectividad y los hijos de esta que convivieran con ella; sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda, y las personas sujetas a su tutela o curatela o bajo su acogimiento familiar; (2.º) en defecto de los anteriores, los demás parientes en línea recta y sus hermanos, con preferencia del que ostentara su representación legal. La Ley no se aplica a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito.
  • Art. 3 Ley 4/2015 — Derechos generales. Protección, información, apoyo, asistencia, atención, reparación, participación activa y trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio, desde el primer contacto hasta un período adecuado tras la conclusión del proceso. En todo caso está vedada la mediación y la conciliación en supuestos de violencia sexual y de violencia de género (art. 3.1); los servicios de justicia restaurativa del art. 15 exigen, entre otros requisitos, que no esté prohibida por la ley para el delito cometido.
  • Arts. 4-5 Ley 4/2015 — Derecho a entender y ser entendida; información desde el primer contacto (medidas de asistencia, derecho a denunciar, asesoramiento, indemnizaciones, recursos).
  • Art. 6 Ley 4/2015 — Derechos de la víctima como denunciante: copia de la denuncia debidamente certificada; asistencia lingüística gratuita y traducción escrita de la copia de la denuncia cuando no entienda o no hable ninguna de las lenguas oficiales del lugar en que la presenta.
  • Art. 7 Ley 4/2015 — Información sobre la causa penal: fecha, hora y lugar del juicio; contenido de la acusación; notificación de resoluciones clave: (a) la de no iniciar el procedimiento penal; (b) la sentencia que le ponga fin; (c) las que acuerden la prisión o la posterior puesta en libertad del infractor, y su posible fuga; (d) las que acuerden o modifiquen medidas cautelares personales, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la víctima; (e) las de cualquier autoridad judicial o penitenciaria que afecten a condenados por delitos cometidos con violencia o intimidación y supongan un riesgo para su seguridad; y (f) las del art. 13. En violencia de género, las de las letras c) y d) se le notifican sin necesidad de que lo solicite, salvo que manifieste su deseo de no recibirlas (7.3).
  • Art. 8 Ley 4/2015 — Período de reflexión. Los Abogados y Procuradores no podrán dirigirse a las víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente y que puedan constituir delito, para ofrecerles sus servicios profesionales hasta transcurridos 45 días desde el hecho. La prohibición queda sin efecto si la víctima ha solicitado expresamente esos servicios; su incumplimiento da lugar a responsabilidad disciplinaria por infracción muy grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedan.
  • Art. 10 Ley 4/2015 — Acceso gratuito y confidencial a los servicios de asistencia y apoyo (Oficinas de Asistencia a las Víctimas). Extensible a familiares en delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad; menores hijos de víctimas de violencia de género/sexual/doméstica también protegidos.
  • Art. 15 Ley 4/2015 — Justicia restaurativa. Las víctimas podrán acceder a servicios de justicia restaurativa, en los términos que reglamentariamente se determinen, con la finalidad de obtener una adecuada reparación material y moral de los perjuicios derivados del delito, cuando: (a) el infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad; (b) la víctima haya prestado su consentimiento, después de haber recibido información exhaustiva e imparcial sobre su contenido, sus posibles resultados y los procedimientos existentes para hacer efectivo su cumplimiento; (c) el infractor haya prestado su consentimiento; (d) el procedimiento de mediación no entrañe un riesgo para la seguridad de la víctima, ni exista el peligro de que su desarrollo pueda causar nuevos perjuicios materiales o morales para la víctima; y (e) no esté prohibida por la ley para el delito cometido. Los debates de la mediación son confidenciales y no pueden difundirse sin el consentimiento de ambas partes; los mediadores y demás profesionales que intervienen están sujetos a secreto profesional; y la víctima y el infractor pueden revocar su consentimiento para participar en cualquier momento.
  • Arts. 9, 11-14 y 16-18 Ley 4/2015 — Derecho a intérprete y traducción gratuitos de la víctima que no hable o no entienda el castellano o la lengua oficial de la actuación (9); derecho a ejercer la acción penal y la civil conforme a la LECrim, sin perjuicio de las excepciones que puedan existir, y a comparecer ante las autoridades de la investigación para aportar fuentes de prueba e información (11); comunicación del sobreseimiento y derecho a recurrirlo sin necesidad de haberse personado antes (12); las víctimas que lo hayan solicitado pueden recurrir determinados autos de la ejecución, aunque no se hayan mostrado parte (13); la víctima que haya participado en el proceso tiene derecho al reembolso de sus gastos y costas, con preferencia sobre el Estado, cuando la sentencia condene a su pago y se haya condenado al acusado, a instancia de la víctima, por delitos de los que el Ministerio Fiscal no acusó o tras revocarse el archivo por recurso de la víctima (14); puede presentar la solicitud de justicia gratuita ante quien le informe de sus derechos o ante las Oficinas de Asistencia a las Víctimas (16); las víctimas residentes en España pueden denunciar aquí delitos cometidos en otros países de la Unión Europea (17); y tienen derecho a la devolución sin demora de sus bienes restituibles incautados, que podrá denegarse cuando su conservación sea imprescindible para el proceso y no baste imponer al propietario la obligación de conservarlos, o cuando la exija una investigación técnica de accidente (18).
  • Arts. 19-22 Ley 4/2015 — Protección frente a la victimización secundaria; dependencias separadas víctima/acusado; declaraciones sin dilaciones injustificadas y, salvo denegación motivada del encargado de la diligencia, con persona de su elección; protección de la intimidad (prohibición de difundir datos de menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección).
  • Art. 25 Ley 4/2015 — Medidas de protección. Durante la fase de investigación podrán adoptarse: (a) que se les reciba declaración en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin; (b) que se les reciba declaración por profesionales que hayan recibido una formación especial para reducir o limitar perjuicios a la víctima, así como en perspectiva de género, o con su ayuda; (c) que todas las tomas de declaración a una misma víctima le sean realizadas por la misma persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración directamente por un Juez o un Fiscal; y (d) para las víctimas del art. 23.2.b), 3.º y 4.º (delitos cometidos sobre el cónyuge, la pareja o determinados familiares, y delitos contra la libertad o indemnidad sexual) y las de trata con fines de explotación sexual, que la declaración la tome una persona que, además de cumplir lo previsto en la letra b), sea del mismo sexo que la víctima, cuando esta así lo solicite, con la misma salvedad que la letra c) (25.1). Durante la fase de enjuiciamiento podrán adoptarse, conforme a la LECrim: (a) medidas que eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, incluso durante la práctica de la prueba; (b) medidas para que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas, mediante tecnologías de la comunicación adecuadas; (c) medidas para evitar preguntas sobre su vida privada que no tengan relevancia con el hecho enjuiciado, salvo que el Juez o Tribunal consideren excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de su declaración; y (d) la celebración de la vista oral sin presencia de público, aunque el Juez o el Presidente del Tribunal podrán autorizar la presencia de personas que acrediten un especial interés en la causa. Las medidas a) y c) de la fase de enjuiciamiento también podrán adoptarse durante la investigación (25.2). Podrán acordarse además, para su protección, medidas del art. 2 de la LO 19/1994, de protección a testigos y peritos en causas criminales (25.3).
  • Arts. 23-24, 26 y 32-35 Ley 4/2015 — Una evaluación individual de las circunstancias de la víctima determina las medidas de protección (23); en la investigación la hace el Juez de Instrucción o el de Violencia sobre la Mujer, sin perjuicio de la evaluación y resolución provisionales del Fiscal o de los funcionarios de policía en la fase inicial, y en el enjuiciamiento el Juez o Tribunal de la causa (24). Para las víctimas menores de edad, con discapacidad necesitadas de especial protección y de violencias sexuales se adoptan, además, las medidas necesarias para evitar o limitar, en la medida de lo posible, que la investigación o el juicio sean una nueva fuente de perjuicios (26). Los poderes públicos fomentan la cooperación con los profesionales y con otros Estados y la sensibilización (32-34); y quien haya percibido subvenciones o ayudas como víctima y haya sido objeto de medidas de protección debe reembolsarlas, con los gastos causados a la Administración, si es condenada por denuncia falsa o simulación de delito (35).

LECrim arts. 13, 14, 17, 259-485, 489-501, 520, 520 bis, 520 ter, 527, 545-572, 580-588; LO 6/1984 arts. 1-9; LOPJ arts. 53-63, 65-67, 70-75, 82-95, 99, 100, 102, 547-550; RD 769/1987 arts. 1-22; Ley 4/2015 arts. 1-26, 32-35

05Tablas comparativas

Denuncia vs querella

ElementoDenunciaQuerella
RegulaciónLECrim arts. 259-269LECrim arts. 270-281
Quién puede interponerlaCualquier testigo (art. 259); obligados por cargo, profesión u oficio (art. 262); quien conozca el hecho por otro medio (art. 264)Cualquier ciudadano español, ofendido o no (acción popular del art. 101, citado en el art. 270); extranjeros por delitos contra sus personas o bienes, previa fianza salvo tratado o reciprocidad (arts. 280 y 281)
Ante quiénJuez de instrucción, de paz, comarcal, municipal; MF; Tribunal competente; funcionario de policía más próximoJuez de instrucción o Tribunal competente (art. 272). En flagrante, sin señales permanentes o con temor fundado de ocultación o fuga, quien intente querellarse puede acudir al Juez de instrucción o municipal más próximo o a cualquier funcionario de policía, para que se practiquen las primeras diligencias y se detenga al delincuente (art. 273)
FormaEscrita o verbal; personalmente o por mandatario con poder especial (art. 265)Siempre por medio de Procurador con poder bastante + Letrado; papel de oficio (art. 277)
FianzaNoSí (art. 280). Exentos: ofendido y herederos, familiares en asesinato u homicidio, asociaciones de víctimas con autorización expresa (art. 281); a los extranjeros, solo por tratado o reciprocidad
Contenido exigidoIdentificación del denunciante y narración circunstanciada del hecho (art. 265.2); no obliga a probar los hechos (art. 264)Debe expresar la relación circunstanciada del hecho y las diligencias que se deberán practicar para su comprobación (art. 277.4.º-5.º)
Formalización como parteNo es parteSí: acusación particular o popular
AbandonoNo aplicaPor muerte o incapacitación del querellante: 30 días desde la citación para que comparezcan herederos o representantes legales (art. 276); inactividad 10 días en delitos a instancia de parte (art. 275)

Policía Judicial: sentido amplio y sentido estricto

CriterioSentido amplio (art. 283 LECrim)Sentido estricto (art. 7 RD 769/1987)
Composición9 categorías: autoridades administrativas de seguridad pública, empleados de policía, alcaldes y tenientes de alcalde, Guardia Civil y otras fuerzas, serenos, guardas de montes y campos, funcionarios de Prisiones, agentes judiciales, personal de la Jefatura Central de Tráfico (investigación de accidentes)Unidades Orgánicas del art. 30.1 LOFCS: miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil
Dependencia funcionalGenérica: auxilio cuando sean requeridosDirecta y permanente de jueces, tribunales y MF (arts. 549-550 LOPJ; art. 10 RD 769/1987)
PermanenciaOcasional, según función habitualPermanente y especializada; no pueden ser apartados de la investigación hasta que finalice o termine la fase procesal, salvo decisión o autorización del Juez o Fiscal competente (art. 550 LOPJ; art. 16 RD 769/1987)
Ámbito territorialDonde ejerzan funciones habitualesProvincial; secciones donde la criminalidad lo aconseje; supraprovinciales por razones de especialización delictual o de técnicas de investigación (art. 9 RD 769/1987)

Habeas Corpus: cuatro principios inspiradores (Exposición de Motivos LO 6/1984)

PrincipioManifestación normativa
AgilidadProcedimiento sumario que finaliza en 24 horas desde el auto de incoación (art. 7)
Sencillez y carencia de formalismosComparecencia verbal admitida; no preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador (art. 4)
GeneralidadNingún particular ni agente puede sustraerse al control judicial, ni siquiera la Autoridad Militar; legitimación plural (MF, Defensor del Pueblo, abogado defensor, familiares; de oficio por el Juez)
UniversalidadCubre detenciones ilegales de origen y detenciones originariamente legales mantenidas o prolongadas ilegalmente o en condiciones ilegales (art. 1)

LECrim arts. 259, 262, 264, 265, 270, 272, 273, 275, 276, 277, 280, 281, 283; LO 6/1984 arts. 1, 3, 4, 7; LOPJ arts. 549, 550; RD 769/1987 arts. 7, 9, 10, 16

06Plazos y cifras clave

ConceptoPlazo / cifraArtículo
Detención preventiva — plazo máximo general (salvo la prórroga del art. 520 bis)72 horasArt. 17.2 CE / art. 520.1 LECrim
Entrega del detenido al Juez más próximo (por particular, autoridad o PJ)24 horas desde la detenciónArt. 496 LECrim
Elevación a prisión o liberación por el Juez competente72 horas desde la entregaArt. 497 LECrim
Terrorismo (art. 384 bis) — puesta a disposición72 horas + prórroga hasta 48 horas másArt. 520 bis.1 LECrim
Prórroga terrorismo — solicitudDentro de las primeras 48 horas desde la detenciónArt. 520 bis.1 LECrim
Prórroga terrorismo — autorización judicialEn las 24 horas siguientes a la solicitudArt. 520 bis.1 LECrim
Incomunicación solicitada (terrorismo) — resolución del Juez24 horas desde la solicitudArt. 520 bis.2 LECrim
Reconocimientos médicos al incomunicadoAl menos 2 cada 24 horasArt. 527.3 LECrim
Habeas Corpus — duración total del procedimiento24 horas desde el auto de incoaciónArt. 7 LO 6/1984
Atestado sin autor conocido — envío obligatorio tras diligencia con resultadoTranscurridas 72 horas desde la aperturaArt. 284.2.b LECrim
Comunicación a denunciante de no remisión si no hay autor72 horasArt. 284.2 LECrim + art. 6 Ley 4/2015
Comunicación general PJ → autoridad judicial o MF24 horas (salvo fuerza mayor y art. 284.2)Art. 295 LECrim
Secreto del sumario: duración máxima (por auto)1 mesArt. 302 LECrim
Secreto del sumario: alzamiento antes de concluir el sumarioAl menos 10 días de antelaciónArt. 302 LECrim
Instrucción (investigación judicial): plazo máximo12 meses desde la incoación de la causaArt. 324.1 LECrim
Instrucción: prórrogas (por auto, oídas las partes)Sucesivas, de 6 meses o menos cada unaArt. 324.1 LECrim
Juez municipal que inicia el sumario: retención máxima de la causa3 díasArt. 307 LECrim
Calificación reservada de los funcionarios de PJ: comunicación a sus superioresCada semestreArt. 298 LECrim
Recusación de peritos: parentesco con el querellante o el reoConsanguinidad o afinidad dentro del cuarto gradoArt. 468 LECrim
Primera declaración del procesado detenido24 horas, prorrogables 48 horas más por causa graveArt. 386 LECrim
Delito de aforado: remisión de las diligencias urgentes al Tribunal competenteNunca más de 3 díasArt. 303 LECrim
Parte al Presidente de la Audiencia de la formación del sumarioDentro de los 2 días siguientes al inicioArt. 308 LECrim
Revelación indebida del sumario por abogado, procurador o particularMulta de 500 a 10.000 eurosArt. 301 LECrim
Queja ante la Audiencia Provincial por no incoar el procedimiento del JuradoResuelve antes de 8 díasArt. 309 bis LECrim
Cadáver sin testigos de conocimiento: exposición al público antes de la autopsiaA lo menos 24 horasArt. 341 LECrim
Médico forense: licencia para ausentarseDel Juez, hasta 8 días; del Presidente de la Audiencia, hasta 20 días; del Ministro, el tiempo que estime convenienteArt. 345 LECrim
Peritos de análisis químico: no están obligados a trabajar más de3 horas por día, salvo casos urgentes o extraordinariosArt. 358 LECrim
Drogas: destrucción por la autoridad administrativa si el Juez no ordena conservarlasTranscurrido 1 mes desde la comunicación al JuezArt. 367 ter LECrim
Antecedentes penales: respuesta del Registro Central de Penados3 días improrrogablesArt. 379 LECrim
Auto de procesamiento: recurso de reforma; apelación contra su denegación3 días; 5 díasArt. 384 LECrim
Testigo que no comparece al primer llamamiento o se resiste a declararMulta de 200 a 5.000 eurosArt. 420 LECrim
Testigo que incumple el deber de comparecer de nuevo o de comunicar su cambio de domicilioMulta de 200 a 1.000 eurosArt. 446 LECrim
Declaración anticipada del testigo: plazo del reo para nombrar abogado24 horasArt. 448 LECrim
Audiencia obligatoria como prueba preconstituida (delitos del art. 449 ter)Testigo menor de 14 años o con discapacidad necesitada de especial protecciónArt. 449 ter LECrim
Reconocimiento pericial: número de peritos2; uno solo si no hay otro en el lugar y no cabe esperarArt. 459 LECrim
Perito dispensado por el art. 416 que informa sin advertirloMulta de 200 a 5.000 euros, a no ser que el hecho diere lugar a responsabilidad criminalArt. 464 LECrim
Agente encubierto — identidad supuesta6 meses prorrogables por períodos igualesArt. 282 bis.1 LECrim
Querella — abandono por muerte o incapacitación del querellante30 días desde la citación sin comparecer herederos o representantesArt. 276 LECrim
Querella — abandono por inactividad (delitos a instancia de parte)10 días desde la notificación del autoArt. 275 LECrim
Comparecencia del abogado designado (de confianza o de oficio, y el nuevo de oficio si el primero no comparece) en el centro de detenciónMáximo 3 horas desde la recepción del encargoArt. 520.5 LECrim
Notificación del auto motivado de entrada y registro al interesadoInmediato o, lo más tarde, 24 horas desde dictadoArt. 550 LECrim
Composición Policía Judicial en sentido estrictoUnidades Orgánicas de CNP + Guardia CivilArt. 7 RD 769/1987 / art. 30.1 LOFCS
Período de reflexión: Abogados y Procuradores no pueden dirigirse para ofrecer sus servicios a las víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas, que cumplan los requisitos reglamentarios y puedan constituir delito (salvo que la víctima los haya solicitado expresamente)45 días desde el hechoArt. 8.1 Ley 4/2015

LECrim arts. 275, 276, 282 bis, 284, 295, 298, 301, 302, 303, 307, 308, 309 bis, 324, 341, 345, 358, 367 ter, 379, 384, 386, 420, 446, 448, 449 ter, 459, 464, 468, 496, 497, 520, 520 bis, 527, 550; LO 6/1984 art. 7; RD 769/1987 art. 7; Ley 4/2015 arts. 6, 8

07Trampas frecuentes de examen

  • Trampa: confundir 24 horas (art. 496) con 72 horas (arts. 497 y 520.1) — 24 horas es el plazo del particular, autoridad o agente de PJ para entregar al detenido al Juez más próximo, dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma (art. 496). 72 horas es: (a) el máximo general de detención preventiva (art. 520.1; en los delitos del art. 384 bis, el Juez puede autorizar en las 24 horas siguientes, a solicitud motivada hecha en las primeras 48 horas, una prórroga de hasta 48 horas más, art. 520 bis) y (b) el plazo del Juez competente para elevar a prisión o dejar sin efecto desde la entrega (art. 497). El examen intercambia ambos. Regla: 72 horas para entregar al juez es FALSO; entrega = 24 h, disposición judicial = 72 h.
  • Trampa: cónyuge separado en el art. 261 — La exención de denunciar alcanza al cónyuge no separado legalmente o de hecho. El cónyuge separado legalmente SÍ está obligado a denunciar (confirmado en convocatoria 2017-1A). En esa pregunta (Q34), los demás eran exentos o no obligados: los colaterales hasta el segundo grado inclusive y los ascendientes y descendientes (art. 261.2.º) y los impúberes (art. 260). Pero la exención del art. 261 tiene una cláusula final: no se aplica cuando se trate de un delito contra la vida, de homicidio, de lesiones de los arts. 149 y 150 CP, de maltrato habitual del art. 173.2 CP, contra la libertad o contra la libertad e indemnidad sexual o de trata de seres humanos y la víctima sea una persona menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección; en 2025-A Q45 (delito contra la vida, víctima menor) el tribunal dio por obligados a denunciar tanto a los colaterales hasta el segundo grado como al cónyuge no separado, y de sus opciones solo los impúberes (art. 260) seguían exentos.
  • Trampa: particular vs agente de PJ en la detención — El particular sólo puede detener en los 7 supuestos del art. 490 (flagrancia, intento, fugas, rebeldía). La autoridad o agente de PJ tiene además los supuestos del art. 492 (procesado con pena superior, procesado con riesgo de incomparecencia sin fianza, no procesado en ese mismo caso con motivos racionalmente bastantes). En 2020-2A y 2026-A el distractor fue al procesado o condenado sin el «en rebeldía» del 490.7.º; otro posible, la mera sospecha del 492.4.º.
  • Trampa: delitos leves y detención — El art. 495 prohíbe detener por delitos leves, salvo que el presunto reo no tenga domicilio conocido ni dé fianza bastante. Ningún examen lo ha preguntado aún; las dos condiciones de la excepción son acumulativas (sin domicilio conocido y sin fianza bastante).
  • Trampa: plazo del Habeas Corpus — 24 horas desde qué — El art. 7 LO 6/1984 fija veinticuatro horas, contadas desde que sea dictado el auto de incoación, no desde la detención ni desde la solicitud. En 2017-1A el examen puso «desde que se produjo la detención»; los otros distractores daban setenta y dos horas, como máximo o desde la entrega del detenido.
  • Trampa: legitimación del Habeas Corpus incompleta — El art. 3 LO 6/1984 contempla legitimación muy amplia (privado de libertad, familiares y persona que preste apoyo, MF, Defensor del Pueblo, abogado defensor; además, de oficio por el Juez competente). El abogado defensor (letra d) está legitimado desde la Ley Orgánica 5/2024, en vigor el 4 de diciembre de 2024: en 2020-1A Q48 la opción «El abogado del privado de libertad» era la INCORRECTA, con la redacción de entonces; el nieto (descendiente), el cónyuge y el Defensor del Pueblo sí lo estaban. Regla: hoy el art. 3 legitima a todos ellos.
  • Trampa: catálogo del art. 520.2 (derechos del detenido) — Se informa al detenido de los hechos y razones de su detención y de sus derechos, «especialmente» los diez de las letras a) a j), además del plazo máximo de la detención y del procedimiento para impugnarla. Regla: diez letras, de guardar silencio (a) a solicitar asistencia jurídica gratuita (j), sin que la lista agote los derechos del detenido.
  • Trampa: art. 520 bis — plazos de terrorismo — 72 horas ordinarias + prórroga de hasta 48 horas más, solicitada dentro de las primeras 48 h y autorizada por el Juez en las 24 h siguientes. En 2021-2B, el plazo para autorizar la prórroga era de veinticuatro horas, frente a doce, ocho y setenta y dos. Atención: solicitud en 48 h desde detención; autorización en 24 h desde solicitud.
  • Trampa: composición de la Policía Judicial — amplio vs estricto — La enumeración del art. 283 LECrim es amplísima (alcaldes, funcionarios de Prisiones, guardas de campos, personal de Tráfico…). En 2019-2B Q73 la clave fue que serenos, alcaldes y celadores son todos Policía Judicial del art. 283; no lo reduzcas al CNP y la Guardia Civil: la PJ en sentido estricto son las Unidades Orgánicas del art. 30.1 LOFCS integradas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil (art. 7 RD 769/1987), no la del art. 283 LECrim.
  • Trampa: quién puede autorizar la circulación o entrega vigilada (art. 263 bis) — La autorización corresponde al Juez de Instrucción competente, al Ministerio Fiscal y a los Jefes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial (centrales o provinciales) y sus mandos superiores. En 2024-1A Q43 el que NO podía autorizarla era El Juez de Primera Instancia competente.
  • Trampa: atestado sin autor conocido — excepciones del art. 284 — Excepciones a la conservación: (a) delitos contra la vida, integridad física, libertad e indemnidad sexuales o relacionados con la corrupción; (b) diligencia tras 72 horas con resultado; (c) solicitud expresa del MF o juez. 2017-1A (Q37) cambió «libertad e indemnidad sexuales» por «contra la libertad» a secas y añadió un supuesto no previsto; 2026-A (Q42) cambió las 72 horas por 24.
  • Trampa: fianza en querella vs denuncia — La querella sí exige fianza (art. 280), salvo las exenciones del art. 281 (ofendido, familiares en asesinato u homicidio, asociaciones de víctimas con autorización expresa). La denuncia nunca exige fianza. Las exenciones del art. 281 cayeron en 2017-2A, 2018-1A, 2019-2B y 2023-2A, con estas trampas: colaterales hasta el tercer grado (el art. 281.2.º dice hasta el segundo inclusive) y asociaciones de víctimas en cualquier caso (2017-2A Q37), El extranjero en cualquier caso (2019-2B Q72) y asociaciones sin la autorización expresa de la víctima (2023-2A Q51).
  • Trampa: procurador y letrado en la querella — La querella requiere siempre Procurador con poder bastante y suscrita por Letrado (art. 277). La denuncia no. Y la firma del querellante (o de otro a su ruego si no sabe o no puede firmar) solo se exige cuando el Procurador no tiene poder especial: en 2018-2A Q41 y 2021-2B Q44 la opción que había que marcar la exigía «cuando el Procurador tuviere poder especial».
  • Trampa: querella — flagrante vs no flagrante (art. 273) — En flagrante (y en los delitos que no dejan señales permanentes o con temor fundado de ocultación o fuga), el particular que intente querellarse puede acudir al Juez de instrucción o municipal más próximo o a cualquier funcionario de policía, para que se practiquen las primeras diligencias y se detenga al delincuente. El examen pone que «debe acudir en todos los casos, ante el Juez de Instrucción competente, al objeto de interponer la querella» — incorrecto; en flagrante no hay obligación de acudir primero al competente (confirmado en convocatoria 2017-1A).
  • Trampa: abandono de la querella — 30 días vs 3 meses — El art. 276 fija 30 días desde la citación para que comparezcan herederos o representantes en caso de muerte o incapacitación. El examen pone «tres meses» (confirmado en convocatoria 2017-1A).
  • Trampa: inamovilidad de la PJ (art. 550 LOPJ y 16 RD 769/1987) — Los funcionarios de las Unidades de PJ no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la investigación o la fase procesal, salvo decisión o autorización del juez o fiscal competente. En 2022-1A la opción falsa era que en ningún caso podrán ser removidos; otra trampa posible, «por decisión del superior policial»: la decisión es judicial o fiscal.
  • Trampa: Ministerio del Interior y agente encubierto (art. 282 bis) — El Ministerio del Interior otorga la identidad supuesta, NO la autorización para actuar como agente encubierto. La autorización corresponde al Juez de Instrucción competente o al MF (con cuenta al Juez); la del agente encubierto informático, en canales cerrados de comunicación, solo al juez de instrucción (282 bis.6). El examen confunde autorización con otorgamiento de identidad.
  • Trampa: art. 547 LECrim — buques del Estado son lugar público — Los buques del Estado son edificios o lugares públicos (art. 547.4.º); los buques nacionales mercantes, en cambio, son domicilio (art. 554.3.º). El examen invierte la clasificación.
  • Trampa: la rueda «desde un punto en que no pudiere ser visto» (arts. 369-370). El art. 369 deja la elección al Juez: el reconocimiento se hace a presencia de todas ellas, o desde un punto en que no pudiere ser visto, según al Juez pareciere más conveniente. En 2026 el tribunal pidió la proposición INCORRECTA y era deberá efectuarlo desde un punto en que no pudiere ser visto: convierte en deber lo que la ley deja al Juez. Las otras tres eran ciertas: varios que reconocen, separadamente con cada uno de ellos y sin comunicarse hasta el último (art. 370); varios reconocidos por una misma persona, podrá hacerse el reconocimiento de todos en un solo acto (art. 370); y en la diligencia constan los nombres de todos los de la rueda (art. 369). Regla: en la rueda, «según al Juez pareciere» nunca se convierte en «deberá».
  • Trampa: el tren no espera al Juez (art. 354). Si alguien muere en un accidente en la vía yendo un tren en marcha, únicamente se detendrá éste el tiempo preciso para separar el cadáver o cadáveres de la vía, tras hacer constar su situación y estado, y se avisa a la Autoridad sin perjuicio de seguir el tren su marcha. En 2026 los distractores fueron no podrá continuar el tren hasta la llegada del Juez, hasta que sea avisada la Autoridad y cualquier persona podrá separar el cadáver: la constancia previa la hacen la Policía judicial, quienes viajan en el tren o, en su defecto, el empleado de mayor categoría.
  • Trampa: exento de concurrir no es exento de declarar (arts. 411-412). Tres escalones: (1) no declaran (art. 411): el Rey, la Reina, sus consortes, el Príncipe heredero, los Regentes y los Agentes Diplomáticos acreditados en España, en todo caso, y el personal administrativo, técnico o de servicio de las misiones diplomáticas y sus familiares, si concurren en ellos los requisitos de los tratados; (2) no acuden al Juzgado, pero pueden informar por escrito sobre los hechos que conozcan por razón de su cargo (art. 412.2): Presidente y miembros del Gobierno, Presidentes del Congreso, del Senado, del TC y del CGPJ, Fiscal General y Presidentes autonómicos; (3) no acuden, pero declaran en su despacho oficial o en la sede de su órgano (art. 412.5): Diputados y Senadores, Magistrados del TC, Vocales del CGPJ, Fiscales de Sala del TS, Defensor del Pueblo y los demás del apartado. En 2021-1A preguntaron quién NO está exento del deber de declarar: el Presidente del Gobierno; los distractores eran del art. 411 (los Agentes Diplomáticos, el Rey, la Reina y sus consortes y los familiares del personal de servicio de las misiones diplomáticas, si concurren los requisitos de los tratados). En 2023-1A, quién puede informar por escrito: los Presidentes de las Comunidades Autónomas, frente a los Fiscales de Sala del TS, los Magistrados del TC y los Diputados y Senadores, que declaran en su despacho.
  • Trampa: el eclesiástico fuera de su ministerio (art. 417). El eclesiástico o ministro de culto no puede ser obligado a declarar solo sobre lo que le fue revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio. En 2021-2B preguntaron quién SÍ puede ser obligado, y la respuesta invertía esa condición: el eclesiástico sobre hechos revelados cuando no estén en el ejercicio de las funciones de su ministerio; los distractores eran exenciones reales del art. 417 (secreto del cargo, obediencia debida sin autorización, incapacitados física o moralmente). No lo confundas con el parentesco: los parientes tienen la dispensa del art. 416, y su alcance no es dentro del cuarto grado: llega a los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil. El cuarto grado es la recusación de peritos (art. 468).
  • Trampa: el testigo no lee, pero consulta y dicta (arts. 436-437). Los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer declaración ni respuesta alguna que lleven escrita, pero pueden consultar algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar y dictar sus contestaciones. En 2025 los distractores fueron no podrá dictar las contestaciones por sí mismo, permitiéndoles leer la declaración y que el Juez solamente le interrumpirá para dirigirle las preguntas: el art. 436 manda dejarle narrar sin interrupción y preguntarle después.
  • Trampa: la inspección ocular no se suspende, y la diligencia de los efectos no la extiende el Juez (arts. 333-334). El procesado puede presenciar la inspección ocular ya sola, ya asistida del defensor, y la diligencia no se suspenderá por la falta de comparecencia del procesado o de su defensor; en 2024-2A los distractores decían si no compareciese su defensor, el acto se suspenderá y en ningún caso podrá dejar de estar asistida por el defensor. En la recogida de efectos, el Juez instructor ordena, pero la diligencia la extiende el Secretario judicial, hoy Letrado de la Administración de Justicia (2024-1A), no el propio Juez instructor, el Ministerio Fiscal ni el Jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.
  • Trampa: doce meses de instrucción y un mes de secreto (arts. 302 y 324). La instrucción dura un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa, con prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses; en 2022-1A los distractores fueron seis meses (la prórroga, no el plazo), dos meses y cuatro meses. El secreto dura por tiempo no superior a un mes y se alza al menos diez días antes de concluir el sumario; en 2023-1A, cinco días, quince días y un mes (el mes es la duración del secreto, no la antelación), y en el banco seis meses prorrogables o indefinido.
  • Trampa: tres días del Juez municipal, cada semestre de la Policía Judicial (arts. 298, 307 y 308). El Juez municipal remite la causa, que nunca podrá retener más de tres días (art. 307); en 2023-2A los distractores fueron un día, ocho horas y dos días, y los dos días son otro plazo: el parte al Presidente de la Audiencia (art. 308). Los Jueces y Fiscales califican a la Policía Judicial en un registro reservado y lo comunican cada semestre (art. 298); en 2017-2A, mensualmente y anualmente, y en el banco, que se publica anualmente en el boletín oficial, cuando el registro es reservado.
  • Trampa: el ADN no tiene catálogo de delitos (art. 363). Siempre que concurran acreditadas razones que lo justifiquen, el Juez de Instrucción puede acordar, en resolución motivada, la obtención de muestras biológicas del sospechoso para su perfil de ADN. En 2021-2B los distractores lo limitaban a asesinato y terrorismo o a delitos contra la libertad e indemnidad sexual, o lo permitían en cualquier caso: ni lista cerrada ni carta blanca.
  • Trampa: cuarto grado, no quinto, en la recusación de peritos (art. 468). La primera causa es el parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el reo. En 2021-2B (pregunta de reserva) la opción que NO era causa decía consanguinidad dentro del quinto grado, y el banco añade causas que no existen: la condición de funcionario público, la falta de titulación oficial o la residencia en otro partido judicial. Además, los peritos solo son recusables si su informe no puede reproducirse en el juicio oral (art. 467).
  • Trampa: los delitos conexos del art. 17 LECrim. El examen pide el supuesto que NO es conexo y lo fabrica quitando o cambiando una palabra: Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares, sin «o tiempos si hubiera precedido concierto para ello» (2018-2A Q34); Los cometidos simultáneamente por dos o más personas en distintos lugares (2020-2A Q45); Los cometidos para evitar la impunidad de otros delitos, cuando la ley dice «procurar» (2019-1B Q70); y cuando no se ocasionen lesiones y daños recíprocos (2018-1A Q35, donde «tres o más personas» sí era cierto, porque cabe en «dos o más»). En el 17.3, la excesiva complejidad o dilación es la excepción a juntar en una causa los no conexos (2017-1A Q32, clave b). Regla: en distintos lugares o tiempos, solo con concierto previo; «procurar» la impunidad; lesiones o daños recíprocos.
  • Trampa: los cuatro principios del Habeas Corpus (Exposición de Motivos LO 6/1984). Son la agilidad, la sencillez y carencia de formalismos, la generalidad y la universalidad. El examen describe uno y ofrece los otros: la comparecencia verbal sin necesidad de Abogado ni Procurador es la sencillez (2017-1A Q43); que ningún particular o agente de la autoridad pueda sustraerse al control judicial, ni siquiera la Autoridad Militar, y la legitimación de una pluralidad de personas son la generalidad (2018-1A Q43, 2018-2A Q44, 2022-Canarias-3A Q47); alcanzar también las detenciones legales en origen que se mantienen o prolongan ilegalmente o tienen lugar en condiciones ilegales es la universalidad (2020-2A R5). Y añade principios que la ley no nombra: Simplicidad, Concentración (2019-1B Q68), legalidad o tipicidad (2026-A Q47). Regla: generalidad = nadie escapa al control y muchos pueden pedirlo; universalidad = toda detención ilegal, también la que se vuelve ilegal.
  • Trampa: qué Salas tiene cada tribunal (arts. 55, 64.1, 72.1 y 81 LOPJ). Tribunal Supremo: Primera, de lo Civil; Segunda, de lo Penal; Tercera, de lo Contencioso-Administrativo; Cuarta, de lo Social; Quinta, de lo Militar. Audiencia Nacional: de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, sin Sala de lo Civil. Tribunal Superior de Justicia: de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, sin Sala de Apelación. La Audiencia Provincial no tiene Salas: se compone de un Presidente y dos o más magistrados y puede estar integrada por dos o más Secciones (art. 81.1). El examen cambia el número de la Sala del Supremo (La Sala Cuarta del Tribunal Supremo se denomina de lo Contencioso-Administrativo, 2024-2A Q48; La Primera, es la de lo Penal, 2026-A Q48), da a la Audiencia Nacional La de lo Civil (2020-1A Q50), al Tribunal Superior La de Apelación (2020-2A Q50), una Sala de Apelación al Supremo (2021-1A Q53, 2021-2B Q51) y una Sala de lo Social a la Audiencia Provincial (2022-1A Q54, 2024-3A Q49). Regla: la única Sala de Apelación es la de la Audiencia Nacional.
  • Trampa: la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (art. 65 LOPJ). Salvo que corresponda en primera instancia a la Sección de lo Penal del Tribunal Central de Instancia (en las preguntas hasta 2024, «los Juzgados Centrales de lo Penal»), enjuicia, entre otros, los delitos contra el titular de la Corona, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno (2022-2A Q53, 2024-2A Q47, 2026-A Q49) y el contrabando de material de defensa y de productos y tecnología de doble uso (2024-1A Q48), y conoce de las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas de tratados (2025-A Q50). El examen da esas causas a La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo, a La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a La Sala Quinta del Tribunal Supremo o a El Juzgado Central de Instrucción, o atribuye a la Sala competencias de otros órganos: la responsabilidad civil contra Magistrados de los TSJ (Sala de lo Civil del Supremo, art. 56), la ilegalidad de los partidos políticos (Sala del art. 61), los conflictos colectivos de ámbito superior al autonómico (Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, art. 67.2.º) o la apelación contra las Audiencias Provinciales (TSJ, art. 73.3.c).
  • Trampa: qué es delincuencia organizada para el agente encubierto (art. 282 bis.4 LECrim). La asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos del catálogo cerrado de sus letras a) a o). El examen rebaja el número (La asociación de dos o más personas, 2018-1A Q40 y 2022-Canarias-3A Q42), quita la permanencia o reiteración (La asociación de cuatro personas para realizar, conductas, 2022-Canarias-3A Q42), abre el catálogo (alguno de los delitos contemplados en el Código Penal, 2018-1A Q40) o mete delitos que no están: homicidio, asesinato o aborto (2018-2A Q40, 2022-Canarias-3A Q42) y Delitos de malversación (2020-1A Q45). Sí están, entre otros, la trata, la propiedad intelectual e industrial, la falsificación de moneda, el patrimonio histórico y los derechos de los ciudadanos extranjeros. Regla: «más de dos» es «tres o más» (2018-1A Q40, clave c).
  • Trampa: el juez del Habeas Corpus (art. 2 LO 6/1984). Es el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; si no constare, el del lugar en que se produzca la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre su paradero. Si la detención obedece a la ley orgánica del art. 55.2 CE (bandas armadas o elementos terroristas), el Juez Central de Instrucción correspondiente; en la Jurisdicción Militar, el Juez Togado Militar de Instrucción constituido en la cabecera de la circunscripción jurisdiccional en la que se efectuó la detención. El examen salta un escalón (el juez del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido cuando no consta dónde está: 2017-2A Q44, 2024-2A Q46), deja elegir (El Juez de Instrucción que elija la persona que solicite el procedimiento, 2024-2A Q46) o da los casos de terrorismo al juez del lugar (2018-1A Q44, 2024-1A Q47). Regla: dónde está, dónde se detuvo, últimas noticias; terrorismo, Juez Central.
  • Trampa: ni Abogado ni Procurador en el Habeas Corpus (art. 4 LO 6/1984). Salvo cuando se incoe de oficio, se inicia por escrito o comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador. Cuatro exámenes hicieron obligatorio a uno de los dos o a ambos: Deberá estar suscrito por abogado y procurador (2018-1A Q31), siendo preceptiva la intervención de abogado (2020-2A Q49), Cuando se inicie por medio de comparecencia será preceptiva la intervención de procurador (2022-2A Q52) y el preceptivo abogado que ha de intervenir entre lo que debe constar en el escrito (2023-1A Q54). Regla: ni uno ni otro, por escrito o por comparecencia.
  • Trampa: las primeras diligencias (art. 13 LECrim). Son consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, detener, en su caso, a los presuntos responsables y proteger a los ofendidos o perjudicados, a sus familiares o a otras personas, o evitar la reiteración delictiva; y, en los delitos cometidos a través de internet, del teléfono o de otra tecnología de la información o la comunicación, el juzgado podrá acordar como primeras diligencias la retirada provisional de contenidos ilícitos, la interrupción provisional de los servicios que los ofrezcan o el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero. El examen quita la condición o añade una diligencia que no está: Consignar todas las pruebas del delito (2020-1A Q43) y La identificación de testigos del delito (2024-3A Q44), las dos como NO primeras diligencias. Regla: solo las pruebas que puedan desaparecer; se identifica al delincuente, no a los testigos.
  • Trampa: quién juzga los delitos leves (art. 14.1 LECrim). El conocimiento y fallo de los juicios por delito leve corresponde a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (en las preguntas hasta 2024, «el Juez de Instrucción»), salvo que corresponda a las secciones de violencia sobre la mujer o de violencia contra la infancia y la adolescencia. Los distractores: El Juez de lo Penal (2018-2A Q32, 2024-1A Q42), la Audiencia Provincial (las tres preguntas), El Juez de Primera Instancia de la circunscripción donde el delito fue cometido (2018-2A Q32), El Juez Central de Instrucción (2024-1A Q42) y El Alcalde de la localidad en ausencia del Juez de Paz (2019-2B Q69). Regla: el delito leve lo juzga la instrucción; el art. 14 no nombra al Juez de Paz.
  • Trampa: quién está en el registro y cuándo hay certificación (art. 569 LECrim). El registro se hace a presencia del interesado o de quien legítimamente le represente; si aquel no es habido o no quiere concurrir ni nombrar representante, de un individuo de su familia mayor de edad; si no lo hay, de dos testigos vecinos del mismo pueblo; y siempre en presencia del Secretario judicial (hoy Letrado de la Administración de Justicia), que levanta acta y que, en caso de necesidad, puede ser sustituido en la forma prevista en la LOPJ. La resistencia a presenciarlo es desobediencia grave, sin perjuicio de que la diligencia se practique, y la certificación del acta solo se expide si no se encuentran las personas u objetos buscados ni aparecen indicios sospechosos y la parte la reclama. El examen escribe personas que ilegítimamente le representen o quita el «mayor de edad» (2018-2A Q43), El registro se practicará siempre en presencia de dos testigos y la certificación en todo caso (2023-2A Q55), o Siempre que el acto sea presenciado por los testigos (2020-2A Q48).
  • Trampa: el Juzgado Decano custodia el registro de las entregas vigiladas (art. 263 bis LECrim). El Juez que dicta la resolución que autoriza la circulación o entrega vigilada da traslado de copia al Juzgado Decano de su jurisdicción, que tiene custodiado un registro de esas resoluciones (2017-2A Q34, 2020-2A Q46, 2024-3A Q45). Los distractores: Al Ministerio Fiscal de su jurisdicción y los mandos de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial (2017-2A Q34), La Audiencia Provincial, El Ministerio de Justicia y El Juzgado de Guardia (2020-2A Q46), la Audiencia Nacional y un Ministerio (2024-3A Q45).
  • Trampa: «permanente y especial» (art. 18 RD 769/1987). A las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial corresponde la función de investigación criminal con carácter permanente y especial, con los efectivos y medios necesarios y, donde el nivel de delincuencia lo haga preciso, los correspondientes equipos de especialización delictual. El examen cambia el par: Permanente y concreto, Especial y supeditado, Especial y delegado (2019-2B Q75), Concreto e independiente, Independiente y específico (2020-2A Q51); o el nombre de los equipos: De investigación judicial, De investigación superior (2025-A Q52).

LECrim arts. 261, 263 bis, 273, 276, 277, 282 bis, 283, 284, 298, 302, 307, 308, 324, 333, 334, 354, 363, 369, 370, 411, 412, 416, 417, 436, 437, 467, 468, 490, 492, 495, 496, 497, 520, 520 bis, 547, 554; LO 6/1984 arts. 3, 7; RD 769/1987 arts. 7, 16; LOPJ art. 550

08Conexiones entre temas

  • → Tema 4 (Constitución Española): el derecho a la libertad personal del art. 17 CE fundamenta todo este tema. El art. 17.2 CE fija el plazo máximo de detención preventiva en 72 horas (concreción en art. 520.1 LECrim); el art. 17.3 CE garantiza los derechos del detenido (concreción en art. 520.2 LECrim); el art. 17.4 CE obliga al legislador a regular el habeas corpus (concreción en LO 6/1984). El art. 55.2 CE permite suspensión de garantías (arts. 17.2, 18.2 y 18.3 CE) por delitos del 384 bis — se concreta en el art. 520 bis LECrim.
  • → Tema 8 (Derecho Penal — Parte General): el art. 495 LECrim prohíbe la detención por delitos leves (salvo que el presunto reo no tenga domicilio conocido ni dé fianza bastante), concepto del art. 13 CP (delitos graves, menos graves y leves).
  • → Tema 15 (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad — LO 2/1986): el art. 283 LECrim coexiste con los arts. 29-30 LOFCS, que definen las funciones y Unidades de PJ del CNP y GC. El art. 126 CE y los arts. 547-550 LOPJ + RD 769/1987 completan el marco. La distinción: sentido amplio (art. 283 LECrim, 9 categorías) frente al estricto (art. 30.1 LOFCS + art. 7 RD 769/1987: Unidades Orgánicas de CNP + GC).
  • → Tema 21 (Violencia de género — LO 1/2004): la orden de protección (art. 544 ter LECrim) y la competencia penal de las Secciones de Violencia sobre la Mujer (art. 14.5 LECrim; art. 89.5 LOPJ), donde está vedada la utilización de los medios adecuados de solución de controversias (art. 89.9 LOPJ).
  • → Tema 20 (Responsabilidad penal del menor — LO 5/2000): la detención de menores de 14 a 17 años se rige por la LO 5/2000 (máximo 24 horas + asistencia letrada obligatoria + MF como instructor), con los derechos del art. 520 LECrim (art. 17.1 LO 5/2000). El art. 520.4 LECrim conecta con esta vía remitiendo al menor a las Secciones de Menores de la Fiscalía.
  • → Tema 13 (Seguridad ciudadana — LO 4/2015): la identificación de personas del art. 16 LO 4/2015 no es una detención del art. 17 CE / art. 520 LECrim: el traslado a dependencias dura el tiempo estrictamente necesario, nunca más de 6 horas (art. 16.2); la detención, hasta 72 horas.

Derecho Constitucional; Derecho Penal; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Guardia Civil; Protección Integral contra la Violencia de Género; Responsabilidad Penal de los Menores; Seguridad Pública y Seguridad Privada

Preguntas frecuentes

¿Qué incluye el resumen del tema 9 de Guardia Civil?

Esta página recoge el resumen completo del tema 9 (Derecho Procesal Penal, LECrim + LO 6/1984 + LOPJ + RD 769/1987 + Ley 4/2015): visión general del tema, esquema completo, tablas comparativas, plazos y cifras clave, trampas frecuentes de examen y conexiones entre temas, con 7 ejemplos prácticos ilustrados. Puedes leerlo aquí entero o descargarlo en PDF.

¿Hay que registrarse para leer o descargar el resumen?

No. Esta página y el PDF están en abierto. La suscripción da acceso a todas las preguntas tipo test con su explicación, a todos los simulacros con tu nota calculada, a todas las fichas con repetición espaciada y al plan diario completo.

¿El resumen del tema 9 está actualizado?

Sí. El texto se verificó conforme al BOE el 16/11/2026. Un comprobador automático revisa a diario si alguna ley del temario ha cambiado, y cuando cambia regeneramos el tema entero.

¿Qué son las trampas de examen?

Errores que los exámenes oficiales usan una y otra vez: un plazo cambiado, un «podrá» donde la ley dice «deberá», una mayoría simple donde la ley exige absoluta. En el resumen del tema 9 aparecen con la formulación falsa y, al lado, lo que dice de verdad la norma.