Resumen del Tema 21 de Guardia Civil: Protección Integral contra la Violencia de Género

Cubre la LO 1/2004 contra la Violencia de Género: derechos de las víctimas, acreditación, tutela penal y Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Actualizado el 15/11/2026

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    Ponte a prueba. Cierra el resumen e intenta recordarlo. Lo que recuerdes sin mirar es lo que de verdad sabes; si hay algo que te cuesta recordar, repásalo de nuevo.

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01Visión general del tema

El Tema 21 cubre la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una ley transversal que reforma Código Penal, LOPJ, LEC, LECrim, Estatuto de los Trabajadores, LGSS y la Ley General de Publicidad. Es la columna del bloque «deontología / menores / violencia de género» y se examina con un patrón muy estable: composición y plazos de los órganos de tutela institucional, medios de acreditación y derechos de las víctimas.

Peso en examen

Desde 2023, cada examen trae dos preguntas del tema de sus 100 de conocimientos: 14 en los siete exámenes de 2023 a 2026, y dos más de reserva en 2023; ningún examen anterior lo preguntó. De esas 14, seis son del Título II (derechos de las víctimas, tres de ellas del art. 23), cinco del Título III (tutela institucional, tres del art. 30), dos del Título I y una del art. 1. Las medidas judiciales de protección (arts. 61-69 del Título V) no han caído nunca; el temario oficial del Tema 21 comprende la Ley Orgánica 1/2004 entera, Títulos IV y V incluidos.

Artículos estrella

El preguntado en tres convocatorias o más: art. 30 (Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer: 2023, en dos preguntas de reserva, 2024 y 2025). En dos convocatorias: art. 23 (acreditación: 2023 y 2026). En una convocatoria: arts. 1 (definición), 15 y 16 (ámbito sanitario), 19 y 21 (derechos de las víctimas), 28 ter (reparación), 29 (Delegación del Gobierno) y 31 (unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).

Qué pesa más

El Observatorio Estatal (art. 30): la periodicidad anual de su informe (2023-1A, en reserva, 2024-1A y 2025-A) y su composición (2023-2A, en reserva, y 2025-A). La acreditación de la violencia de género (art. 23: tres preguntas), con los medios que no la acreditan, como la declaración responsable de la víctima (2023-1A). Quién establece las unidades especializadas: el Gobierno (art. 31.1: 2024-1A). Quién elabora la Macroencuesta: la Delegación del Gobierno (art. 29.1: 2024-2A).

LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

02Diagrama: orden de protección y medidas judiciales (arts. 61-69)

El Capítulo IV del Título V articula la orden de protección (art. 62, por remisión al art. 544 ter LECrim) como puerta de entrada a un abanico de medidas que el Juez VG (o, en su defecto, el de Guardia) puede acumular en un mismo auto motivado. La medida del art. 66 es imperativa: el Juez «ordenará» la suspensión del régimen de visitas; si, en interés superior del menor, no la acuerda, deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá el régimen de estancia, relación o comunicación.

Figura 1 — Orden de protección y medidas judiciales del Juzgado de Violencia sobre la Mujer (LO 1/2004 arts. 61-69; art. 544 ter LECrim)
Figura 1 — Orden de protección y medidas judiciales del Juzgado de Violencia sobre la Mujer (LO 1/2004 arts. 61-69; art. 544 ter LECrim)

LO 1/2004 arts. 61-69; art. 544 ter LECrim

03Diagrama: informes periódicos y sus destinatarios (arts. 3, 16, 29-30)

Quién informa a quién y cada cuánto: la Comisión contra la Violencia de Género del CISNS emite un informe anual que se remite al Observatorio Estatal y al Pleno del Consejo Interterritorial (art. 16); el Observatorio Estatal remite al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer (art. 30.2); la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, oída la Comisión del Plan, elabora el Informe anual de evaluación del Plan Estatal de Sensibilización y Prevención y lo remite a las Cortes Generales (art. 3.1.d), y realiza y publica la Macroencuesta con periodicidad mínima trienal (DA 21.ª).

Figura 2 — Informes periódicos y sus destinatarios (LO 1/2004 arts. 3, 16, 29 y 30; DA 21.ª)
Figura 2 — Informes periódicos y sus destinatarios (LO 1/2004 arts. 3, 16, 29 y 30; DA 21.ª)

LO 1/2004 arts. 3, 16, 29 y 30; disposición adicional vigesimoprimera

04Esquema completo LO 1/2004

Título preliminar — Disposiciones generales (arts. 1-2)

  • Art. 1 — Objeto de la Ley. 1.1: actúa contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 1.3: comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. 1.4: también la violencia que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas indicadas en el apartado primero (la ley llama a esta forma «violencia vicaria» en su art. 19.5).
  • Dos mujeres adultas conversan sentadas en la sala de espera de un centro de atención.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 1.3 LO 1/2004
    Cuando la violencia no es solo física

    Laura conversa con su hermana en una sala de espera de un centro de atención a víctimas. Le cuenta que su pareja nunca la ha agredido físicamente, pero hace meses la controla: revisa su teléfono, le impide ver a sus amistades sin permiso y, en las últimas semanas, le ha exigido que entregue las llaves del coche cada vez que sale. Laura duda si lo que vive entra dentro del concepto legal de violencia de género o si la ley solo protege en supuestos de agresión física.

    Cuando el examen pregunta por art. 1.3, el distractor de 2024-2A (Q91) sustituye la conjunción y por «física o psicológica» o suprime las coacciones o la privación arbitraria de libertad; los cuatro elementos van juntos.

    El art. 1.3 LO 1/2004 incluye en la violencia de género todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.

  • Art. 2 — Principios rectores: 11 fines (a-k) que incluyen sensibilización, derechos exigibles, servicios sociales, ámbito laboral / funcionarial, derechos económicos, tutela institucional (Delegación + Observatorio), marco penal y procesal, coordinación, sociedad civil, especialización profesional y transversalidad.

Título I — Sensibilización, prevención y detección (arts. 3-16)

  • Art. 3 — Plan Estatal de Sensibilización y Prevención (carácter permanente); Comisión creada en plazo máximo de un mes; la Delegación elabora el informe anual a las Cortes.
  • Arts. 4-9 — Sistema educativo: igualdad, resolución pacífica de conflictos, transversal desde Infantil a Universidad. Art. 5: escolarización inmediata de los hijos por cambio de residencia derivado de actos de VG. Art. 8: en el Consejo Escolar del Estado se asegura la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, con implantación en todo el territorio nacional.
  • Arts. 10-14 — Publicidad y medios: publicidad ilícita si usa imagen vejatoria o discriminatoria; legitimados para la acción de cesación (Delegación Especial, Instituto de la Mujer / órgano CCAA, MF, asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer).
  • Art. 15 — Sensibilización y formación sanitaria en el seno del CISNS; detección precoz.
  • Art. 16 — Consejo Interterritorial del SNS. En el seno del CISNS se constituirá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor, una Comisión contra la Violencia de Género compuesta por representantes de todas las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. La Comisión emitirá un informe anual que será remitido al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial (ambos destinatarios — confirmado 2024-3A Q93).

Título II — Derechos de las víctimas (arts. 17-28 ter)

  • Art. 17 — Garantía sin discriminación. 17.3: los servicios de información y orientación, atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, asesoramiento jurídico 24 horas, y los de acogida y asistencia social integral tienen carácter de servicios esenciales; además, se garantiza el normal funcionamiento del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación.
  • Art. 18 — Derecho a información plena y accesible (lengua de signos, lenguas cooficiales, castellano).
  • Art. 19 — Derecho a la atención integral. 19.1: servicios sociales de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral, organizados por las CCAA y Corporaciones Locales conforme a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. 19.2 atención multidisciplinar: a) información, b) atención psicológica, c) apoyo social, d) seguimiento de reclamaciones, e) Apoyo educativo a la unidad familiar (NO «a la víctima» — trampa 2023-2A Q94), f) formación preventiva en igualdad, g) apoyo a formación e inserción laboral. 19.5: también los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida, o convivan en contextos familiares en los que se cometen actos de violencia de género; psicología infantil para víctimas de violencia vicaria.
  • Mujer adulta de pie junto a una ventana del salón de su casa terminando una llamada telefónica.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 19.2 LO 1/2004
    El apoyo educativo no es solo para la víctima

    Elena recibe en su domicilio una llamada del centro de servicios sociales que le presenta el plan de atención integral previsto por la ley. Al detallar los apartados, una de las trabajadoras menciona el apoyo educativo. Elena pregunta si esa prestación se dirige solo a ella o si puede alcanzar también a la pequeña unidad familiar que vive con ella. Necesita decidir si pide cita para una sesión informativa.

    Cuando el examen pregunta por art. 19.2.e, la opción falsa de 2023-2A (Q94) desplaza el destinatario a «la víctima»; la ley dirige el apoyo educativo a la unidad familiar, mientras que la atención psicológica (19.2.b) sí es para la víctima.

    El art. 19.2.e LO 1/2004 enumera, entre las prestaciones de la atención multidisciplinar, el apoyo educativo a la unidad familiar como concepto distinto de la atención psicológica del apartado 19.2.b.

  • Art. 19 bis — Derecho a atención sanitaria del Sistema Público de Salud; psicólogos infantiles para violencia vicaria.
  • Art. 20 — Asistencia jurídica gratuita: asesoramiento jurídico gratuito inmediatamente previo a la denuncia, y defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida; una misma dirección letrada asume la defensa, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa; el derecho asiste también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos. Designación urgente de letrado por los Colegios de Abogados y de procurador por los Colegios de Procuradores (cuando la víctima desee personarse como acusación particular).
  • Art. 21 — Derechos laborales y de Seguridad Social. 21.1: reducción / reordenación del tiempo, movilidad geográfica, cambio de centro, adaptación del puesto y apoyos que precise por razón de su discapacidad para su reincorporación, suspensión con reserva de puesto y extinción del contrato. 21.3: bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes en contratos de interinidad durante toda la suspensión (o seis meses en movilidad / cambio de centro). 21.4: las ausencias o faltas de puntualidad se considerarán justificadas y serán remuneradas cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud (NO «en cualquier caso» — trampa 2024-3A Q94). 21.5: cese temporal de autónomas, suspensión de cotización seis meses.
  • Trabajadora entrega un documento a su responsable en una oficina con un ordenador portátil sobre la mesa.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 21.4 LO 1/2004
    Justificar y cobrar las ausencias del trabajo

    María, administrativa en una empresa privada, reincorpora su jornada tras una semana de ausencias por la situación que está atravesando con su expareja. Su responsable de Recursos Humanos le pregunta cómo se computarán esas faltas. María entrega un informe firmado por una trabajadora social del centro especializado donde recibe atención. El responsable necesita confirmar si, conforme a la LO 1/2004, esas faltas se consideran justificadas y remuneradas o si la justificación depende de algún criterio adicional.

    Cuando el examen pregunta por art. 21.4, la opción falsa de 2024-3A (Q94) dice «en cualquier caso»; la pista es que la justificación y la remuneración operan cuando así lo determinen los servicios sociales o de salud, no automáticamente.

    El art. 21.4 LO 1/2004 dispone que las ausencias o faltas de puntualidad de la trabajadora víctima de violencia de género se considerarán justificadas y serán remuneradas cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o los servicios de salud.

  • Art. 22 — Programa específico de empleo dentro de los planes anuales.
  • Art. 23 — Acreditación de situaciones de violencia de género. Se acredita mediante: sentencia condenatoria, orden de protección, cualquier resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios, informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida de la Administración Pública competente destinados a las víctimas, o cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos. En el caso de víctimas menores de edad, además documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial. Último párrafo: Gobierno y CCAA, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñarán de común acuerdo los procedimientos básicos (confirmado 2023-1A Q94).
  • Mujer adulta sentada frente a un profesional en un despacho municipal con un documento sobre la mesa.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 23 LO 1/2004
    Qué documentos acreditan la situación de violencia

    Carmen acude a un Punto Municipal de Atención a Víctimas para solicitar asesoramiento sobre los derechos laborales y la asistencia jurídica gratuita previstos en la LO 1/2004. El trabajador social le pide algún medio que acredite formalmente la situación. Carmen ofrece una declaración propia firmada en la que relata los hechos. El profesional le explica que ese documento, por sí solo, no es uno de los medios admitidos por la ley; necesita aportar, por ejemplo, una resolución judicial, un informe del Ministerio Fiscal o un informe de los servicios sociales, especializados o de acogida.

    En 2023-1A (Q95), la opción falsa sobre el art. 23 era la declaración responsable de la víctima: acreditan los títulos que la ley enumera, otros que prevea la normativa sectorial y, para menores, documentos sanitarios oficiales; no esa declaración.

    El art. 23 LO 1/2004 acepta sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución judicial con medida cautelar a favor de la víctima, informe del Ministerio Fiscal que indique indicios o de los servicios sociales, especializados o de acogida, u otro título que prevea la normativa sectorial; para menores, además, documentos sanitarios oficiales.

  • Arts. 24-26 — Funcionarias: reducción / reordenación, movilidad de centro, excedencia; ausencias justificadas; acreditación remite al art. 23.
  • Art. 27 — Ayuda social de pago único cuando la víctima carezca de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del SMI (excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias), siempre que se presuma que, por su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por ello no participará en los programas de empleo: equivalente a seis meses de subsidio por desempleo, doce meses si discapacidad ≥33 %, con responsabilidades familiares, hasta dieciocho meses, o hasta veinticuatro meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una discapacidad ≥33 % (art. 27.4: «su importe podrá alcanzar»).
  • Art. 28 — Víctimas como colectivo prioritario en vivienda protegida y residencias públicas para mayores.
  • Mujer adulta consulta a una abogada en un despacho con notas y una carpeta abierta entre ambas.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 28 ter LO 1/2004
    Qué daños cubre el derecho a la reparación

    Patricia se reúne con la abogada que la asiste en el procedimiento. Sobre la mesa hay un borrador con los conceptos indemnizables que podrán reclamarse en la futura ejecución civil. La letrada le enumera el daño físico y psicológico, la pérdida de oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales, los daños materiales con su lucro cesante, el daño social entendido como daño al proyecto de vida y el tratamiento terapéutico. Patricia pregunta si las oportunidades de desarrollo cultural también encajan ahí o si la ley delimita un listado cerrado.

    Cuando el examen pregunta por art. 28 ter.2, la opción falsa de 2023-2A (Q95) habla de «desarrollo cultural»; la ley enumera educación, empleo y prestaciones sociales dentro de la pérdida de oportunidades, sin mención al desarrollo cultural.

    La indemnización del art. 28 ter.2 cubre, al menos: daño físico y psicológico (moral y dignidad incluidos); pérdida de oportunidades (incluidas educación, empleo y prestaciones sociales); daños materiales y pérdida de ingresos (lucro cesante incluido); daño social al proyecto de vida; tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva. El «desarrollo cultural» no figura.

  • Art. 28 bis — Derecho a la reparación: compensación económica, recuperación física / psíquica / social, reparación simbólica y garantías de no repetición.
  • Art. 28 ter — Medidas para garantizar el derecho a la reparación. Conceptos indemnizables (28 ter.2): a) El daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad; b) La pérdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales (no «desarrollo cultural» — trampa 2023-2A Q95); c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) El daño social, entendido como el daño al proyecto de vida; e) El tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva. La indemnización la satisfacen los responsables civil o penalmente (28 ter.3); reparación simbólica con derecho de supresión en buscadores y medios públicos (28 ter.4).

Título III — Tutela institucional (arts. 29-32)

  • Art. 29 — Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 29.1: adscrita al Ministerio de Igualdad o al departamento con competencias en la materia; formula las políticas públicas, elaborará la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres, coordina e impulsa las actuaciones. 29.2: su persona titular está legitimada ante los órganos jurisdiccionales.
  • Art. 30 — Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. 30.1: órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (literal BOE); le corresponden el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de género (la opción correcta de 2024-1A Q92). Los datos contenidos en dichos informes, estudios y propuestas se consignarán desagregados por sexo. 30.2: remite al Gobierno y a las CCAA un informe con periodicidad anual sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer (trampa 2024-1A Q92 y 2025-A Q91). 30.3 — composición reglamentaria: garantiza la participación de CCAA, entidades locales, agentes sociales, asociaciones de consumidores y usuarios, organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado (NO «en una CCAA» — trampa 2025-A Q92) y organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
  • Mujer adulta revisa un informe impreso en una mesa de la sala de lectura de una biblioteca pública.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 30 LO 1/2004
    Quién informa cada año sobre la violencia contra las mujeres

    Lucía prepara para su asociación vecinal una charla sobre los recursos públicos contra la violencia de género. Quiere citar el informe periódico que analiza la evolución de esa violencia, los tipos penales aplicados y la eficacia de las medidas de protección, y duda entre atribuirlo a la Delegación del Gobierno, que elabora la Macroencuesta, o al Observatorio Estatal, y sobre si ese informe es trimestral o anual.

    Cuando el examen pregunta por art. 30, 2024-1A (Q92) y 2025-A (Q91) ofrecen trimestral, mensual o bienal, y 2024-1A, Ministerio del Interior; la ley dice anual, al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

    El art. 30.2 encarga al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer remitir al Gobierno y a las CCAA, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer, los tipos penales aplicados y la efectividad de las medidas de protección. La Macroencuesta, de la Delegación, tiene periodicidad mínima trienal.

  • Art. 31 — Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 31.1: El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unidades especializadas en la prevención de la VG y en el control de la ejecución de las medidas judiciales (NO el Ministerio del Interior, ni la Delegación, ni el Delegado / Subdelegado — trampa 2024-1A Q93). 31.2: el Gobierno promoverá que las Policías Locales, en el marco de su colaboración con las FCSE, cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales previstas en esta Ley, en el art. 544 bis LECrim o en el art. 57 CP. 31.3: Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales. 31.4: aplicable también a cuerpos autonómicos (LO 2/1986).
  • Art. 32 — Planes de colaboración que implican a las administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad; especial atención a mujeres en minorías, inmigrantes, exclusión social, con discapacidad, mayores o del ámbito rural.

Título IV — Tutela penal (arts. 33-42)

  • Arts. 33-35 — Reformas al CP de 2004: en delitos relacionados con la violencia de género, la suspensión de la pena quedaba condicionada en todo caso a las reglas 1.ª, 2.ª y 5.ª del art. 83 CP (art. 33); si la pena suspendida era de prisión, incumplirlas determinaba la revocación (art. 84 CP, art. 34); y la prisión sólo podía sustituirse por trabajos en beneficio de la comunidad, con programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico y las reglas 1.ª y 2.ª del art. 83 (art. 88 CP, art. 35). Hoy el art. 88 CP está suprimido; el art. 83.2 CP impone siempre, en los delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge o pareja, aun sin convivencia, las prohibiciones y deberes de las reglas 1.ª, 4.ª y 6.ª, y el art. 84.2 CP, en esos delitos y en los demás que enumera, sólo permite la multa como condición si consta que no existen entre ellos relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o de una descendencia común.
  • Art. 36 — Lesiones agravadas (art. 148 CP) si la víctima es o fue esposa o mujer ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor: podrán castigarse con prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido.
  • Art. 37 — Malos tratos (art. 153 CP): prisión de seis meses a un año o TBC 31-80 días, privación tenencia / porte de armas de un año y un día a tres años; y, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.
  • Arts. 38-39 — Amenazas leves (art. 171.4 CP) y coacciones leves (art. 172.2 CP): mismas penas.
  • Art. 40 — Quebrantamiento agravado (art. 468 CP) cuando la víctima sea del art. 173.2 CP.
  • Art. 41 — Vejaciones leves: dio nueva redacción a la falta del art. 620 CP; el libro III del CP está hoy derogado (arts. 617 a 639, derogados con efectos del 1-7-2015) y la injuria o vejación injusta de carácter leve sobre las personas del art. 173.2 es hoy el delito leve del art. 173.4 CP.
  • Art. 42 — Administración penitenciaria: programas específicos de reeducación; las Juntas de Tratamiento valoran su seguimiento en progresiones de grado, permisos y libertad condicional.

Título V — Tutela judicial (arts. 43-72)

  • Cap. I — Juzgados de Violencia sobre la Mujer (arts. 43-56). Art. 43: crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (añadió el art. 87 bis LOPJ): uno o más por partido, con sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Hoy el art. 87 bis LOPJ está suprimido (LO 1/2025): según el art. 89.2 LOPJ, cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo, se creará en el Tribunal de Instancia una Sección de Violencia sobre la Mujer, que extenderá su jurisdicción a todo el partido judicial.
  • Art. 44 — Competencia (añadió el art. 87 ter LOPJ, hoy suprimido por la LO 1/2025: esas competencias son hoy las de las Secciones de Violencia sobre la Mujer, arts. 89.5 a 89.9 LOPJ y 14.5 LECrim). Orden penal (87 ter.1): instrucción de homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, cuando se cometan contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género; instrucción de cualquier delito contra los derechos y deberes familiares cuando la víctima sea alguna de las personas anteriores; adopción de órdenes de protección (salvo competencia del Juez de Guardia); conocimiento y fallo de las faltas de los títulos I y II del libro III CP cuando la víctima sea alguna de las personas de la letra a) (libro hoy derogado; hoy, «de los delitos leves que les atribuya la ley, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a)», art. 14.5.d LECrim). Orden civil (87 ter.2): filiación, maternidad y paternidad; nulidad, separación y divorcio; relaciones paterno-filiales; adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar; los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores; necesidad de asentimiento en la adopción; oposición a resoluciones administrativas en materia de protección de menores. 87 ter.3 — competencia exclusiva y excluyente cuando concurran: (a) proceso civil de las materias anteriores, (b) alguna parte sea víctima, (c) alguna parte esté imputada como autor / inductor / cooperador necesario, (d) se hayan iniciado actuaciones penales o se haya adoptado orden de protección. 87 ter.5: está vedada la mediación (hoy art. 89.9 LOPJ: «está vedada la utilización de los medios adecuados de solución de controversias»).
  • Arts. 45-46 — Las Audiencias Provinciales conocen de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados VG de la provincia: en materia penal deberán especializarse una o varias de sus secciones (art. 45); en materia civil podrán (art. 46). Hoy, art. 82.1.3.º y 82.2.2.º LOPJ, para las Secciones de Violencia sobre la Mujer.
  • Art. 47 — Formación específica en igualdad y VG para Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses, con enfoque de la discapacidad de las víctimas y atención a la violencia vicaria.
  • Arts. 48-56 — Planta, sede en capital del partido (art. 49), Magistrados en los de la capital de provincia y en los demás que establezca el anexo XIII (art. 50) y, si el Ministro de Justicia lo establece, en partidos de más de 150.000 habitantes de derecho o con aumentos de población de hecho que superen esa cifra, cuando el volumen de cargas competenciales así lo exija (art. 51), constitución escalonada (art. 52), notificación de sentencias y juicios rápidos.
  • Cap. II — Normas procesales civiles (art. 57). Añade el art. 49 bis LEC: el Juez civil que esté conociendo en primera instancia y tenga noticia de un acto de violencia de género que haya dado lugar a un proceso penal o a una orden de protección, tras verificar que concurren los requisitos de la competencia exclusiva del Juzgado VG en el orden civil, deberá inhibirse y remitir los autos, en el estado en que se hallen, al Juez de Violencia sobre la Mujer, salvo que se haya iniciado la fase del juicio oral (hoy el art. 49 bis.1 LEC dice «salvo que se haya iniciado materialmente la vista o comparecencia del procedimiento civil contencioso o de jurisdicción voluntaria» y remite al art. 89.7 LOPJ); si el acto aún no ha dado lugar a un proceso penal ni a una orden de protección, tras verificar esos mismos requisitos, citará de inmediato a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrará en las 24 horas siguientes.
  • Cap. III — Normas procesales penales (arts. 58-60). Art. 58 redacta el art. 14.5 LECrim (competencia para instrucción); Art. 59 añade el art. 15 bis LECrim (competencia territorial por el domicilio de la víctima); Art. 60 añade el art. 17 bis LECrim (extensión a los delitos conexos, siempre que la conexión tenga su origen en los supuestos de los números 3.º y 4.º del art. 17).
  • Cap. IV — Medidas judiciales de protección (arts. 61-69). Art. 61.2: el Juez se pronuncia de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan los servicios de atención a las víctimas o su acogida. Art. 62: la orden de protección se tramita conforme al artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Art. 63: protección de datos, vistas a puerta cerrada. Art. 64: salida del domicilio, alejamiento, prohibición de comunicación, dispositivos telemáticos; 64.4 el alejamiento podrá acordarse con independencia de que la persona afectada, o aquéllas a quienes se pretenda proteger, hubieran abandonado previamente el lugar. Art. 65: suspensión de la patria potestad, guarda y custodia, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho. Art. 66: El Juez ordenará la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación respecto de los menores (medida imperativa; si, en interés superior del menor, no la acuerda, deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá el régimen de estancia, relación o comunicación). Art. 67: suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas con obligación de depositarlas. Art. 68: medidas adoptadas mediante auto motivado en el que se aprecie su proporcionalidad y necesidad, con intervención del Ministerio Fiscal y respeto de los principios de contradicción, audiencia y defensa. Art. 69: las medidas pueden mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos; se hará constar en la sentencia.
  • Cap. V — Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer (arts. 70-72). El art. 70 añadió al EOMF (art. 18 quáter) el Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, con categoría de Fiscal de Sala, nombrado por el Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, como delegado; el art. 71 creó Secciones contra la Violencia sobre la Mujer en las Fiscalías de los TSJ y de las Audiencias Provinciales; el art. 72, un delegado de Jefatura en cada Fiscalía para la violencia de género, el medio ambiente y la vigilancia penitenciaria. La Ley 24/2007 suprimió el art. 18 quáter y reescribió el art. 22, que ya no prevé ese delegado de Jefatura. El EOMF vigente dice en su art. 20.Uno: «En la Fiscalía General del Estado existirá un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, con categoría de Fiscal de Sala»; como destino de la categoría primera, lo provee el Gobierno a propuesta del Fiscal General del Estado (art. 36 EOMF); y su art. 18 sitúa la Sección contra la Violencia sobre la Mujer en las Fiscalías Provinciales (podrá constituirse también en las de las Comunidades Autónomas cuando sus competencias, el volumen de trabajo o la mejor organización y prestación del servicio así lo aconsejen).

Disposiciones adicionales y finales (selección)

  • DA 1.ª — El condenado por sentencia firme por delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones pierde la pensión de viudedad cuando la víctima fuera la causante de la pensión, salvo reconciliación; si la ofendida era su cónyuge o excónyuge, o estaba o había estado ligada a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, no le es abonable en ningún caso la pensión de orfandad de sus hijos, salvo reconciliación; y el condenado por delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la ofendida fuera su cónyuge o excónyuge o persona con la que estuviera o hubiera estado ligado de forma estable por análoga relación de afectividad durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento (bastará la mera convivencia si tuvieron descendencia en común), no es beneficiario, como víctima indirecta, de las ayudas de la Ley 35/1995.
  • DA 2.ª — Unidades de valoración forense integral con protocolos globales y especial atención a la violencia vicaria.
  • DA 11.ª — Evaluación de la aplicación de la Ley: informe del Gobierno al Congreso a los tres años de su entrada en vigor.
  • DA 13.ª — Fondo para servicios del art. 19 (Conferencia Sectorial).
  • DA 18.ª — Planta de los Juzgados de VG: anexo XIII de la Ley 38/1988 (Demarcación y Planta Judicial).
  • DA 19.ª — Fondo de garantía de pensiones de alimentos (RD 1618/2007).
  • DA 20.ª — Cambio de apellidos por Orden del Ministerio de Justicia.
  • DA 21.ª — Macroencuesta de violencia contra la mujer. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género realizará y publicará los resultados de la Macroencuesta con periodicidad mínima trienal (no anual: no la confundas con el informe del Observatorio, art. 30.2).
  • DF 3.ª — Carácter de Ley Orgánica, salvo los títulos I, II y III, los arts. 42 a 47 y 70 a 72, las DDAA 1.ª, 2.ª, 6.ª a 9.ª, 11.ª, 13.ª y 15.ª a 20.ª, la DT 2.ª y las DDFF 4.ª a 6.ª.
  • DF 7.ª — Entrada en vigor: treinta días tras la publicación en BOE, salvo títulos IV y V que entraron en vigor a los seis meses.

LO 1/2004 arts. 1-72; DDAA 1, 2, 11, 13, 18, 19, 20, 21; DF 3, 7

05Tablas comparativas

Tabla 1 — Violencia de género vs violencia doméstica

CriterioViolencia de género (LO 1/2004)Violencia doméstica (art. 173.2 CP)
Sujeto activoHombre (cónyuge o análogo, aun sin convivencia)Quien ejerza violencia sobre alguna de las personas del art. 173.2 CP
Sujeto pasivoMujer que es o fue cónyuge / pareja; también familiares o allegados menores, cuando la violencia sobre ellos se ejerce con el objetivo de causar perjuicio o daño a la mujer (art. 1.4)Quien sea o haya sido su cónyuge o pareja (aun sin convivencia); descendientes, ascendientes o hermanos propios o del cónyuge o conviviente; menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o estén sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente; personas integradas en el núcleo de su convivencia familiar; personas especialmente vulnerables bajo custodia o guarda en centros públicos o privados
ÁmbitoPareja o ex-pareja (con o sin convivencia)Núcleo familiar amplio y personas bajo custodia o guarda en centros (art. 173.2 CP); comprende también a la pareja o expareja
Órgano judicialJuzgado de Violencia sobre la Mujer (arts. 43-44 LO 1/2004; hoy Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia, art. 89 LOPJ)Juzgado de Instrucción (hoy Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, art. 88 LOPJ), salvo los delitos sobre los descendientes, los menores o las personas con discapacidad cuando también se haya producido un acto de violencia de género, que instruye el Juzgado VG (art. 87 ter.1.a; hoy art. 89.5.a LOPJ), y los que correspondan a una Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (art. 89 bis LOPJ)
Tipos penales específicosArts. 148.4, 153.1, 171.4, 172.2 CP (reformados por LO 1/2004 arts. 36-39)Arts. 153.2 y 171.5 CP; el maltrato habitual del art. 173.2 CP alcanza también a la esposa o expareja

Tabla 2 — Medidas judiciales de protección del Cap. IV Título V (arts. 64-69)

MedidaArtículoRégimen
Salida del domicilio / prohibición de volverArt. 64.1Potestativa (el Juez «podrá»)
Permuta del uso de la vivienda familiarArt. 64.2Excepcional, con agencia o sociedad pública
Alejamiento + distancia mínima + dispositivos telemáticosArt. 64.3-4Potestativa; con independencia de que la víctima se hubiera marchado
Prohibición de comunicaciónArt. 64.5Potestativa; acumulable a las anteriores (64.6)
Suspensión patria potestad / guarda y custodia / tutela / curatela / acogimiento / guarda de hechoArt. 65Potestativa; si no la acuerda, el Juez debe pronunciarse sobre su ejercicio
Suspensión régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con menoresArt. 66Imperativa: el Juez «ordenará» la suspensión; si, en interés superior del menor, no la acuerda, debe pronunciarse sobre la forma de ejercer el régimen de estancia, relación o comunicación
Suspensión tenencia, porte y uso de armasArt. 67Potestativa; depósito obligatorio

Tabla 3 — Ayudas del art. 27 (escalado del subsidio por desempleo)

SupuestoDuración equivalenteApartado
Ordinaria (rentas no superiores al 75 % del SMI y especiales dificultades para obtener un empleo, por las que no participará en los programas de empleo, art. 27.1)Seis meses27.2
Discapacidad ≥33 % de la víctimaDoce meses27.2
Responsabilidades familiaresHasta dieciocho meses27.4
Responsabilidades familiares + discapacidad ≥33 % (víctima o familiar conviviente)Hasta veinticuatro meses27.4

Tabla 4 — Órganos con funciones en la lucha contra la violencia de género (Título III, tutela institucional: arts. 29 y 30; además, arts. 16, 23, 43-44 y 70)

ÓrganoNaturalezaAdscripciónFunción principalArtículo
Delegación del Gobierno contra la VGÓrgano directivoMinisterio de Igualdad (o departamento con competencias)Formula políticas; elabora la Macroencuesta; legitimación jurisdiccionalArt. 29
Observatorio Estatal de Violencia sobre la MujerÓrgano colegiadoMinisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (literal BOE)Informe anual al Gobierno y CCAA; datos desagregados por sexoArt. 30
Comisión contra la VG del CISNSComisión técnicaConsejo Interterritorial del SNSInforme anual al Observatorio Estatal y al Pleno del CISNSArt. 16
Conferencia Sectorial de IgualdadÓrgano de cooperaciónAGE + CCAAMarco en el que el Gobierno y las CCAA diseñan, de común acuerdo, los procedimientos básicos de acreditación (art. 23 último párrafo)Art. 23
Juzgados de Violencia sobre la MujerÓrgano jurisdiccionalJurisdicción ordinaria (partido judicial)Competencia penal y civil conexa (art. 87 ter LOPJ, suprimido por la LO 1/2025; hoy art. 89 LOPJ, Secciones de Violencia sobre la Mujer)Arts. 43-44
Fiscal contra la Violencia sobre la MujerFiscal de SalaFiscalía General del EstadoSupervisa y coordina al MF en VGArt. 70

Tabla 5 — Medios de acreditación (art. 23)

¿Acredita?Medio
SíSentencia condenatoria
SíOrden de protección
SíCualquier resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima
SíInforme del Ministerio Fiscal con indicios
SíInforme de servicios sociales, especializados o de acogida
SíCualquier otro título, siempre que esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada derecho o recurso
Sí (sólo víctimas menores)Documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial
NoDeclaración responsable de la víctima (trampa 2023-1A Q95)

LO 1/2004 arts. 16, 23, 27, 29, 30, 43-44, 64-69; art. 173.2 CP; art. 87 ter LOPJ

06Plazos y cifras clave

ConceptoPlazo / CifraArtículo
Informe del Observatorio Estatal al Gobierno y CCAAAnual (no trimestral, no bienal)Art. 30.2
Informe de la Comisión contra la VG del CISNSAnual al Observatorio Estatal y al Pleno del CISNSArt. 16
Constitución de la Comisión contra la VG del CISNSEn el plazo de 1 año desde la entrada en vigorArt. 16
Macroencuesta de violencia contra la mujerPeriodicidad mínima trienalDA 21.ª
Comisión de control del Plan Estatal de SensibilizaciónCreación en plazo máximo de 1 mesArt. 3.1
Bonificación de las cuotas empresariales a la SS por contingencias comunes — contratos de interinidad (suspensión)100 % durante toda la suspensiónArt. 21.3
Bonificación de las cuotas empresariales a la SS por contingencias comunes — contratos de interinidad (movilidad / cambio de centro)100 % durante 6 mesesArt. 21.3
Suspensión de cotización (autónoma)6 meses, considerados cotización efectivaArt. 21.5
Ayuda social art. 27 — umbral de rentasNo superior al 75 % del SMI mensual, y además especiales dificultades para obtener un empleo, por las que no participará en los programas de empleoArt. 27.1
Ayuda social — cuantía ordinaria6 meses de subsidio por desempleoArt. 27.2
Ayuda social — discapacidad ≥33 %12 mesesArt. 27.2
Ayuda social — responsabilidades familiaresHasta 18 mesesArt. 27.4
Ayuda social — responsabilidades familiares + discapacidad ≥33 %Hasta 24 mesesArt. 27.4
Plazas de Juzgados de Violencia sobre la Mujer servidas por MagistradosEl Ministro de Justicia podrá establecerlo en partidos de más de 150.000 habitantes de derecho (o con aumentos de población de hecho que superen esa cifra) cuando el volumen de cargas competenciales lo exijaArt. 51
Entrada en vigor general30 días tras publicación en BOEDF 7.ª
Entrada en vigor títulos IV y V6 meses tras publicación en BOEDF 7.ª
Informe de evaluación de la LeyA los 3 años de entrada en vigor (Gobierno al Congreso)DA 11.ª
Lesiones agravadas (Art. 148 CP, víctima que es o fue esposa o análoga, aun sin convivencia)Podrán castigarse con 2 a 5 años de prisiónArt. 36 (CP art. 148)
Privación tenencia y porte de armas (tipos VG)1 año y 1 día a 3 añosArts. 37-39 (CP arts. 153, 171.4, 172.2)
Inhabilitación para la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento (malos tratos, amenazas, coacciones), si el Juez o Tribunal lo estima adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protecciónHasta 5 añosArts. 37-39

LO 1/2004 arts. 3, 16, 21, 27, 30, 37-39, 51; disposiciones adicionales undécima y vigesimoprimera; disposición final séptima

07Trampas frecuentes de examen

  • Trampa: «apoyo educativo a la víctima» (art. 19.2.e). El BOE dice Apoyo educativo a la unidad familiar; el examen intercambia el destinatario: la atención psicológica sí va dirigida a la víctima, pero el apoyo educativo no, y la opción falsa decía a la víctima. Confirmado: 2023-2A Q94.
  • Trampa: declaración responsable como medio de acreditación (art. 23). Una declaración responsable de la víctima NO acredita la VG. Los medios son sentencia, orden de protección, resolución con medida cautelar, informe del MF, informe de servicios sociales / especializados / acogida, o cualquier otro título que prevea la normativa sectorial de cada derecho o recurso (y, además, documentos sanitarios oficiales para las víctimas menores de edad). Confirmado: 2023-1A Q95.
  • Trampa: «en cualquier caso» en art. 21.4. Las ausencias laborales serán justificadas y remuneradas cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, NO en cualquier caso. Confirmado: 2024-3A Q94.
  • Trampa: «desarrollo cultural» en art. 28 ter.2. Entre los conceptos indemnizables, una lista de mínimos («al menos»), está la pérdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales; la ley no menciona el desarrollo cultural. Confirmado: 2023-2A Q95.
  • Trampa: adscripción del Observatorio al Ministerio del Interior (art. 30.1). El Observatorio Estatal es órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (literal BOE); NO al Ministerio del Interior. Confirmado: 2024-1A Q92.
  • Trampa: informe del Observatorio «trimestral» (art. 30.2). Se remite con periodicidad anual; los distractores de esos exámenes son trimestral (los dos), mensual y bienal (2025-A); en la reserva de 2023-1A (R2), semestral y destinatarios incompletos (sólo el Gobierno, sólo las CCAA o las Diputaciones Provinciales): se remite al Gobierno y a las Comunidades Autónomas. Confirmado: 2025-A Q91, 2024-1A Q92 y 2023-1A R2.
  • Trampa: organizaciones de mujeres «con implantación en una CCAA» (art. 30.3). Deben tener implantación en todo el territorio del Estado, no en una CCAA. Las organizaciones empresariales y sindicales son las más representativas, no cualesquiera. Confirmado: 2025-A Q92.
  • Trampa: destinatario único del informe de la Comisión CISNS (art. 16). Se remite al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial — los dos destinatarios. Los distractores ofrecen sólo uno (al Observatorio o al Pleno del CISNS) o tres destinatarios; la respuesta es «a) y c)». Confirmado: 2024-3A Q93.
  • Trampa: quién crea las unidades FCSE (art. 31.1). Las establece El Gobierno; NO el Ministerio del Interior, NO la Delegación del Gobierno, NO el Delegado o Subdelegado del Gobierno. Confirmado: 2024-1A Q93.
  • Trampa: Delegación del Gobierno vs Observatorio (art. 29.1). La Delegación del Gobierno contra la VG formula las políticas y elabora la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres; NO el Observatorio Estatal, NO el Ministerio de Igualdad genéricamente, NO la Comisión del CISNS. Confirmado: 2024-2A Q92.
  • Trampa: definición de VG truncada (art. 1.3). Comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. El examen ofrece distractores que excluyen las coacciones o la privación arbitraria de libertad, o que dicen «física o psicológica» en lugar de «física y psicológica». Confirmado: 2024-2A Q91.
  • Trampa: acreditación en sede equivocada (art. 23, último párrafo). Los procedimientos básicos de acreditación se diseñan en la Conferencia Sectorial de Igualdad, NO en el Observatorio Estatal, NO en la Delegación del Gobierno, NO en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Confirmado: 2023-1A Q94.
  • Trampa: Macroencuesta anual (DA 21.ª). Su periodicidad es mínima trienal; no la confundas con el informe anual del Observatorio (art. 30.2).
  • Trampa: detección precoz sanitaria (art. 15.1). Las Administraciones sanitarias promueven e impulsan las actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; NO en el Observatorio Territorial del Ministerio de sanidad, ni en el Instituto Nacional de salud, ni en la Delegación Estatal de Salud. Confirmado: 2026-A Q90.
  • Trampa: qué informe acredita la violencia de género (art. 23). El art. 23 nombra el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género y el de los servicios sociales, especializados o de acogida; no nombra el informe del Letrado de la Administración de Justicia, ni el informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, ni la copia de la denuncia, y otro título sólo acredita si lo prevé la normativa sectorial de cada derecho o recurso. La orden de protección acredita por sí sola. Confirmado: 2026-A Q91.
  • Trampa: el Juzgado de Violencia sobre la Mujer sólo instruye (art. 87 ter.1.d LOPJ en su redacción de 2004; hoy arts. 14.5.d LECrim y 89.5.d LOPJ). Además de instruir, conoce y falla los delitos leves que le atribuya la ley cuando la víctima es alguna de las personas de su letra a) (en 2004, las faltas de los títulos I y II del libro III CP, hoy derogado). En 2017-1A Q31 la falsa a) le daba la instrucción de los delitos leves de amenazas y coacciones y la falsa c) el conocimiento y fallo del homicidio, que sólo instruye.

LO 1/2004 arts. 1, 15, 16, 19, 21, 23, 28 ter, 29, 30, 31; DA 21.ª; art. 87 ter LOPJ

08Reglas mnemotécnicas

  • Ayudas art. 27 — «6-12-18-24». Base 6 meses de subsidio por desempleo; 12 si la víctima tiene reconocida una discapacidad ≥33 %; con responsabilidades familiares, hasta 18; y hasta 24 si, con responsabilidades familiares, la víctima o un familiar que conviva con ella tiene reconocida una discapacidad ≥33 %. Cada escalón suma 6 meses.
  • Informes — «A-A-T». Anual: Observatorio Estatal (art. 30.2). Anual: Comisión contra la VG del CISNS (art. 16). Trienal mínimo: Macroencuesta (DA 21.ª). De estos tres, sólo la Macroencuesta escapa del ciclo anual (el informe del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer es semestral, art. 70; hoy art. 20.Uno.e EOMF).
  • Estás de patrulla — ¿VG o VD? Si el agresor es un hombre que es o fue pareja de la víctima (aun sin convivencia) y la víctima es mujer, es VG (art. 1.1 LO 1/2004); también lo es la violencia que esa persona ejerza sobre los familiares o allegados menores de ella para dañarla (art. 1.4). Si la víctima es el hermano, el padre u otra persona del art. 173.2 CP sin ese vínculo de pareja, es VD. Regla rápida: «Hombre sobre su pareja o expareja mujer → VG, y también sobre los familiares o allegados menores de ella para dañarla (art. 1.4); el resto de las personas del art. 173.2 → VD».
  • Acreditación — «SOC-MF-SS». Sentencia condenatoria, Orden de protección, otra resolución judicial con medida Cautelar, informe del MF con indicios e informe de los Servicios Sociales, especializados o de acogida; además, cualquier otro título que prevea la normativa sectorial y, para las víctimas menores, documentos sanitarios oficiales. La «declaración responsable» de la víctima (la opción falsa de 2023-1A Q95) no es ninguno de ellos.
  • Reparación art. 28 ter.2 — «FOMS-T». Cinco bloques indemnizables: Físico y psicológico; Oportunidades (educación, empleo, prestaciones sociales); Materiales + lucro cesante; Social (proyecto de vida); Tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva. Si aparece «cultural», no está en la lista.

Síntesis mnemónica de los datos del tema

09Conexiones entre temas

  • → Tema 2 (LO 3/2007 de Igualdad): la LO 3/2007 combate toda discriminación por razón de sexo en el ámbito general; la LO 1/2004 es específica para la violencia en la pareja. La LO 3/2007 no crea Juzgados específicos ni unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: son de la LO 1/2004 (arts. 31 y 43-44).
  • → Tema 8 (Código Penal): los arts. 36-41 LO 1/2004 reforman el CP creando tipos agravados — lesiones (art. 148 CP), malos tratos (art. 153 CP), amenazas leves (art. 171.4 CP), coacciones leves (art. 172.2 CP) y quebrantamiento agravado (art. 468 CP). El maltrato habitual (art. 173.2 CP) se distingue de los tipos de los arts. 153.1, 171.4 y 172.2 por la habitualidad («El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica») y alcanza también a quien sea o haya sido su cónyuge o pareja.
  • → Tema 9 (Derecho Procesal Penal): el art. 57 LO 1/2004 añade el art. 49 bis LEC (pérdida de competencia del Juez civil) y los arts. 58-60 modifican la LECrim — art. 14 LECrim (competencia), art. 15 bis LECrim (competencia territorial por el domicilio de la víctima), art. 17 bis LECrim (competencia conexa). La orden de protección del art. 62 remite al art. 544 ter LECrim; las medidas de alejamiento del art. 64 se conectan con el art. 544 bis LECrim. El Juez de Guardia puede dictar la orden de protección fuera del horario del Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
  • → Tema 15 (FCSE / Guardia Civil): el art. 31.1 LO 1/2004 obliga al Gobierno a crear unidades especializadas en las FCSE (EMUME en la Guardia Civil, UFAM en el CNP). El art. 31.2 prevé cooperación con las Policías Locales; el art. 31.3 remite al Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales. Conecta con la LO 2/1986 arts. 11-12 y con el sistema VioGén.
  • → Tema 19 (Deontología — RD 176/2022): el art. 47 LO 1/2004 exige formación específica en igualdad y violencia de género en los cursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, coherente con la dignidad (art. 8 del Código de Conducta, RD 176/2022) y con la proporcionalidad en el empleo de la fuerza (art. 43).
  • → Tema 20 (LO 5/2000 de Menores): el art. 19.5 LO 1/2004 extiende la atención integral a los menores en el entorno de la violencia (violencia vicaria); el Juez podrá suspender la patria potestad o la custodia (art. 65) y ordenará, como regla, la suspensión del régimen de visitas (art. 66). Conecta con los arts. 1-3 LO 5/2000 cuando el agresor es menor de edad: si es mayor de catorce años, competencia del Juzgado de Menores, no del Juzgado de Violencia sobre la Mujer; si es menor de catorce, no se le exige responsabilidad con arreglo a la LO 5/2000 y se le aplican las normas sobre protección de menores (art. 3).
  • → Tema 22 (Reglamento de Armas RD 137/1993): el art. 67 LO 1/2004 permite al Juez suspender, respecto de los inculpados, el derecho a la tenencia, porte y uso de armas; la ejecución se hace conforme al RD 137/1993 (depósito obligatorio). Los tipos penales de VG reformados (arts. 37-39) imponen privación del derecho de tenencia y porte de 1 año y 1 día a 3 años.

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres; Derecho Penal; Derecho Procesal Penal; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Guardia Civil; Deontología Profesional; Responsabilidad Penal de los Menores; Armas y Explosivos

Preguntas frecuentes

¿Qué incluye el resumen del tema 21 de Guardia Civil?

Esta página recoge el resumen completo del tema 21 (Protección Integral contra la Violencia de Género, LO 1/2004): visión general del tema, esquema completo LO 1/2004, tablas comparativas, plazos y cifras clave, trampas frecuentes de examen, reglas mnemotécnicas y conexiones entre temas, con 6 ejemplos prácticos ilustrados. Puedes leerlo aquí entero o descargarlo en PDF.

¿Hay que registrarse para leer o descargar el resumen?

No. Esta página y el PDF están en abierto. La suscripción da acceso a todas las preguntas tipo test con su explicación, a todos los simulacros con tu nota calculada, a todas las fichas con repetición espaciada y al plan diario completo.

¿El resumen del tema 21 está actualizado?

Sí. El texto se verificó conforme al BOE el 15/11/2026. Un comprobador automático revisa a diario si alguna ley del temario ha cambiado, y cuando cambia regeneramos el tema entero.

¿Qué son las trampas de examen?

Errores que los exámenes oficiales usan una y otra vez: un plazo cambiado, un «podrá» donde la ley dice «deberá», una mayoría simple donde la ley exige absoluta. En el resumen del tema 21 aparecen con la formulación falsa y, al lado, lo que dice de verdad la norma.